Necesitamos que nuestros jueces no tiemblen ante la necesidad de aplicar todo el peso de la ley a los poderosos. Quienes han sido favorecido por enormes recursos económicos, sociales y políticos deben ser severamente juzgados por los jueces cuando fallan.
La corrupción consiste en utilizar recursos públicos, que son de todos los chilenos, en beneficio particular, ya sea del funcionario público corrupto, político venal o de su partido u otra agrupación privada.
La corrupción tiene una ecuación básica que es la siguiente:
«Corrupción = (es igual a) Monopolio de la decisión pública + (más) Discrecionalidad de la decisión pública – (menos) Responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública».
Me explico. La corrupción máxima tenderá a existir en aquel sistema político en que una sola persona toma todas las decisiones públicas relevantes, sin ser limitado por ningún tipo de criterio técnico ni procedimiento colegiado legítimo, y sin tener ningún deber de transparencia ni de rendir cuentas ante los demás de lo que hace con los recursos públicos.
Por lo anterior, el estado democrático de derecho es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra ella. Y por el contrario, quien toma las decisiones en un régimen de monopolio personal, arbitrariamente y sin responder ante nadie es lo que denominamos, arquetípicamente, un dictador.
Nada más corrompido, entonces, que la dictadura, pues en ella todo el poder se concentra en una persona que determina los negocios públicos, privatiza empresas públicas o regula a su amaño los monopolios públicos sin rendirle cuentas a nadie.
Por ello, la presunta mano dura de los dictadores no sirve sino para evitar que se sepa lo que sucede bajo todo el caudal de decisiones arbitrarias de las que no se responde ante nadie. Y lo que sucede es que en dictadura por definición se roba a manos llenas. Por lo pronto, se ha producido el robo más fundamental, el de la soberanía popular, que al ser sustraída del pueblo le quita todo derecho político y nos reduce a niños desvalidos. No hay robo peor que ese: el de nuestra libertad política.
Por ello, debemos cuidar nuestra democracia para reducir al mínimo esa lacra social que es la corrupción.
Los procedimientos democráticos de decisión sirven para atacar la corrupción, pues los representantes del pueblo deben dar cuentas ante el pueblo cada cierto tiempo, y si la ciudadanía es informada y crítica, razonablemente votará en contra de los políticos venales que caigan en corrupción.
El imperio de la ley del Estado democrático de derecho es otro aspecto central de la lucha contra la corrupción. La ley rige a todos por igual, y entre más alto el cargo público al cual se haya llegado, más grande la responsabilidad y el deber de acatar la ley. Por ello, la democracia desafuera al parlamentario cuando hay una presunción fundada de culpabilidad.
La rendición de cuentas ante jueces independientes es otra forma central del combate a la corrupción. Jueces probos requiere la república, pues en caso contrario, ¿quién nos defenderá de nuestros custodios? Chile puede relatar con orgullo la bella historia de un hombre moreno de piel quien, habiendo dejado la Presidencia de la República, volvió a servir a la Patria rectamente como juez y ministro de la Corte Suprema: don Manuel Montt. Preservemos esa noble tradición.
Necesitamos que nuestros jueces no tiemblen ante la necesidad de aplicar todo el peso de la ley a los poderosos. Quienes han sido favorecido por enormes recursos económicos, sociales y políticos deben ser severamente juzgados por los jueces cuando fallan. Chile no puede ser el país donde al ladrón de gallinas se le manda a la cárcel, y al torturador o al expoliador de millones de dólares no le pasa nada. Chile debe ser una nación de iguales.
Si un funcionario público, un político o un empresario van a hacer algo ilegal para lucrarse, ¿lo harían si supieran que al día siguiente de hacerlo ello será denunciado en el Congreso, aparecerá en los titulares de la prensa y lo conocerá la opinión pública, comenzando por sus vecinos, familiares y amigos de sus hijos? La respuesta es no. Por ello, entre más libertad de expresión, reunión y de prensa, menos posibilidades de corrupción. Y para ello necesitamos sobre todo de publicidad en los medios de comunicación e independencia de ellos frente a todo poder económico, político o social.
No es raro que Chile sea el país menos corrupto de América Latina. No nos debe llamar a escándalo que cuando en Chile un político democráticamente elegido se apropia de 20 millones de pesos se produzca tamaño debate nacional. Porque Chile, con todas sus limitaciones, es un país decente y nuestra democracia, desvalida y disminuida, es digna.
Por ello, si queremos acabar con la corrupción esencial de nuestra patria, que es la que una nación de libres e iguales aún tenga millones de ciudadanos privados de derechos elementales, lejos de hablar mal de nuestra democracia y de sus políticos democráticos más bien exijamos que se profundice y se haga justicia para todos, tanto para el pobre como para el rico, al militar como al civil, al clérigo como al laico, al funcionario público como para con el empresario privado.
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