Nadie puede dudar que la trifulca entre los ofendidos empresarios y los acusetes trabajadores se ha tomado la semana.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que hace algunos días había anunciado que se retiraba indignada del Consejo de Diálogo social para no toparse con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ahora las emprendió contra el gobierno, encarnado esta vez por el ministro del Trabajo, Ricardo Solari, a quien se le ocurrió «acoger a trámite» (por usar un término judicial) las denuncias sindicales en cuanto a posibles despidos masivos con fines políticos.
Pero si se analiza lo acontecido en los últimos días comienza a saltar a la vista un bien urdido juego de roles en el empresariado, asunto que es necesario comentar.
Espero que no se ofendan los hombres de empresa -porque su discurso parece decir que son intachables e intocables-, pero esto me huele a esa treta del «interrogador malo» (que arremete sin piedad) y el «interrogador bueno» (que se muestra amable y comprensivo), aunque ambos con el mismo fin y como parte de una misma estrategia.
Hay que decir que Juan Claro, presidente de la Sofofa, secundó con entusiasmo el martes al jefe máximo de la CPC, Ricardo Ariztía, cuando éste las emprendió -a nombre de sus representados- en contra del ministro Solari, a quien acusó de «avalar» denuncias «absurdas». Pero rápidamente el presidente de los industriales se alejó de la línea de fuego, para dejar en ese lugar a Ariztía y otros, que siguieron disparando contra Solari.
Claro llegó el viernes hasta La Moneda para reunirse con los ministros García y Eyzaguirre y no quiso ni hablar del lío con la CUT, aunque afirmó que mantenía sus opiniones del martes. Lo importante para él, en ese momento, era conseguir que el gobierno tomara la senda de la agenda pro crecimiento, como Lagos les había prometido en la cena de la Industria y como el presidente de la Papelera, Eliodoro Matte, le había recordado al Ejecutivo unas horas antes.
Así, mientras Claro asume el rol de «trabajemos juntos por el bien del país», el resto de los empresarios ha seguido golpeando duro y presionando para que el gobierno los apoye irrestrictamente, sin dar siquiera el beneficio de la duda a las acusaciones de la CUT, y les pavimente el camino para el mejor desarrollo de sus negocios.
Y algo ya han ganado con el «bombardeo», porque la directora del Trabajo, María Ester Feres, aclaró que su repartición sólo puede determinar si los despidos denunciados se realizaron cumpliendo todas normas vigentes, pero nada se podrá concluir respecto del «porqué» de las desvinculaciones.
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JOsé Manuel Villafuerte es periodista.
