He leído con gran interés la columna publicada por el Vicerrector de Desarrollo de la Universidad de Talca (UTA), una de las más interesantes, eficientes y dinámicas entre las universidades de regiones, titulada: Universidades privadas y tradicionales: una competencia desleal.
Lo notable de dicho artículo es que en él, contrariamente a lo que sugiere el sentido común, se plantea la tesis de que la competencia entre universidades sería desleal porque el Estado favorece a las instituciones privadas de educación superior y no a las «tradicionales» (las del Consejo de Rectores), afirmación que no deja de sorprenderme.
Adicionalmente, reclama el autor de dicha sugestiva columna que el Estado estaría perdiendo su interés en las instituciones que históricamente ha apoyado, lo cual estaría coartando sus posibilidades de competir con éxito.
Partamos por esto último.
¿Es efectivo que el interés del Estado en las universidades que histórica y generosamente financia viene decayendo durante los últimos años? El Gráfico a continuación desmiente por completo tal visión. En efecto, no sólo el Estado ha mantenido vivo su interés en este grupo de universidades sino que, medido en términos de recursos asignados, más que lo ha doblado en términos reales.
Expresado en términos precisos: la inversión del Estado en las universidades que él financia ha pasado de $ 111 mil millones de pesos el año 1990 a $236 mil millones el año 2000, expresado en moneda de igual valor (Cuadro 1).
Ministerio de Educación, Compendio de Educación Superior (www.mineduc.cl)
Nótese bien que los recursos de los cuales aquí estamos hablando van a dar, casi todos ellos, casi en un 100 por ciento, exclusivamente a las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.
Las 39 universidades privadas, en cambio, sólo participan marginalmente de los recursos que la sociedad chilena pone a disposición de la educación superior.
De modo tal que si existe entre las instituciones una competencia que puede ser llamada «desleal», ella se debe, primero que todo, a este rasgo estructural de nuestro sistema de enseñanza superior, que restringe el destino de los recursos fiscales sólo al sector de universidades que históricamente se desarrolló al amparo del Fisco.
Por esa razón, por ejemplo, los alumnos de las instituciones privadas no participan del beneficio del crédito fiscal estudiantil. Éste sólo favorece a los alumnos que se matriculan en las universidades del Consejo de Rectores, aun cuando sus padres tengan mayores ingresos que los de las familias pobres cuyos hijos estudian en una institución privada. El año 2000, el monto destinado a ese beneficio para unos (y no para otros) alcanzó la considerable suma de 60 mil millones de pesos. (Este aporte por sí solo representa más o menos la mitad de lo que las universidades privadas obtienen por vía del cobro de aranceles, que en la práctica es su única fuente de ingresos).
En cambio, ¿cómo participan las instituciones privadas de los recursos fiscales, aquellos que la sociedad chilena pone a disposición de la enseñanza superior?
Básicamente de dos maneras. Primero, a través del llamado AFI (aporte fiscal indirecto), contribución que las instituciones—todas sin excepciones—reciben conforme al número de alumnos que matriculan provenientes de los 27.500 mejores puntajes de la PAA. Segundo, a través de las donaciones provenientes de privados pero que el Estado incentiva mediante una exención parcial de tributos.
El año 2000, el AFI aportó en total $16 mil millones de pesos a las instituciones de enseñanza superior y, las donaciones, $9 mil millones: Ambas contribuciones representan, por tanto, menos del 6 por ciento del presupuesto total que el Estado destina a la educación superior. Ä„Sólo en ese pequeño segmento del presupuesto fiscal participan las instituciones privadas!
Señala sin embargo el Vicerrector que el llamado AFI estaría beneficiando progresivamente a las universidades privadas, estimando él que hacia el año 2020 el AFI captado por dicho sector sería de dos tercios del total.
Nada en la evolución de este aporte (de cualquier forma poco importante en el total de la inversión estatal en enseñanza superior), permite pensar en esos términos, me parece a mí. Fundo mi opinión en los antecedentes registrados en el Cuadro 2.
Ministerio de Educación, Compendio de Educación Superior (www.mineduc.cl)
En realidad, para que llegara a producirse la situación anticipada por la autoridad de la UTA, las universidades privadas tendrían prácticamente que desplazar a las universidades financiadas por el Estado del mercado de los mejores puntajes, revirtiendo en un 100 por ciento la actual distribución del AFI.
Nada permite prever un cambio tan drástico, precisamente debido a la estructura de competencia «desleal» en que deben desarrollarse nuestras instituciones de enseñanza superior. ¿Cómo podría una institución privada competir con los 35 mil millones de pesos, o más, que la Universidad de Chile recibe cada año del Estado? ¿O con los 6 mil millones de pesos, o más, que recibe la UTA? Ä„Sería prácticamente imposible!
Menos aún si se considera que las instituciones del Consejo de Rectores, debido a esa contribución fiscal, están en condiciones de ofrecer un potente beneficio a sus alumnos—un crédito fiscal estudiantil—posibilidad que hasta aquí ha sido negada a las privadas.
A pesar de todo lo que llevamos dicho, el Vicerrector de la UTA constata «que las universidades no avanzan a la misma velocidad». Según él, mientras «las instituciones privadas van a 100 kilómetros por hora (gracias a los recursos que manejan) [Â…] las universidades públicas van a 30 kilómetros por hora». Y concluye: «sólo es cuestión de tiempo para que las universidades públicas ya no sean una alternativa en el mercado de la educación superior».
A la luz de los antecedentes entregados, la pregunta que cabe hacerse es si acaso efectivamente las universidades privadas avanzan a esa velocidad «gracias a los recursos que manejan», los cuales, como vimos, son decididamente menores a los recursos con que cuentan las instituciones financiadas por el Estado. Adicionalmente uno debería preguntarse por qué, si las instituciones del Consejo de Rectores reciben cada año una generosa suma de parte del Estado, ellas apenas avanzan a 30 kilómetros por hora, cuando con ese apoyo podrían ir a 100 kilómetros por hora o más.
Enseguida, bajo esa misma luz, cabe formularse la pregunta de por qué el Estado debería seguir financiando única y exclusivamente a las universidades lentas, especialmente si fuera cierta la previsión de la autoridad universitaria talquina de que las universidades privadas llegarán a dominar el mercado de calidad de la enseñanza superior.
Por mi parte, no tengo una visión tan dramática como la del Vicerrector respecto al futuro de las universidades que el Estado apoya.
Por de pronto, pienso que su propia Universidad, la de Talca, hace rato que excedió el límite de los 100 kilómetros por hora. Hay otras, en distintas regiones, que también lo están haciendo extraordinariamente bien.
Asimismo, estimo que nuestras dos principales universidades, la de Chile y la PUC, se comparan perfectamente bien con cualquiera de las mejores universidades de la región, aunque tengo mis dudas de que estén adquiriendo una verdadera competitividad internacional.
Independiente de esos juicios, concurro con la idea de que deberían revisarse las modalidades mediante las cuales en la actualidad se asignan los recursos fiscales a la educación superior. Están lejos de ser perfectos.
En efecto, inhiben una competencia más leal en perjuicio de las instituciones privadas; favorecen sólo a algunos estudiantes de escasos recursos y excluyen a otros, lo que no es equitativo; no obligan a las instituciones beneficiadas a dar cuenta pública del desempeño que alcanzan con esos fondos; no se vinculan con un régimen de evaluaciones públicas de la calidad académica de las instituciones y no premian a las más dinámicas entre éstas.
Hay que agradecer al Vicerrector Prieto de la UTA de que haya incitado esta conversación sobre el futuro de nuestras universidades.
