El miércoles marcó la mitad de la semana, obvio. Pero no fue una mitad ordinaria, porque el cobre alcanzó ese día un record a la baja, cotizándose en 59,829 centavos de dólar, su precio más bajo desde noviembre de 1986.
El escándalo fue grande.
Los principales diarios titularon de inmediato con la noticia y con análisis sobre la complicada situación que deberá enfrentar el país el próximo año, debido a esta caída. Pero, la verdad, el miércoles el país no estuvo en una posición mucho peor que la de días, semanas anteriores (cuando el cobre se transaba a menos de 70 centavos de dólar por libra). Y, por cierto, tampoco cambió mucho el panorama el jueves y viernes, cuando el precio volvió a transarse sobre los 60 centavos.
Pero ya se sabe que las barreras sicológicas son importantes precisamente por eso, porque dejan una huella distinta en el ánimo. Por eso, no cuesta entender cómo terminó la semana en materia de minería…
Después de varias jornadas en las que Codelco había rechazado la idea de reducir su producción -para «combatir» los bajos precios del cobre a nivel internacional-, su presidente ejecutivo, Juan Villarzú, anunció el viernes que se recurriría a un artilugio propio del negocio minero para, finalmente, reducir la producción de todas formas.
La idea es explotar las áreas de las minas que poseen proporcionalmente menos cobre, para que, en definitiva, baje la producción por obra y gracia de la llamada «ley de mineral». Pero el resultado es el mismo: menos cobre en el mercado, mayores posibilidades de que el precio suba o, por lo menos, menos obligación de vender barato después de haber producido.
En el caso de Codelco, eso sí, la reducción no pasa por despidos. Empresa pública al fin y al cabo.
Por lo menos algo de consecuencia, porque después de tanto negarse a «manejar» la oferta, finalmente el gobierno tomó, a su manera, el camino que muchos le indicaban.
Toda esta complicación se debe al temor de la Concertación por adoptar decisiones que puedan dar la idea de que no respeta las reglas del libre mercado. Pero hay que recordar también que los defensores más ultra del libre mercado corren a refugiarse a los brazos del Estado cuando las cosas andan mal. Y nadie los mira raro ¿o si?
En todo caso, esto de andar maquillando las iniciativas con el mejor color del mercado no es novedad y menos casualidad. Recuérdese, por ejempleo, que los planes diseñados para ir en ayuda de las PYMEs parecieran preocuparse más de ofrecer un buen negocio a los bancos que de solucionar el endeudamiento de la pequeña empresa.
Y hay más. También en la semana que termina se presentó el nuevo modelo de ahorro previsional voluntario, con lo que se nos dice -sin decirlo, por supuesto- que el sistema obligatorio no da el tono, que el 10% entregado a las AFPs probablemente no alcance a la hora del retiro y que lo mejor es empezar desde ya a invertir por propia cuenta.
Los empleados públicos saben desde hace mucho rato que les convenía más el sistema antiguo y por eso consiguieron (el lunes), junto con el reajuste del 4,5%, el compromiso de negociar una fórmula para jubilar en mejores condiciones que las que les ofrecen las AFPs.
Estas, en tanto, se «convencieron» de que iban a perder el caso Terra contra Telefónica CTC y decidieron firmar un acuerdo en el que aceptan que los valores de la venta de Telefónica Net a Telefónica España estaban dentro de los rangos de mercado para la época de la transacción, según dictaminó Juan Andrés Fontaine, perito nombrado para zanjar el caso.
Las ocho AFPs, que decían defender los intereses de todos los trabajadores afiliados al sistema (accionistas de CTC a través de los fondos de pensiones), optaron por tirar la toalla antes de que la pelea terminara y de paso se hicieron cargo -¿a cuenta también de los afiliados?- de la mitad de las costas del proceso. Parecía que podían perder el juicio, es verdad, pero ¿y si no hubiera sido así? Eso nunca se sabrá.
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José Manuel Villafuerte es periodista.
