Ha quedado suficientemente demostrado, durante los últimos meses, que la sobreproducción mundial de cobre, generada por empresas extranjeras desde Chile, era la causa única de la fuerte caída del precio del cobre, que provocó un daño incalculable a la economía nacional. Por eso la responsabilidad en esta sobreoferta de cobre a escala mundial, recae fundamentalmente en las autoridades chilenas de los últimos 20 años, que autorizaron una desmesurada e injustificada inversión extranjera en la minería, que desde 1990 comenzó a generar la sobreproducción, fenómeno que se acrecentó a partir de 1995, como lo demuestran las siguientes cifras.
Desde 1994, hasta fines del 2000, la producción chilena de cobre creció en un promedio de 397 mil toneladas anuales, cifra colosal si se considera que, entre 1973 y 1994, la producción de cobre en todo el mundo creció en un promedio de 99 mil toneladas anuales solamente, promedio de crecimiento que alcanzó a las 110 mil toneladas anuales entre 1989 y 1994, crecimiento mundial que, además, en su totalidad, lo aportó Chile.
Esto quiere decir que, entre los años 1995 y 2000, la producción chilena de cobre creció casi 3 veces más que el crecimiento promedio mundial que se había observado entre 1973 y 1994. En cifras absolutas, en los 6 años que van de 1994 al 2000 incluido, Chile aumentó la producción en 2,4 millones de toneladas, mientras que el mundo entero demoró 23 años, de 1971 a 1994, para aumentar la producción de cobre en 2,4 millones de toneladas. Repitámoslo, lo que todo el mundo había necesitado en 23 años. Pero si de la producción mundial anterior a 1994, retiramos la producción chilena, el resto del mundo demoró 36 años en aumentar la producción de cobre de 2,4 millones de toneladas, lo que a partir de 1995 Chile lo hizo en sólo 5 años.
Un crecimiento tal de la producción chilena de cobre es absolutamente injustificado, puesto que si analizamos la historia de la economía mundial, hasta 1994, y las proyecciones de crecimiento mundial de la economía, a partir de 1995, que habían hecho todas las instituciones mundiales de previsión económica y de mercado, ninguno de esos estudios puede justificar un crecimiento de la producción chilena de cobre 3 veces por encima al crecimiento histórico mundial. En una economía de mercado, el resultado no podía ser otro que el desplome del precio del cobre, que el año 2000 fue menos de la mitad que en 1995.
El precio volvió a remontar desde la segunda mitad del 2003, en primer lugar, porque la inversión sobreproductiva en la minería chilena se dejó de programar entre 1997 y el 2000, como consecuencia de las perspectivas de crecimiento de la producción minera argentina, que se produciría con el Tratado Minero firmado en 1997, por los presidentes de ambos países. Se preveía en ese entonces, que solamente el yacimiento El Pachón, ubicado frente a Los Pelambres, en Salamanca, produciría cerca de 200 mil toneladas de cobre al año, y al agregar la producción de otros yacimientos que se pondrían en explotación, como Agua Rica, Taca Taca, San Jorge, etc., la sola producción argentina aumentaría en mas de 350 mil toneladas anuales. Era tal el entusiasmo que despertaba el Tratado Minero en la producción de cobre, que gracias a ello, a partir de 1997, se detuvieron los proyectos de inversión en Chile, lo que explica que la producción nacional de cobre, el 2002, haya sido inferior en 159 mil toneladas a la del 2000, mientras que un año más tarde la producción chilena de cobre creció solamente en 137 mil toneladas.
Pero el esperado aumento de la producción de cobre argentino no se pudo llevar a cabo, porque el Tribunal Constitucional chileno, ante un requerimiento presentado por 13 senadores, el 3 de octubre del 2000, dictaminó que los Tribunales de Justicia chilenos no tenían jurisdicción para acordar servidumbres de paso a yacimientos argentinos. Este dictamen impidió que los ductos, que transportarían los concentrados argentinos, hasta los puertos chilenos, se pudieran construir, puesto que los tribunales chilenos no podían obligar a los propietarios de los terrenos, por donde pasarían esos ductos, a acordarles servidumbres de paso. Por esta razón, el programado aumento de la producción minera argentina no pudo llevarse a cabo.
Gracias a este dictamen, recién a fines del 2000 volvieron a programarse nuevas inversiones en Chile, y por el tiempo que demanda la maduración de estos proyectos, la sobreproducción de cobre generada en los años precedentes comienza a disminuir, en la medida que comienzan a agotarse los cuantiosos stocks de cobre existentes en los mercados del mundo.
En esto existe un interesante encadenamiento que es necesario destacar. Primero, gracias a las expectativas generadas por el Tratado Minero con Argentina, se rompió el ritmo de crecimiento de la producción chilena de cobre; segundo, gracias al dictamen del Tribunal Constitucional se detuvo el desarrollo de los proyectos argentinos; tercero, frenada la producción chilena y detenida la producción argentina de cobre, comienzan a desaparecer los cuantiosos stocks de cobre acumulados en el mercado mundial; cuarto, el precio del cobre se recupera al desaparecer los stocks. Como corolario de todo esto, comienzan a incrementarse notablemente los aportes del cobre al Presupuesto Nacional.
Con el actual precio del cobre, durante el 2004, Codelco debería aportar al Estado alrededor de 2.600 millones de dólares, y con este precio La Escondida debería pagar a lo menos 500 millones de dólares de impuestos, mientras que las demás mineras extranjeras, que nunca han pagado, ahora sí deberían hacerlo, puesto que aseguraron en la Comisión Especial del Senado, que con un precio de 0,80 dólares la libra, todas ellas obtendrían utilidades. En suma, la desaparición de la sobreproducción de cobre es pura ganancia para Chile.
Al origen de este exitoso encadenamiento se encuentra el Requerimiento por Inconstitucionalidad del Tratado Minero, presentado en agosto del 2000, por 13 senadores, encabezados por los senadores Jorge Lavandero Illanes, Jorge Martínez Buch y Fernando Cordero Rusque, quienes trabajaron muy estrechamente para que se pudiera presentar el requerimiento constitucional. Esto significa que todos los chilenos debemos agradecer a estos 3 senadores, y a los otros 10 que firmaron el requerimiento, que el Fisco pueda recibir en el presente 2004, cerca de 3 mil millones por sobre lo que recibíamos en los últimos 5 o 6 años. También debemos agradecer a los diputados que presentaron el proyecto de royalty, porque gracias a la incertidumbre que la presentación de este proyecto crea en los mercados, impide que el precio del cobre vuelva a bajar.
Por cierto, algunos expertos en el tema, que siempre se han equivocado, podrán retrucarnos que el precio del cobre no ha aumentado por efecto de la desaparición de la sobreproducción, sino que gracias a un gran crecimiento de la demanda de cobre. Sin embargo, el tal aumento de la demanda no se ha producido, porque el consumo de cobre ha bajado en los dos últimos años, tanto en EEUU como en la mayor parte de los países desarrollados, y solo ha crecido en China en forma importante, y también en otros países asiáticos, pero ello no permite en ningún caso afirmar que existe un gran crecimiento del consumo a escala mundial.
Es más, el consumo de cobre cayó fuertemente durante el 2001, y se recuperó recién el 2003, para alcanzar a las 15,5 millones de toneladas, pero sobrepasando apenas en 282 mil toneladas a los 15,2 millones de toneladas alcanzadas el 2000. El crecimiento promedio para el período 1999-2003 es apenas de 94 mil toneladas anuales, lo que es prácticamente un estancamiento del consumo durante los últimos 3 años, si lo comparamos que con el espectacular aumento del consumo de cobre durante la época de la crisis asiática, cuando pasó de 12,4 millones de T., a fines de 1996, a 15,2 millones de T. el 2000, con un crecimiento promedio anual de 680 mil toneladas anuales. Esto quiere decir que los últimos tres años el consumo de cobre, si bien no se ha estancado, en los hechos existe una gran caída en relación al crecimiento observado en los tres, cuatro o cinco años precedentes.
Las cifras no dejan lugar a dudas. El espectacular aumento del precio del cobre, ocurrido en los últimos meses, de ninguna manera puede explicarse por un gran aumento del consumo de los últimos 3 años, puesto que existe una importante declinación de su curva de crecimiento, en comparación al crecimiento alcanzado por el consumo de cobre en los 5 a 10 años anteriores. El aumento del precio del cobre se debe exclusivamente a la desaparición de la sobreproducción chilena, y su no reemplazo por la producción argentina. Ayudó también a reforzar el precio del cobre, la decisión de Billiton, Codelco y otras empresas de bajar la producción o sacar del mercado algunas centenas de miles de toneladas, y también ayuda a la mantención del precio, la incertidumbre creada por el proyecto de royalty que se ha presentado en el parlamento.
Queda entonces en evidencia que, como lo veníamos sosteniendo desde hace unos 10 años, Chile es el principal responsable de la sobreproducción y de la caída del precio del cobre, por el enorme peso que tiene en la producción mundial. Pero Chile está nuevamente creando sobreproducción, puesto que desde fines del 2000, después del dictamen del Tribunal Constitucional sobre el Tratado Minero, las transnacionales volvieron a programar nuevas inversiones en Chile, que ya están haciendo sentir sus efectos, ya que el 2003 la producción chilena creció en más de 400 mil toneladas, y el presente año ella crecerá en alrededor de medio millón de toneladas. A ese ritmo de producción, volveremos a generar sobreproducción de cobre, la caída de su precio y de sus aportes al Fisco.
En estas condiciones, desde un punto de vista, estrictamente económico, y de aportes del cobre al erario nacional, para Chile, el control de la producción tiene mayor relevancia incluso que el establecimiento de un royalty o regalía, puesto que a 1,30 dolar la libra de cobre, un royalty incluso de 10 por ciento sobre las ventas, sin deducción de los gastos de tratamiento, a lo sumo aportaría unos 1.200 millones de dólares anuales al presupuesto nacional, mientras que con ese mismo precio del cobre, Codelco aportaría alrededor de 2.600 millones de dólares anuales al y recibiría a lo menos otros 700 millones de dólares de las mineras extranjeras.
No hay donde perderse, desde el punto de vista de los aportes al Estado, el control de la producción para mantener e incluso aumentar el actual precio del cobre, es la medida más acertada que debe tomar el gobierno, o en su defecto el parlamento, puesto que un proyecto de ley destinado al control de la producción chilena de cobre, también puede ser de iniciativa parlamentaria, y que además no entra en contradicción con la legislación chilena o internacional.
En efecto, los TLC con EEUU y Canadá así como los otros compromisos internacionales firmados por Chile, contienen cláusulas específicas que permiten que nuestro país pueda legislar para establecer medidas para el control de la producción minera o de otros recursos naturales. En efecto, todos estos tratados contienen disposiciones que permiten que los países participantes puedan establecer medidas para la conservación y control de sus recursos naturales.
Las disposiciones en este sentido, tanto el art. XX del GATT, suscrito por Chile, como el TLC con Canadá, son más menos similares al art. 10.5.3.c.iii del TLC con EEUU que permite que: «Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales, no se interpretarán en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental, relativas a la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no». El TLC con EEUU no impide que Chile pueda imponer cuotas al aumento de la producción de cobre, siempre y cuando dichas cuotas se apliquen tanto a los productores nacionales como extranjeros.
De todas las leyes o medidas que puede adoptar el poder ejecutivo o legislativo, para incrementar los ingresos del Estado, no existe nada que pueda ser comparado en importancia, a una disposición como la siguiente: «El crecimiento anual de la producción de cobre de Chile no podrá sobrepasar del porcentaje de crecimiento del PIB mundial. Las empresas que produzcan más del equivalente a 20 mil toneladas de cobre fino al año, no podrán aumentar su producción sin la autorización de la Comisión Chilena del Cobre, autorizaciones que por el conjunto de estas empresas, no podrá sobrepasar del porcentaje señalado anteriormente, en la forma que establezca el reglamento».
Como el crecimiento económico mundial difícilmente sobrepasa del 3 por ciento anual, si la producción chilena de cobre también tiene como techo un 3 por ciento de crecimiento, el aumento de la producción chilena, en los próximos 5 años, se debería situar entre los 160 y 200 mil toneladas anuales. Con un crecimiento de la producción chilena de cobre por debajo de las 200 mil toneladas anuales, el precio del cobre tendería a situarse permanentemente sobre 1,5 dólares la libra, y ello significa que el Fisco recibiría del cobre a lo menos 4 mil millones de dólares anuales.
El control de la producción de cobre por parte de Chile, es la gallina de los huevos de oro para los ingresos del Estado.
*Julián Alcayaga es economista.
