Estimamos que el santiaguino ha perdido su capacidad colectiva de reacción ante los depredadores impulsos autoritarios.
Don Pascual Baburizza y la familia Gandarillas tienen en común haber legado a sus respectivas comunidades el Jardín Botánico en Viña del Mar y el Parque Intercomunal de La Reina en Santiago. Este último es un parque público de 60 hectáreas localizado en la comuna de ese nombre, que entrega a sus vecinos una serie de beneficios sociales y ambientales. Sus administradores son los municipios de Las Condes, Providencia y La Reina, y en el listado de parques del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) figura con el nombre de Parque Intercomunal Oriente.
Tal como dicta la normativa vigente, en él se pueden desarrollar diversas actividades recreacionales al aire libre, las que están debidamente descritas en el instrumento de planificación aludido.
Con la vigencia del PRMS (Resolución NÅŸ 20 del 6 de octubre de 1994 de la Intendencia Metropolitana) se proyectó una vialidad dentro del parque que une dos calles determinadas. Como consecuencia de ello se estableció un territorio isla (2,5 hectáreas) con uso de suelo denominado equipamiento deportivo y áreas verdes, tipología que es parte integrante del Sistema Metropolitano de Areas Verdes y Recreación del instrumento normativo. Este las califica como generadoras de saneamiento ambiental y de resguardo del bienestar de la comunidad.
El 22 de noviembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial la Resolución NÅŸ 65 del Gobierno Regional, que da origen al nuevo Plan Regulador de La Reina, el cual contempla un radical cambio de uso de suelo para este pequeño territorio de 2,5 hectáreas. En efecto, ahora se permite en éste la construcción de viviendas y equipamiento con parámetros tales como coeficiente de constructibilidad libre, altura máxima de edificación libre y densidad bruta máxima de 900 habitantes por hectárea, lo que en la práctica significa que en estos 25 mil metros cuadrados se buscaba levantar unos cuantos edificios de departamentos que iban a generar transacciones comerciales por 40 millones de dólares.
Debemos tener en cuenta que esta modificación viola el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) y el Decreto Supremo NÅŸ 20 (abril de 2001) del ministerio secretaría general de la Presidencia, que flexibilizó la protección ambiental de los parques y de las áreas verdes complementarias. Esta inconsistencia con la normativa ambiental fue informada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que proceda en consecuencia en los tribunales de justicia.
El 15 de diciembre pasado se debieron haber iniciado las faenas de la construcción de esta conexión vial de acuerdo a lo previsto por el Serviu, que asignó 600 millones de pesos (fondos de la nación) para materializar el proyecto. Esto no ha sido posible debido a la oposición que han planteado una centena de vecinos, quienes son usuarios habituales de esta área verde de uso público. Ellos a su vez, son apoyados por miles de otros vecinos de las tres comunas. Se han organizado y han conformado el Comité de Defensa del Parque, que impulsa la preservación y la continuidad del mismo, y en paralelo, propone el ensanche de una calle colindante para mejorar los flujos vehiculares del sector.
Ahora bien, dado que el trazado de la carretera que impulsa la autoridad local no es el mismo que el autorizado hace ocho años, y como los vecinos no se oponen al mejoramiento de la capacidad vial, se pensó que lo más atinado era llegar a un grado de consenso para que se materializara el proyecto con el mejor diseño. Escuchar a la ciudadanía enaltece a quien ejerce el poder, y por ello el Presidente de la República, en diciembre de 2000, ha instruido a sus ministros y colaboradores para que bajo su mandato la participación ciudadana sea prioritaria en la formulación de las políticas públicas.
En el debate aseverábamos que el diálogo fluido y franco entre el alcalde y sus mandantes permitiría conocer los fundamentos técnicos y ambientales que tienen ambas partes. Y también decíamos que los diferentes cuerpos intermedios de la sociedad civil debían tener mayor injerencia en las decisiones que se toman dentro del ámbito del urbanismo. Por ello, considerábamos interesante conformar una mesa de conversaciones en la cual participaran el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, ya que con la eventual mediación de estos entes colegiados se debería llegar al necesario acuerdo que iba a posibilitar la ejecución del mejor trazado.
Lo anterior no fue posible porque la autoridad santiaguina optó por no escuchar el clamor ciudadano y sin más, con la ayuda de un contingente de 80 carabineros, inició las obras con el propósito de seccionar el parque.
Este relato deja de manifiesto la diferencia entre lo acontecido con la carretera Troncal Sur que iba a dividir el Jardín Botánico en Viña del Mar. Se modificó su trazado pensando en el bien común ambiental y en el respeto que se merecen las áreas verdes. En este caso, la ciudadanía fue escuchada por el MOP; en Santiago, por el contrario, fue desairada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Creemos que la diferencia se debe al mayor grado de compromiso y entrega que tuvo la sociedad civil viñamarina. La gente de Santiago, con la excepción de algunos dirigentes sociales, no tuvo la vitalidad necesaria para defender lo suyo. Por eso estimamos que el santiaguino ha perdido su capacidad colectiva de reacción ante los depredadores impulsos autoritarios.
No nos entrañemos, entonces, del paulatino deterioro que está sufriendo la metrópoli, no solo en términos de su calidad del aire, sino con la pérdida irreparable de sus espacios públicos, y por lo tanto, de su calidad de vida.
En este episodio nuestra agrupación se declara perdedora, porque desde un principio, apoyó la noble causa ciudadana.
* Agrupación «Defendamos la ciudad»
