Las Fuerzas Armadas deben ahorrar al igual que el resto de la administración pública. Si la orden de austeridad entregada por el Ministerio de Hacienda vale para salud, vivienda, educación o infraestructura, con mayor razón debe regir para ellas, porque tienen un enorme volumen de gasto con un bajo control de su eficiencia. Desprenderse de una serie de propiedades y funciones innecesarias debiera ser un objetivo fundamental de su modernización, para superar parte de las deficiencias considerables que presentan en sus procesos administrativos y de gestión.
Anualmente, las instituciones militares gastan 2 mil millones de dólares del presupuesto nacional, sumados gasto corriente y los aportes previsionales que debe hacer el Estado a su personal, situación única en la administración pública.
A esa cifra se deben sumar los gastos por adquisiciones de armamentos que se encuentran en curso. Hace poco más de un mes el gobierno aprobó la compra de diez aviones F-16 para la FACH. Se encuentran en construcción dos submarinos para la Armada, y dentro de poco se debe renovar su flota de superficie. El Ejército compró una gran cantidad de tanques para renovar su material blindado. El total de estos compromisos es muy superior a otros dos mil millones de dólares y, por la manera como se decide, existe una duda razonable acerca de su racionalidad global.
Constituyen un volumen de recursos demasiado grande para que se gaste sin un control estricto de eficiencia. No solo por la situación económica del país, el desempleo y la necesidad de inversiones en otras áreas. Sino porque la seguridad de un país es integral y nada se saca con tener armas potentes y, al mismo tiempo, forados profundos en educación, salud o recursos humanos, inseguridad energética o déficit en infraestructura. El objetivo de un Estado democrático es la seguridad humana, de la cual los componentes militares son sólo un componente más.
Como las señales de las autoridades civiles han privilegiado el crecimiento económico y el orden en las cuentas fiscales, hay que ser rigurosos y equitativos en ver en qué y cómo se gasta la plata de todos los chilenos.
Las Fuerzas Armadas tienen un sobregasto en su ejercicio corriente producto, entre otras cosas, de un exceso de funciones que nada tienen que ver con su rol profesional. Por ejemplo, roles de administración y seguridad interior en puertos, aeropuertos o en el litoral, que debieran corresponder a fuerzas policiales o a servicios civiles. También un exceso de propiedades inmobiliarias sin fines de defensa, que deben ser mantenidas o resguardadas y que implican enormes gastos superfluos. Y, lo más importante, les falta coordinación entre ellas, en aspectos tales como la preparación de los nuevos contingentes profesionales, lo que impide eficiencias de escala y genera costos irracionales al país. Porque la mayor parte de su gasto corriente está destinado a personal.
Ellas deben concentrarse en lo propio, esto es, en un sistema militar integrado, sustentado en un alto profesionalismo, flexibilidad y coordinación, que es la base técnica de una potente Defensa Nacional. En esto hay un objetivo patriótico exigible a las fuerzas armadas por la vía de sus programas y de su presupuesto.
Sus tres ramas han sido enfáticas en declarar que están racionalizando sus gastos para avanzar en ese camino. Particularmente, en la preparación de sus nuevos contingentes profesionales y en la adecuación de su estructura castrense.
Pero cada una lo hace por su cuenta. La planificación coordinada no se ve por ninguna parte, y se mantiene como una interrogante la creación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, elemento orgánico imprescindible en las instituciones castrenses modernas.
Ello tiene fuerte impacto negativo sobre la racionalidad de las adquisiciones de sistemas de armamentos en curso, los que debieran ser altamente complementarios entre sí, e interpretar un sentido estratégico integrado. Ese impacto negativo alcanza no solo el qué comprar, sino también el destino de las eventuales compensaciones industriales (offset) que el país va a obtener por esas compras.
Parte importante de las compensaciones están pensada como offset directos, es decir, destinada a inversiones en las industrias militares existentes y muy vinculadas a elementos técnicos de la misma compra. Así, el eje de ellas serían las fábricas nacionales de armamentos ASMAR, ENAER y FAMAE y no el desarrollo del sector privado o civil en general. Generándose así un círculo vicioso que potenciaría las deficiencias de gestión en el área.
Constituye un problema el que no se haya resuelto la orientación estratégica futura de las industrias militares actuales. Aún cuando se excluyeran procesos de privatización y considerando que ellas pueden, eventualmente, recibir cuantiosas inversiones por efecto de los offset, deberían pasar a una administración moderna, profesionalizada y eficiente, que las haga más complementaria unas con otras.
No se entiende por qué sus directorios están cerrados a representantes civiles, tanto del sector público como privado, ni menos que hayan quedado fuera del Sistema de Administración de Empresas, SAE, implementado por el gobierno para administrar las empresas públicas.
Constituir un holding de empresas de la defensa, sin administración militar directa y dependiente del SAE, sería un paso significativo para aprovechar eficientemente las oportunidades de offset que existen al momento de comprar armamentos. Sobre todo porque permitiría determinar en niveles adecuados de escala económica cuál es el tamaño óptimo sustentable que puede alcanzar la industria militar nacional, con relación a las inversiones derivadas de los offset. Y qué tipo real de vinculación positiva puede tener este tipo de empresa con el resto del aparato productivo nacional. Ello sin perjuicio de que las industrias militares van en retroceso en todo el mundo, por los costos que implica mantenerlas, más aún en países en vías de desarrollo como el nuestro.
El volumen del gasto en el sector militar y el control de las cuentas fiscales que propugna el gobierno, hace que los offset se transformen en algo importante a la hora de decidir las compras necesarias. Ellos pueden tener un significativo impacto «equilibrador» y compensador de ese gasto, en otras áreas del desarrollo nacional. Pero a condición de que vayan efectivamente a desarrollo, que se concreten preferentemente sobre industria civil, y no refuercen subsidios ocultos o situaciones de ineficiencia, como ocurriría si se concentran en inversiones en las actuales industrias militares.
Una perspectiva clara de todo lo dicho puede obtenerse a partir del suspendido Plan Tridente. No cabe duda que la Armada ha hecho un fuerte trabajo para tener un diseño estratégico acabado para los próximos años. También es un hecho que Chile debe aprovechar como una potencialidad los más de 5 mil kilómetros de litoral que tiene. El país carece de una Política Marítima Nacional que proyecte en el escenario internacional su interés nacional y los enormes recursos que en este campo posee.
Parte de esa política consiste en tener un diseño de Armada Nacional acorde a las funciones y compromisos que se generan en un mundo globalizado y que tiene en el mar un escenario de creciente importancia.
Pero de ahí a pensar que una Política Marítima Nacional deba formularse a partir de una industria naval, y que esa industria naval pueda tener como eje modernizador la construcción de cuatro fragatas, hay una enorme distancia. Sería incluso un impedimento para su formulación exitosa el hacerlo de esta manera.
No es lo mismo hacia el futuro transformar a ASMAR en astillero naval constructor que en astillero reparador, capaz de sostener todo el mantenimiento que requiere el ciclo de vida de un buque, y brindar este servicio a terceros países. El costo proyectado del ciclo de vida de una nave llega a más que duplicar el precio inicial de compra y por lo tanto esta última es una buena opción. Pero para llegar a un astillero naval constructor de fragatas se requeriría de un largo camino que, de ser exitoso, dejaría de todas maneras al país atado a una industria difícil de mantener por la evolución de los mercados mundiales, y para la cual no tiene ninguna ventaja técnica.
En su estrategia país Chile puede desarrollar, en cambio, una industria marítima capaz de fabricar embarcaciones menores de carácter comercial, amén de una industria de servicios de gestión, ingeniería y administración del ámbito portuario, concentrando sus offset en ello. A eso se pueden agregar inversiones de infraestructura en las ciudades puertos que complementen el diseño de conectividad país que trabajó en los últimos dos años el ministerio de Obras Públicas.
Y, además de lo anterior, permitiría tener también un astillero reparador naval de primer nivel, basado en una ASMAR desprovista de grasa, sin dependencia directa de la Armada, la cual debe concentrarse en sus tareas profesionales, sin ingerencias inconvenientes en los desarrollos del sector marítimo.
Velar por la calidad del gasto en la Defensa Nacional es fundamental para un desarrollo armónico del interés nacional y para potenciar nuestra seguridad como país. Ley pareja no es dura y aquí las autoridades del Ministerio de Hacienda tienen una tarea de magnitud que puede significar ingentes ahorros a las arcas fiscales.
* Abogado, cientista político y analista de defensa.
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