Lo más importante es que la autonomía regional favorece la proliferación de sujetos sociales para trabajar en ámbitos medios o locales, es decir, a una escala más humana que la nacional estatal. El espacio regional y local favorece la posibilidad de realizar una política de luchas y conflictos pero con mantención de reglas del juego de amistad cívica y con interacciones tolerantes y civilizadas.
La reorganización del Estado a través de la instalación de un régimen de autonomías regionales debería ser una de las más importantes banderas de lucha de la izquierda socialista. De hecho, esa iniciativa programática estuvo presente en la campaña presidencial de Gladys Marín, pero luego ha sido echada al olvido.
Algunos se preguntan ¿por qué una reivindicación de tipo institucional es conveniente que se convierta en una seña de identidad de la izquierda que lucha por transformar esta sociedad capitalista neoliberal con una democracia mediocre? La razón es que la autonomía regional se vincula con la mayor politicidad de la sociedad chilena, y con una mejor calidad de la democracia.
En las reformas que necesita el Estado chileno es necesario distinguir dos tipos de medidas:
1 las que propenden un aumento de la eficiencia en la gestión estatal
2 las que se orientan hacia una mayor democratización del Estado.
La creación de un régimen de autonomía regional corresponde a este tipo de transformaciones estatales, que son las que se orientan hacia una real modernización. Esta debe implicar el aumento de la calidad de la democracia, mucho más que el mejoramiento de la eficiencia en la gestión del aparato estatal.
Estas últimas medidas tienen relación con la optimización del Estado como burocracia, mientras la autonomía regional es clave en el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa.
En una columna escrita en este mismo medio señalé los puntos fundamentales que diferencian una democracia representativa de una participativa. También dije que la realización efectiva de este último tipo de democracia necesita de un rediseño territorial, es decir, de una potenciación de los espacios medios y locales.
La razón de fondo es que una democracia participativa no solo es un régimen donde se pasa de la cesión a la delegación de soberanía: también es un régimen donde se busca una máxima socialización del acceso al poder.
En este Chile unitario, producto histórico de la obsesión portaliana por instaurar una república (legal) más que una democracia (ciudadana) y de su maniática búsqueda de la gobernabilidad contra la anarquía, uno de cuyos referentes simbólicos eran los federalistas, el poder político ha sido tradicionalmente un recurso centralizado, con excepción del periodo 1891-1924. Las provincias y las regiones, aunque se haya producido una desconcentración de atribuciones, siguen estando ahogadas por la metrópoli.
Se necesita dar los primeros pasos hacia un Chile de autonomía regional, que también cree condiciones favorables para el transito de la democracia representativa clásica a una democracia participativa.
Ello significa:
a elección directa del intendente como jefe del gobierno regional,
b instalación de una cámara legislativa regional, elegida según un régimen electoral proporcional,
c transformación del Senado en una cámara regional que debería tener, entre otras tareas, la confección del presupuesto nacional, transformándose en lugar de arbitraje de las demandas regionales,
d otorgamiento a las regiones de autonomía económica dentro de un estado nacional, basada en la obligación de las empresas de tributar una parte significativa en el lugar donde tienen sus labores de producción, comercio o servicios y no su sede administrativa u oficina matriz, y en la posibilidad de decidir impuestos de carácter regional para fines de inversión,
e otorgamiento de atribuciones a las regiones para negociar y firmar tratados de integración subregional.
Esta descentralización del poder debería dar lugar a una mayor socialización, o a un empoderamiento de colectivos locales. El principal valor de una autonomía regional no radica solo en que permite el despliegue de élites políticas distintas, nuevas, que puedan abordar con mayor eficacia los problemas de la región en competencia con las otras. También permite el aumento del interés en la política, en la medida en que el empoderamiento difunde nuevas potencialidades de creación, resistencia o iniciativa.
El gran valor de la autonomía regional no solo reside en los aspectos técnicos, que tienen que ver con una mayor eficacia de la gestión. La escala mas reducida permite que en lo local y medio anide mayor potencia de gestión y que se aumente la capacidad de control, sin necesidad de fortalecer aparatos burocráticos.
Lo más importante es que la autonomía regional favorece la proliferación de sujetos sociales para trabajar en ámbitos medios o locales, es decir, a una escala más humana que la nacional estatal. El espacio regional y local favorece la posibilidad de realizar una política de luchas y conflictos pero con mantención de reglas del juego de amistad cívica y con interacciones tolerantes y civilizadas.
Eso ocurre no por la ilusión expresada en el proverbio de Schumacher the small is beautiful, sino porque lo regional crea una base potencial de acuerdos y de intereses compartidos.
La verdadera modernidad del Estado chileno tiene que ver, como hemos mostrado, con el aumento del involucramiento efectivo y práctico de los ciudadanos con la gestión de la polis y con un aumento de las posibilidades de la participación. La autonomía regional es un camino para eso.
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