¿Puede alguien seriamente, desde dentro de la propia Concertación, argumentar que ésta ha sido la orientación predominante de las políticas de los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos? ¿Puede alguien, sensatamente, mostrar resultados que avalen la existencia de esas políticas?
El debate desatado por dirigentes de la Concertación, incómodos con sus responsabilidades gobernantes, ha desembocado en dos argumentos que se miran en el espejo.
Se sostiene, de un lado, que los gobiernos concertacionistas serían renuentes a aumentar el gasto público, lo que confirmaría, del otro lado, que carecen de cualquier sensibilidad social, no les preocupan las inequidades existentes en la sociedad chilena y se hallan atrapados por la ideología neoliberal.
El peso de la acusación reside en ese último término: neoliberalismo. Incluso un senador del PS habitualmente moderado en sus dichos ha atacado a quienes considera sus contradictores, denunciando que existiría en el seno de la Concertación y el gobierno algo así como un «chantaje neoliberal».
Pues bien, ¿en qué consisten las políticas neoliberales en el mundo?
Esencialmente, en reducir al máximo los bienes públicos transformándolos en mercancía privada. Para eso el Estado reduce el financiamiento fiscal destinado a salud, educación, redes de apoyo social, seguridad ciudadana, producción y transmisión de conocimiento avanzado, protección del medio ambiente, infraestructura física, y ciencia y tecnología.
Simultáneamente, en una concepción neoliberal, el Estado debe reducir al máximo su proyección en la sociedad, abriendo espacios a la expansión de las transacciones y los intereses privados. Para ello se supone que los gobiernos deben restringir las regulaciones de los mercados y convertirse auténticamente en guardianes nocturnos de la mano invisible.
Simultáneamente se espera que reduzcan el poder de los sindicatos e, idealmente, debiliten o disminuyan la presencia de otros factores —institucionales, legales, convencionales, culturales y de otro tipo— que puedan entrabar el libre juego de las fuerzas del mercado.
¿Puede alguien seriamente, desde dentro de la propia Concertación, argumentar que ésta ha sido la orientación predominante de las políticas de los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos? ¿Puede alguien, sensatamente, mostrar resultados que avalen la existencia de esas políticas?
Para empezar, el gasto del Estado ha aumentado, y no disminuido, durante los últimos diez años, como se encargan de repetir —molestos— los auténticos neoliberales.
Del gasto público total, el gasto social general pasó de un 64,8 por ciento al 67 por ciento en los últimos diez años, habiendo aumentado del 12,9 por ciento al 15,4 por ciento del PIB.
En el área de la salud, durante los años ’90 el Estado incrementó su inversión en lugar de retraerla, pasando el gasto per cápita de 46 mil pesos a 107 mil pesos.
Algo similar ocurre en el campo de la educación. Expresado en pesos promedio del año 2000, el gasto público prácticamente se triplicó entre 1990 y 2000, pasando de 537 mil millones a 1 billón 500 mil pesos.
La misma tendencia, propia de los Estados de democracia social, se observa en los demás sectores, como redes de apoyo social, seguridad ciudadana, producción y transmisión de conocimiento avanzado, protección del medio ambiente, infraestructura física, y en el sector de ciencia y tecnología.
De modo que si por un momento siquiera nos dispusiéramos a debatir en serio, lo que parece evidente es que el Estado ha aumentado su inversión en todo tipo de bienes públicos, con un fuerte impacto sobre los grupos de menores ingresos de la sociedad. La más completa información sobre este último y decisivo aspecto se encuentra en el libro de Clarisa Hardy y Pablo Morris Derechos ciudadanos: una década, 1990-2000, cuya lectura debería ser obligatoria para todos los dirigentes de la Concertación que a cada rato entran en duda respecto de la acción de sus gobiernos o experimentan agudos accesos autoflagelantes.
Despejado el punto de si dichos gobiernos han hecho un uso neoliberal del gasto fiscal, ¿no han incurrido acaso en políticas neoliberales, a pesar de todo, tratando de crear una sociedad de mercados expansivos y desregulados, y buscando debilitar o disminuir la presencia de los factores —institucionales, legales, convencionales, culturales y de otro tipo— que podrían entrabar el libre juego de las fuerzas del mercado?
Resulta casi incivil tener que rebatir un argumento tan absurdamente alejado de la realidad.
En efecto, todo el esfuerzo hecho durante los últimos doce años apunta precisamente en la dirección contraria al ideario y recetario neoliberales. Lo que se ha perseguido desde el gobierno es precisamente construir las instituciones y las normas, y cultivar los comportamientos y las ideas, que permitan un funcionamiento menos destructivo de las fuerzas del mercado. O bien, que limiten o mitiguen sus externalidades negativas y creen condiciones para mejorar la transparencia, la competencia y la estabilidad de los mercados.
Ejemplos podrían darse ad nauseam: es el caso del seguro de cesantía, de los sectores de servicios básicos privatizados a la rápida bajo el gobierno militar, de la educación superior, de la defensa del consumidor, de las isapres (como estamos viendo justo en estos días), de los entes reguladores, de la legislación del mercado de capitales, etcétera.
Uno incluso podría legítimamente observar, sin por eso convertirse en un impopular neoliberal, que los gobiernos de la Concertación suelen ser excesivamente reguladores, confiando más en la mano visiblemente burocrática del Estado que en las invisibles dinámicas de los mercados.
Tampoco es cierto, como sostienen los arrepentidos de tener que gobernar, que los gobiernos concertacionistas hayan impulsado una política de debilitamiento de los sindicatos, de los poderes locales, de las comunidades y de las asociaciones intermedias. Más bien ha ocurrido lo contrario.
Y si a pesar de eso dichas organizaciones y entidades no son todo lo fuertes que se desearía, ello no se debe a una falta de legislación adecuada o a una intervención neoliberal de los gobernantes, sino simplemente a las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena bajo el impulso de la modernización y a las poderosas fuerzas de individuación que están operando globalmente en las sociedades y la cultura contemporáneas.
En suma, los voceros de la incomodidad gobernante necesitan con urgencia encontrar mejores o más serios argumentos para airear su malestar, y no insistir en esta lucha contra molinos de viento neoliberal.
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