Censo, religión y moral - El Mostrador

Sábado, 16 de diciembre de 2017 Actualizado a las 17:26

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Censo, religión y moral

por 16 abril, 2002

Aunque a algunos los sorprenda y les parezca paradójico, si la religión que representa la iglesia católica aumenta su nivel de adhesión ello no legitimaría una mayor intervención de su parte: al contrario, el rango de su legitimidad para intervenir sería aún menor.

El debate en curso sobre los resultados que arrojará el Censo 2002 en materia de religión y en torno a las influencias debidas e indebidas al respecto parece descansar sobre un supuesto erróneo: que constituirse en mayoría -y mayoría significativa- daría mejores títulos para influir en la agenda pública.



Como es sabido, el sistema democrático de gobierno se rige por la regla de la mayoría. Esto significa que las decisiones públicas son adoptadas por la proporción más alta de los ciudadanos o por sus representantes. Sin embargo, esto no implica -como a veces se piensa- que la mayoría pueda legítimamente obrar de cualquier modo. Esa voluntad tiene límites, constituidos por los derechos de la minoría.



Esto se extiende a las más diversas esferas: en un sistema democrático no es legítimo para la mayoría, por ejemplo, privar arbitrariamente de la vida a las personas, ni torturarlas, ni restringir su derecho a la libertad de expresión.



En la misma lógica, tampoco corresponde que un grupo mayoritario pretenda imponer su moral a los demás a través del aparato estatal o del sistema jurídico. En ese momento se pasa del ámbito de lo público a la invasión de lo privado, esto es, de lo que concierne a cada cual.



De ahí la contradicción con los principios democráticos en que incurren grupos como el movimiento fundamentalista estadounidense Mayoría Moral, que aspiran precisamente a ello y que invocan de manera espuria su pretendido carácter mayoritario como cartabón de legitimidad.



Pero el asunto no termina ahí. Recuerdo que en la época de la dictadura la iglesia católica chilena justificaba su valiente defensa de los derechos humanos sobre la base que era "la voz de los que no tienen voz". Y en efecto, numerosos de sus organismos contribuyeron a salvar vidas o a evitar torturas a personas que no adherían a la fe católica.



Traigo esto a colación porque justamente uno de los elementos que ha venido adquiriendo mayor fuerza en las últimas décadas en los sistemas democráticos a nivel internacional es el de rescatar "las voces desoídas", los puntos de vista de los sectores postergados y minoritarios. Por la vía de escuchar esas voces el debate público -indispensable en un sistema democrático- resulta fortalecido, contribuyendo a mejorar la calidad de la participación ciudadana.



En otras palabras, no es sólo que en un sistema democrático los derechos de la minoría constituyan una barrera infranqueable para la mayoría, sino que la presencia pública de esos sectores minoritarios necesita ser fortalecida. Cuando se reivindican, por ejemplo, los derechos de las personas discapacitadas, un paso necesario lo representa el reconocimiento de sus derechos por el sistema jurídico. Sin embargo, con ello no se ha completado la tarea, ya que si las personas discapacitadas siguen padeciendo una suerte de invisibilidad a ojos de la opinión pública, es decir, si carecen de una presencia pública significativa, probablemente el reconocimiento de sus derechos no pasará del ámbito de lo formal o lo nominal.



En consecuencia, la voz de los grupos postergados es la que requiere estímulo, y no la voz de la mayoría, que ya posee por sí misma suficiente peso público. El mismo razonamiento es aplicable a las minorías religiosas o a quienes no adhieren a ninguna religión (en la medida en que también sean una minoría).



De manera que el debate acerca de los porcentajes posibles de adhesión que tendrá la iglesia católica en el próximo censo está mal planteado. Aunque sorprenda a algunos y les parezca paradójico, si la religión que representa dicha iglesia aumenta su nivel de adhesión ello no legitimaría una mayor intervención de su parte: al contrario, el rango de su legitimidad para intervenir sería aún menor.



Y si, como todo parece indicar, mantiene un grado de adhesión significativamente mayoritario, las políticas públicas deberían orientarse tanto al reconocimiento pleno de los derechos de las personas que no profesan ese credo -lo que, por cierto, no se refiere solo a la libertad de cultos, sino a permitir en general que las personas gocen de plena autonomía en sus decisiones personales- como a dotarlas de una mayor visibilidad y presencia en el debate público.



Algunos argumentarán que todo esto es teórico. Pero no es solo teoría filosófica: es teoría política y jurídica de un sistema democrático, reflejada en principios reconocidos en la Constitución que, como tales, requieren ser aplicados efectivamente por las autoridades políticas y judiciales.



* Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales.

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