Terminada la intervención del ministro de Hacienda en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), exclamaba un dirigente empresarial «Dios lo guarde Ministro».
A los pocos días, el diario Estrategia, uno de los principales voceros del mundo empresarial y gran auspiciador del encuentro citado, titulaba en primera pagina «En jaque credibilidad de Eyzaguirre (ministro de Hacienda). Sus intervenciones causan cada vez menos impacto en el mercado». Anecdótico, cierto, pero refleja bien el estado de ánimo volátil del empresariado a días de las elecciones parlamentarias.
Los empresarios han hecho una legitima presentación de sus ideas económicas y el gobierno las suyas y, como es natural, entre ambas existen puntos de encuentros y desencuentros. Desgraciadamente algunos que ven en toda acción humana sólo a «ganadores» y «perdedores». Estos han querido reducir el debate de ideas a un match de fútbol. Para quienes el arte de cogitar es todavía una alegría, la polémica tiene un interés por si misma.
A fines de la década de los noventa los empresarios reclamaban un entorno macroeconómico más adecuado a la toma de sus decisiones de inversión, es decir, deseaban: una tasa de interés menos elevada, un tipo de cambio más alto y un menor ritmo de crecimiento del gasto público. Lo cierto es que en esos años la economía chilena vivía los efectos de una entrada inusitada de capitales externos que impulsaron el gasto privado y revalorizaron el peso, seguida de la crisis asiática que precipito un frenazo del gasto por la vía de un aumento en la tasa de interés a niveles tan altos que hoy se la conoce como una política de «sobreajuste».
A casí dos años del tercer gobierno de la Concertación, el entorno macroeconómico ha cambiado notablemente. En efecto, hoy tenemos una política monetaria expansiva con una baja tasa de interés de instancia del Banco Central, un tipo de cambio más elevado sin repercusiones inflacionarias evidentes, y un gasto público que sólo crece según la estricta regla del superávit estructural, regla que contribuye también a situar a la economía chilena en los rangos bajos de «riesgo país» y, por tanto, abaratar el crédito externo a las grandes empresas. Además habría que agregar la importante reforma del mercado de capitales, que va también en el sentido de hacer más fluido el financiamiento de la inversión privada.
En este nuevo entorno macro, que corresponde además a lo deseado por los empresarios, podría esperarse un comportamiento dinámico de la inversión, y especialmente de la inversión privada que representa alrededor del 85% de la inversión total. Sin embargo, las cifras indican lo contrario, pues el ritmo de crecimiento de la inversión se ha situado por debajo del ritmo de crecimiento del producto (4,3% en el 2000 y 3,3% en los últimos dos trimestres del 2001) lejos aún de la tasa de crecimiento de 12,8% del período 1990-97.
¿Cómo se explica esta insuficiencia de la inversión privada cuando el contexto macro le es tan favorable? La respuesta empresarial es que «la macroeconomía anda bien, pero lo que no funciona es la microeconomía».
Veamos cuán profunda es esta respuesta. El clima de incertidumbre se ha acrecentado, con lo cual se inhiben las decisiones de inversión privada y ello ocurre por dos razones: la primera es que desde el segundo semestre del 2000 la demanda doméstica viene desacelerándose persistentemente y situándose en los últimos dos trimestres del presente año por debajo del crecimiento del PIB. El PIB efectivo todavía se sitúa 6% o 7% por debajo del PIB potencial.
¿Por qué una empresa con elevada capacidad ociosa invertiría? Aún si el precio del capital disminuyera fuertemente y la tasa de interés de referencia se aproximara a cero -tirando hacia abajo la gama de tasas de interés, particularmente la de largo plazo (lo que en Chile no es nada de seguro)- es dudoso hoy que de allí se derive un boom de la inversión. El espectro de la trampa de la liquidez está presente.
A propósito de ello el economista Mundell -refiriéndose a los limites actuales de la política monetaria expansiva en Japón y EEUU- decía: «las tasa de interés todavía pueden bajar mas, pero no es porque baja el costo del crédito que se puede forzar a los individuos o empresas a solicitar más prestamos: se puede llevar un caballo al río, pero no se le puede obligar a tomar agua».
La segunda razón de la mayor incertidumbre actual es la recesión de las economías estadounidense y japonesa, y la desaceleración de la economía europea, que han sido ya ampliamente comentadas en cuanto al impacto que ello significaría en el entorno macro chileno y, por tanto, nuevas dificultades para el proceso de valorización del capital (a excepción del sector financiero, que dobló el volumen de utilidades el primer semestre del 2001).
En este contexto el margen de maniobra que tiene la actual política económica es muy estrecho. Hacer de la economía chilena un santuario para los movimientos de capitales externos, aprovechando su buena clasificación de riesgo-país, dada la actual situación económica internacional, aparece poco probable. Si circunscribiéramos el tema sólo a la inversión directa extranjera dirigida a ampliar la capacidad exportadora, habría que considerar las consecuencias de un eventual término del ciclo de inversión en recursos naturales tradicionales. ¿Espontáneamente hacia dónde se dirigiría la inversión directa extranjera?
La regla del 1% de superávit estructural permite un aumento del gasto publico anticíclico, pero éste (de 4,9% en el 2002, muy similar al del 2000) es insuficiente como para reactivar significativamente. Dada la actual evolución de la economía internacional, la regla del superávit estructural aparece cada vez más como una camisa de fuerza puesta a una persona sana (una regla tonta, dice Dornbush).
La relación deuda publica-PIB es relativamente baja en Chile (del orden del 40%) y la capacidad de endeudamiento del Fisco para un aumento moderado del gasto en inversión, pero por encima de lo que se está haciendo hoy, en infraestructura no parece ser un obstáculo (la reciente colocación del bono soberano para incrementar el fondo del cobre es una señal de ello). Los gastos en infraestructura si bien no tienen un impacto directo muy grande en el empleo son un importante reductor de incertidumbre para el sector privado y originan externalidades para el crecimiento futuro. Sembrar infraestructura hoy para recibir el ciclo expansivo de mañana es un accionar positivo.
Pero la opinión empresarial no va en este sentido, prisionera de su ideologismo, ve en esto un «peligro estatista» o mayores impuestos futuros (según la opinión del economista Barro, hoy muy discutible para las fases bajas del ciclo). Por definición el empresariado ve siempre un aumento del gasto público un menor espacio para el sector privado y malo para el crecimiento, tesis hoy en día muy discutible, particularmente en procesos de recesión o desaceleración brusca (si no, hay que ver la reciente política de aumento del gasto de los Estados Unidos para reanimar la actividad y también en Japón).
Ahora bien, para reducir las incertidumbres externas e internas existentes, que inhiben el proceso de inversiones, los empresarios proponen una agenda en el campo de la microeconomía (puesto que en la macroeconomía no hay nada que hacer) que permita «avances estratégicos en materias regulatorias y en la administración del presupuesto fiscal» (agenda pro-crecimiento de Sofofa). Estas medidas serían las que «ayudarían para que Chile vuelva a crecer a los ritmos que necesita para terminar con la pobreza y el subdesarrollo».
Es cierto que se pueden mejorar los esquemas regulatorios existentes, haciéndolos más transparentes y adaptándolos a las exigencias tecnológicas futuras. En particular la regulación de los monopolios naturales debe dar cabida a los intereses de los consumidores y las necesidades de expansión de las empresas reguladas.
Pero el reclamo empresarial apunta con mucha fuerza en las recientes regulaciones en el campo laboral y tributario. Incluso el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en un hecho insólito en cualquier democracia moderna, criticando la reciente legislación, ha pedido al Ejecutivo y al Parlamento que lo «dejen trabajar tranquilo».
La verdad es que, no obstante las debilidades de la ley Laboral, este es un paso adelante en el proceso de modernización de las relaciones laborales en el seno de la empresa; no tiene nada que ver con el actual desempleo, el cual sólo se puede explicar por la actual insuficiencia de demanda agregada y no porque, como «dicen los economistas», la mano de obra se halla hecho más cara. Tampoco el control de la evasión tributaria puede explicar la baja del ritmo de crecimiento de la inversión.
Por último «las soluciones privadas a los problemas públicos, especialmente en el área de educación y salud» que proponen los empresarios, si bien forma parte del programa económico del candidato a Presidente que no fue elegido, merece un análisis muy cuidadoso desde el ángulo del interés público.
En sintesis, nada grande logrará la economía chilena si no confluyen las energías de trabajadores, empresarios y gobierno. El exceso de ideologismo y abuso del doble estándar del empresariado, o de los que los representan, ponen serios obstáculos a ese logro tan necesario en las actuales circunstancias económicas internacionales.
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Alexis Guardia B. es director de Estudios de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) la Cancillería.
