Hemos comenzado el nuevo año legislativo con una clara muestra de la realidad político-electoral del país, al empatar en la elección de la Mesa del Senado entre el oficialismo y la oposición, lo que obligó a la Concertación a allanarse a un acuerdo para dividir en dos y dos años el período, de los cuales personalmente ejerceré la Presidencia del Senado a partir de Marzo del 2005.
La reflexión que surge al inicio de las actividades políticas y legislativas del presente año es que el país no puede seguir en la banalidad de disputas ideológicas y políticas, debilitando nuestro vínculo nacional mientras recrudece la pobreza, el desempleo juvenil, la marginalidad de nuestros viejos y, en especial, el grave descorazonamiento nacional.
Debemos ser coherentes con un modelo libre, en el cual creemos y sobre cuyos hombros el mundo se ha desarrollado.
Nuestra fuerza está en constituir una sociedad y una economía para el siglo XXI en que se entienda que más impuestos no implica automáticamente más solidaridad, y que más libertad para la iniciativa privada implica más desarrollo y más trabajo.
Tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, con el acuerdo alcanzado en el Senado en la constitución de la Mesa, la Cámara Alta emerge como el gran lugar de encuentro de las más diversas posiciones políticas, dando gobernabilidad a una Institución que es clave para la vida institucional de la República.
El Senado ha sido y será el lugar de encuentro por excelencia para alcanzar los grandes acuerdos. Así ocurrió en el pasado, así deberá ocurrir a partir de ahora.
En los próximos meses, la vida política y el quehacer legislativo deberán abocarse al tremendo desafío de concordar una agenda para el crecimiento. Un trabajo que demandará nuestros mejores esfuerzos para llevar adelante aquellas tareas que impliquen avances en el desarrollo del país, buscando la superación definitiva de un crecimiento que no podemos resignarnos que sea del 3%, sino que debemos impulsar por sobre un 7% si queremos alcanzar las metas de una Nación desarrollada.
Para ello debemos convenir legislativamente iniciativas que no obstaculicen nuestro desarrollo y trabajar sin presiones en la búsqueda de los acuerdos necesarios para una tarea de país, con clara visión de Estado.
El Gobierno, que constitucionalmente posee la mayor concentración de facultades para la tramitación de las leyes, tiene ahora la gran responsabilidad de asumir los desafíos del presente, teniendo en cuenta, a través del Congreso Nacional, las distintas visiones de cada sector del país cuando aborde los temas que habrán de ser trascendentes para la vida de nuestros conciudadanos, sin egoísmos y sin sectarismos, entendiendo que todos somos importantes y que nadie puede imponer sus propios puntos de vista al momento de trabajar por Chile.
