El 3 de mayo se conmemora cada año el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En nuestro país por desgracia, aun no tenemos mucho de que celebrar.
Chile sigue limitando la libertad de expresión a 12 años de recuperar la democracia. Las restricciones legales en esta materia son mas extensas y amedrentadoras que en ningún otro país democrático del hemisferio occidental, según un reciente informe publicado por la organización internacional Human Rights Watch.
El récord de Chile en materia de libertad de expresión es lamentable. Somos el único país democrático de América Latina que califica la crítica a la autoridad como un delito de desacato contra la seguridad de Estado, con penas de hasta cinco años de prisión.
Si bien resulta objetivo y justo reconocer algunos avances durante los gobiernos de la Concertación, como la derogación del artículo 6B de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la dictación de la nueva ley de prensa y las medidas contra la censura cinematográfica, no es menos cierto que aún existen normas que reprimen seriamente la libertad de expresión. Así ocurre con las denominadas «leyes de desacato», las cuales se contraponen abiertamente con numerosos tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.
Mientras exista una sola norma que permita el encarcelamiento de periodistas o ciudadanos comunes por emitir una opinión, por dura e injusta que sea, los avances que hayan podido lograrse en esta materia resultan ser meros espejismos.
Es cierto que no hay libertades absolutas, ni siquiera la de prensa. Nuestra experiencia demuestra que sancionar a los medios de comunicación o a los lideres de opinión es uno de los recursos preferidos por autoridades que no toleran la crítica, que gustan de entorpecer e impedir la discusión y debates públicos, trabando, a través del amedrentamiento legal y promoción de la autocensura, el desenvolvimiento de nuevas concepciones culturales y políticas.
Si escarbamos un poco en la superficie de nuestra democracia podemos encontrar una profunda y enraizada desconfianza al debate público, un temor irracional a la crítica ciudadana, y una facilidad enorme para ejercer medidas legales para silenciar e incluso encarcelar a quien emite una opinión divergente y contraria a la autoridad.
Es de esperar que el gobierno actual apoye y lidere las iniciativas tendientes a derogar definitivamente las leyes de desacato aun vigentes, permitiendo eliminar a nuestro país del vergonzoso ranking de represión a la libertad de expresión.
* Empresario y panelista del programa «El Termómetro»
