Para poder desarrollarse, toda sociedad necesita combinar simultáneamente crecimiento y distribución. Del crecimiento dependen la riqueza de las naciones, el empleo y la progresiva reducción de la pobreza. De la distribución, el ingreso de las personas y sus oportunidades para progresar en la vida y satisfacer sus múltiples necesidades.
Allí donde hay crecimiento sin distribución, la riqueza se concentra y la mayoría de la población permanece excluida de los beneficios del desarrollo. Por el contrario, si la política fuerza la distribución sin el crecimiento, lo que resulta es una explosión de expectativas, un espejismo de movilidad y, al final, el estallido inflacionario de la economía.
En América Latina los ciclos populistas han sido menguados en crecimiento y generosos en repartir salarios, bienes, mercedes y subsidios. Como un castillo de naipes, primero la economía se levanta, empujada por la demanda artificialmente creada, y luego se desploma bajo la presión de los crecientes desajustes fiscales.
Hoy existe un amplio consenso, que recorre todo el espectro ideológico, sobre las consecuencias nefastas del populismo. Significa que la empresa del crecimiento ha terminado por imponer sus propias leyes y exigencias, válidas por igual para neoliberales y socialdemócratas, para progresistas y conservadores.
La política económica ha empezado gradualmente a usar un mismo lenguaje, sin perjuicio de las características particulares de uso que puedan existir en diversas comunidades lingüísticas. Las diferencias son más bien de contexto, de circunstancias, de dialectos, de énfasis, de maneras distintas de hablar dicho lenguaje común.
Anteriormente, por el contrario, la economía reconocía una diversidad de lenguajes, y al menos dos de ellos resultaban incompatibles entre sí. No había forma de traducir desde el lenguaje de la planificación central y el reinado de los comandos administrativos sobre la producción, la circulación y el consumo, al lenguaje de los mercados y de las decisiones regidas por precios.
¿Qué sucede, entretanto, en el polo de la distribución? ¿Existe allí el mismo grado de consenso en lo básico y de opciones en los márgenes? ¿O hay aquí todavía querellas ideológicas dignas de ser adjudicadas?
Según revela el debate local e internacional, es en este ámbito, el de la distribución de los beneficios y las oportunidades, donde se mantiene vivo aún el debate de posiciones político intelectuales.
Por un lado están quienes abierta o sutilmente insisten en la preeminencia de la distribución sobre el crecimiento, retrotrayendo las cosas al estado anterior al consenso que podemos llamar de Fukuyama. En Chile hay sectores de la izquierda tradicional, incluso dentro de la Concertación, que casi como un tic ideológico se sienten obligados a señalar, cada vez que se habla de crecimiento, que éste no puede ir solo y se debe a la distribución, del cual sería un medio y un sirviente.
Se trata, en realidad, de una visión anacrónica. Ni la concepción del crecimiento como mero instrumento para la distribución tiene sentido en una época de globalización, donde los países compiten por desarrollar sus capacidades y ventajas comparativas, ni es razonable suponer que la distribución manda sobre el crecimiento, pues sin éste se transforma en mero populismo y termina volviéndose contra quienes debía favorecer.
Al otro extremo están los adalides del crecimiento como única meta de la sociedad, cuyo propósito sólo podría asegurarse mediante el libre juego de los mercados y con la menor intervención posible de la política y de sus fines distributivistas. En Chile, esta posición es asumida por ciertos grupos político-empresariales que merecen ser tildados como neoliberales, en la medida que conciben el desarrollo como un asunto de mano invisible sin captar la necesaria dialéctica que el consenso Fukuyama impone entre democracia y mercados.
En su línea gruesa, la Concertación ha tomado por el centro entre ambos extremos, ordenándose tras la fórmula acuñada por el gobierno Aylwin sobre «crecimiento con equidad», últimamente retomada bajo la fórmula, menos feliz y atractiva, de crecimiento con seguridad social.
Cada Presidente de la Concertación ha dado a esta fórmula su propio sello. Aylwin le dio el de los acuerdos en la sociedad y con los empresarios y trabajadores; Frei, el de la modernización que enfatiza el crecimiento y encarna en la educación el polo de las oportunidades, y Lagos —aunque aún está por verse— parece inclinado a una mezcla entre mayor inserción global (vía acuerdos como el TLC con Estados Unidos y el énfasis en la competitividad tecnológica) y mejores protecciones sociales frente a las turbulencias provenientes de esa internacionalización.
Foxley, Aninat y Eyzaguirre ilustran, desde el mando de la hacienda pública, esos tres momentos distintos pero de esencial continuidad, en cuanto buscan coherentemente alcanzar, al mismo tiempo, el crecimiento y la distribución.
Quienes por un instante pensaron o anhelaron que el gobierno Lagos pudiera apartarse de ese camino para dar prioridad a los objetivos igualitarios o de protección social, incluso avanzando un paso hacia estilos y tonos populistas, han de sentirse defraudados con el reciente cambio de gabinete, que ratifica en toda la línea el programa de crecimiento con equidad.
En efecto, en términos de los debates intraconcertacionistas, el nuevo equipo es ante todo main stream, lo que significa que está comprometido absoluta, simultánea y equilibradamente con la agenda de crecimiento y con una agenda social que será más o menos ancha y profunda según evolucione la economía durante los próximos años. No hay ahí cabida para posiciones distributivistas, para coqueteos populistas o para reversiones hacia estadios anteriores al consenso Fukuyama.
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