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Delincuencia y represión


En los últimos días, la gran mayoría del mundo político se ha pronunciado acerca de las recientes cifras sobre delincuencia entregadas por el Ministerio del Interior. Como es habitual, el debate y las soluciones propuestas se centran en la represión y la contención, sin hacerse cargo de las verdaderas causas, que principalmente apuntan a los niveles de desigualdad extremos que se experimentan en nuestro país, que separan a las dos realidades de Chile -los ricos y los pobres- generando problemas de cohesión social y de resentimiento, una de las principales causas del descontento social.

Al revisar las cifras sobre las denuncias de los delitos de mayor connotación, se observa un incremento de un 20% para el año 2003. En el caso del robo con violencia, se aprecia un aumento de un 47%. Aún más, si analizamos las estadísticas desde 1997 hasta la fecha, se obtienen preocupantes alzas de 101,4% y 369% respectivamente. Respecto a estas cifras, es necesario tener en cuenta que la delincuencia está asociada al descontento por la falta de oportunidades. El robo con violencia, en tanto, responde además a la anomia social, es decir, no sentirse identificado por ningún tipo de orden, ya sea político o social, lo que se da principalmente en los jóvenes. Por lo tanto, el importante aumento de los delitos en el último tiempo nos muestra el tipo de sociedad en que nos hemos ido convirtiendo.

La delincuencia es la hija natural de un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico por sobre todas las cosas, arrastrando enormes desigualdades, trabajo precario y exclusión social. Sin duda estamos enfrentando un problema importante y, por tanto, se deben agotar todas las instancias para revertir esta ola de delitos que tienen atemorizados a la mayoría de los chilenos, obligándolos a enrejar sus casas y a modificar sus horarios.

Sin embargo, las respuestas del Gobierno y la oposición se ha centrado monopólicamente por el camino de la represión. La agenda corta de seguridad ciudadana, actualmente en trámite legislativo, incluye medidas como la rebaja de la responsabilidad juvenil de los 18 a los 14 años, la modificación a la ley de control de armas, la creación de procedimientos de identificación de sospechosos y la restricción de la libertad provisional para quienes han delinquido, se unen al aumento de la dotación en 3.000 Carabineros y al reforzamiento del Plan Cuadrante y al Plan Comuna Segura. Nadie desconoce que alguna de estas normas pueden ser necesarias para atacar el problema en el corto plazo. Pero resulta inconcebible que las propuestas sobre rehabilitación y reinserción sean residuales, ya que seguramente no están en los registros del marketing político.

Hoy en día existe una sobrepoblación en las cárceles del 60% y una tasa de reincidencia del 50%. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el 70% de los contratos a plazo indefinido en nuestro país reporta sueldos menores a los $200.000, lo que es propio de la undécima economía con peor distribución del ingreso en el planeta, en donde el 10% más rico recibe un pedazo de la torta 40 veces más grande que el 10% más pobre. Estos datos no son gratuitos, ya que hay que tener en cuenta que, según un estudio encargado por el Mideplan, el 35% de las personas cree que la desigualdad que provoca mayor rencor es la de ingresos.

En un país que destina menos de 0,5% del gasto total público y privado para combatir la delincuencia a programas de rehabilitación y reinserción y que, paralelamente, ha ocultado a través de la historia su deuda social, le cuesta enormemente entender que la mera represión no es el antídoto, sino que, por el contrario, estamos frente a un problema sumamente complejo que requiere soluciones integrales y que no se resuelve sólo enviando más fuerzas policiales a la calle, lo que tiene más de medida populista que de voluntad política capaz de asumir las verdades y desafíos de este problema. Antes que todo está la construcción de una sociedad más justa. ¿Alguien se atreverá a seguir este camino?











*Por Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de Fundación Terram.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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