El offset civil debe estar destinado a desarrollar una industria marítima nacional a partir de astilleros privados, potenciados para ampliar su ámbito de negocios y su competitividad internacional. Esa industria hoy tiene un tapón en Asmar.
La compra de naves de guerra que debe hacer Chile presenta, una vez más, la típica incertidumbre que ha acompañado en años anteriores a este tipo de decisiones: qué se está comprando y para qué. Peor aún, el proceso que se ha abierto luego de la postergación del Plan Tridente parece no avanzar hacia una racionalidad de política pública moderna, sino más bien empujar al país a una especie de mercado persa de buques, con mucho precio de ocasión pero poco sentido estratégico.
Ha sido la vaguedad de las declaraciones de las autoridades civiles la que alimenta la sensación de que falta una señal clara sobre la orientación estratégica en esta materia. Porque en realidad no sólo se trata de cuánto dinero hay disponible para reemplazar las unidades de la Armada que deben darse de baja y en cuánto tiempo debe hacerse, sino sobre todo de un enfoque político y estratégico acerca de la seguridad del país en el nuevo escenario mundial, mucho más importante y trascendente que la decisión sobre los aviones F-16.
Como es sabido, el proceso de renovación de la flota de superficie se inició hace varios años. Empezó, como es natural, por una evaluación de las necesidades por parte de la propia Armada, y la búsqueda de una solución que integrara tecnología, calidad y precio para producir la seguridad que la visión política de las autoridades del país demandaba.
Y ahí empezaron los problemas, porque las autoridades políticas no estaban pensando a fondo el tema y siguieron enredadas en la relación civil militar, sin aprovechar la oportunidad para plantear un debate de fondo acerca de la agenda estratégica.
La Armada hizo un giro trascendental respecto de su visión tradicional, al proyectar su funcionamiento en el nuevo escenario internacional. Le bajó el perfil a los conflictos vecinales y proyectó un escenario de seguridad basado en la cooperación y las alianzas, lo que implicaba un tremendo cambio en la perspectiva de la defensa nacional.
Imaginó una solución naval para un país que postulaba un interés nacional basado en un regionalismo abierto, esto es, de libre comercio internacional, de democracias consolidadas, de diplomacia multilateral y fortalecimiento de la legalidad internacional, de cooperación frente a amenazas como el terrorismo y el narcotráfico, y dispuesto a aliarse con otras naciones en el uso institucionalizado de la fuerza para afianzar la paz. Y concluyó que el país debía, por lo tanto, dotarse de los medios técnicos para participar activamente en las alianzas de seguridad que el nuevo ciclo anunciaba, acompañando de manera creíble a la diplomacia nacional.
Ese es el origen de la decisión de fortalecer el componente oceánico de la flota y de buscar una fragata que permitiera tres cosas fundamentales desde el punto de vista técnico: velocidad, comunicación y acoplamiento a formaciones mayores. Es un punto de vista que puede discutirse, pero que nadie puede dejar de valorar como algo muy positivo y que lamentablemente no fue tomado por la autoridad civil para ser concordado con la visión de las otras ramas de las Fuerzas Armadas.
El problema es que hecho todo esto, la Armada, sin una conducción política de los civiles, empezó a privilegiar la visión técnica del proyecto, a agregarle cosas y artefactos, y terminó en que cada fragata costaba más de 350 millones de dólares y que, además, de esas cuatro naves surgiría Asmar como un gran astillero naval constructor. Es decir, le agregaron riesgos, costos y complejidades innecesarias a un proyecto que hasta ese momento era claro, simple, factible y deseable desde todo punto de vista.
Que eso haya ocurrido es en parte responsabilidad de la Armada, pero también de los civiles. Porque si se le pide a los médicos de un hospital, por ejemplo, que diseñen las renovaciones de sus equipos, inevitablemente van a pedir lo más sofisticado sin pensar mucho lo que pasa en el resto de los hospitales, cuánto cuesta la innovación o la intensidad de uso de ese material.
Si se deja solos a los militares para que definan qué se debe comprar siempre pensarán en el máximo equipamiento. Como siempre pasa, sin dirección política el técnico es seducido por los esclavos tecnológicos y termina siendo su presa. Eso le pasó al Proyecto Tridente.
En qué dirección se debe avanzar
Chile carece de una política marítima nacional que dé sentido a las enormes inversiones de infraestructura portuaria que se han hecho o se están haciendo, que articule a los diferentes agentes económicos que convergen en el uso del litoral y sus servicios, y que produzca un ordenamiento territorial y una regulación adecuada en el tema. A pesar de tener más de 5 mil kilómetros de litoral, de que el mar es la potencial bisagra hacia los mercados emergentes de Asia; de tener en operación tres de los puertos más grandes del Pacífico Sur Occidental, de estar construyendo un cuarto terminal a través de un megaproyecto como Mejillones, de contar con una de las riquezas ictiológicas más grandes del planeta, de tener santuarios naturales únicos relacionados con el mar, de ser propietario de Tierra del Fuego, proyectada sobre la Antártida y una de las mayores islas del mundo, y de tener a través de otra, Rapa Nui, una posición oceánica y cultural polinésica que en el Hemisferio Occidental sólo posee Estados Unidos. ¿Para qué seguir dando razones?
Lo cierto es que Chile carece de una institucionalidad y una visión política actualizada sobre el mar, y eso es un déficit de la civilidad y no de los militares. La última acción política real se produjo con la firma del Tratado del Pacífico Sur junto a Perú y Ecuador, hace más de 50 años.
¿Porqué traer a colación esto? ¿Qué tiene que ver con la adquisición de nuevas fragatas para la Armada? Tiene mucho que ver.
La renovación de la flota, tal como la presentó desde un principio la Armada, no era el simple reemplazo de una naves por otras. Había una razón estratégica detrás, congruente con los cambios que el país estaba haciendo en otros ámbitos, principalmente económicos y de infraestructura. Por lo mismo era, y todavía sigue siéndolo, la oportunidad de producir un enorme impacto modernizador, tanto de la defensa como del manejo del borde costero, incluidas todas las actividades económicas que en él se realizan, con la condición de tener claro cómo organizar los recursos institucionales y económicos y en pos de qué metas. Para ver esto claro, nada mejor que hacer algunas afirmaciones.
Chile necesita renovar buques de guerra, y la mejor solución es una fragata de las características de la que fue elegida por la Armada. El plazo en que lo haga tiene que ver con una concepción de riesgo calculado, y de ello depende en parte si se compra nuevo o usado. Lo importante es que puede haber más tiempo para tomar una buena decisión si se calcula bien el riesgo, no siendo de vida o muerte comprar ahora.
La fragata debe ser, si se quiere hacer un giro estratégico, preferentemente nueva pero en ningún caso construida en Chile. El offset militar que corresponda debe invertirse en Asmar para mejorarlo como astillero reparador, capaz de atender el ciclo de vida de las fragatas (en 25 años se dobla el precio de compra) y capaz de articularse en una cadena internacional de negocios en ese específico ámbito naval. Jamás se debe transformar a Asmar en industria constructora, pues nos quedaríamos con un elefante blanco incapaz de competir en el mercado internacional.
La inversión en Asmar debería servir para modernizarla y someterla a un régimen empresarial real, que termine con la dependencia directa de la Armada y los subsidios ocultos, e hiciera transparente su relación con los privados a través del Sistema de Administración de Empresas del Estado (SAE), incorporando civiles a su directorio.
El offset civil debe estar destinado a desarrollar una industria marítima nacional a partir de astilleros privados, potenciados para ampliar su ámbito de negocios y su competitividad internacional. Esa industria hoy tiene un tapón en Asmar.
Para que se pueda desarrollar una industria marítima nacional, el manejo del borde costero debe dejar de estar en manos de la Armada. La Dirección de Territorio Marítimo (Directemar) debe pasar a ser un servicio civil dependiente del Ministerio de Economía o de Hacienda.
El manejo de los puertos debe ser lo más desregulado posible y totalmente de carácter civil, a excepción de los apostaderos o sitios navales. La seguridad y el orden público en el borde costero y en los puertos debe estar a cargo de un Servicio de Guardacostas que opere como un cuerpo especializado de carácter policial, y dependa directamente de Carabineros en los aspectos ordinarios.
Definiciones de esta naturaleza ayudarían a formular una Política Marítima Nacional. Traerían, además, beneficios de carácter económico al Tesoro Público pues, fuera de recaudar directamente lo que hoy cobra Directemar por diversos aspectos y gasta sin mayor control, el Fisco obtendría también un ahorro de recursos, pues la especialización profesional de la Armada es la Defensa Nacional y no la administración de capitanías de puerto (por ejemplo, de Pichilemu), las concesiones económicas en el borde costero, el orden público en las playas (por ejemplo, de Cartagena) o el papel de policía pesquera nacional. Para eso no necesita fragatas.
Una Política Marítima Nacional es mucho más que lo anterior: tiene otras dimensiones, tanto nacionales como internacionales, pero está fuera de la Defensa. Tiene componentes de defensa como los que se han señalado más arriba, pero para Chile es una necesidad integral en su desarrollo. Lo importante aquí es que si no se enfoca con esta perspectiva el proyecto de fragatas para la Armada, la señal negativa será muy potente para todos, y difícilmente se mejorará la situación en los próximos 20 años.
Las fragatas son para acompañar a la diplomacia nacional y sus compromisos en el ámbito de la seguridad internacional, para mostrar con una gran bandera nuestros intereses nacionales, y articularse de manera eficaz y eficiente a formaciones bélicas mayores derivadas de las alianzas que establezca Chile. Para esto precisa, además de prestigio país, naves veloces y con alta tecnología de comunicación capaces de acoplarse a sistemas sofisticados de comando, comunicación y control.
Lo que es dudoso es que ese buque necesite lo más avanzado en misiles, lo último en radares y otros armamentos, excepto los simples e indispensables, porque el objetivo estratégico es ser parte de una coalición política que ya tiene esos temas resueltos.
(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
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