Censo vs. transparencia y acceso a la información - El Mostrador

Domingo, 17 de diciembre de 2017 Actualizado a las 08:50

Autor Imagen

Censo vs. transparencia y acceso a la información

por 30 abril, 2002

El recién realizado Censo 2002 supuso la recopilación de importante información para el gobierno y para todos los chilenos, ya que es la fuente primaria más importante de antecedentes sobre la población.



Para que el proceso se realizara con toda normalidad y con el respaldo de la ciudadanía, el Ejecutivo repitió constantemente que los datos constituyen el conjunto de estadísticas para el diseño e implementación de las políticas públicas y para la toma de decisiones del sector privado.



Ha enfatizado, además, que los resultados tienen un uso fundamental en la evaluación y establecimiento de programas en materias de educación, empleo, salud, vivienda, urbanización y desarrollo rural.



Además, tienen aplicaciones de gran utilidad para los particulares, empresarios, instituciones comerciales, industriales y laborales, para fines académicos de investigación, de programación y administrativos.



Con tales argumentos sobre la necesidad de la oportuna y veraz respuesta al Censo, la autoridad pretendió lograr el apoyo de todos los chilenos. Pero, ¿qué pasa cuando es la ciudadanía la que hace preguntas al gobierno o a algún órgano de la administración del Estado? ¿Dónde quedan las necesidades de los chilenos cuando no reciben respuestas? ¿Por qué el gobierno, antes de responder, pondera y valora la necesidad de la información que se le pide?



En el tema ambiental, sobre todo, las anteriores preguntas surgen de manera espontánea ante la actitud de los órganos del Estado cuando se les solicita información relevante. Para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en especial, se trata de antecedentes relevantes para el análisis de las políticas públicas, de su puesta en marcha y de las estrategias de desarrollo, que permiten formar una opinión crítica válida y necesaria a la hora de emprender como país un desarrollo, ahora sí, sustentable.



Los mismos argumentos utilizados para convencer a la ciudadanía sobre el deber cívico de participar en el censo se pueden esgrimir hacia el Estado a la hora de recabar información, que además es pública, a fin de ejercer el derecho de participación en el desarrollo de nuestro país.



Desde el preciso momento que la Constitución establece que el Estado está "al servicio de la persona humana" y que "reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos", genera su obligación de promover los intereses legítimos de todas las personas.



¿Qué más legítimo que querer informarse para así opinar y actuar de una manera responsable por un adecuado desarrollo para nuestro país?



La actitud constante de entrabar el acceso de las personas interesadas a la información en materia ambiental es contraria a la Constitución, y produce el efecto de retratar al gobierno como un ente autoritario y dueño de antecedentes que, al ser producidos por sus organismos, son de interés de todos los ciudadanos. Estos tienen el legítimo derecho de conocer la información que respalda las decisiones sobre el desarrollo en nuestro país y, por lo tanto, cómo se afectan y se protegen los recursos naturales.



Además de entregar la información que le es requerida, el Estado tiene otras obligaciones tendientes a promover la participación ciudadana, como el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), entidad que constituye un aporte a la institucionalidad ambiental, específicamente en lo relacionado con la participación de la ciudadanía.



El nombramiento de los miembros de este Consejo corresponde al Presidente de la República, quien tiene plazo para ello hasta la segunda quincena de enero, sin embargo, hasta hoy no se los ha nombrado. ¿Qué pasa entonces con la participación de los científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, centros académicos, empresariado y trabajadores, todos miembros del consejo consultivo, en la Conama?



El derecho a la información es justo de ida y de vuelta. Tal como se promovió la participación de todos los chilenos en esta vuelta, se debería respetar el acceso a información pública que maneja el Estado. No hacerlo vulnera el principio de la democracia y constituye una conducta tan reprobable como los llamados a boicotear el Censo en algunas comunas de Chile.



* Directora Area Jurídica, Fundación Terram

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes

Plan Individual

Anual:
$90.000
Semestral:
$40.000
Trimestral:
$20.000
Mensual:
$10.000

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)