No puede dictarse una ley que sirva solapadamente para un poner fin a los procesos en curso sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Si alguien quiere dictar una ley de este tipo debe asumir sus responsabilidades políticas, pero no ampararse en el principio de los dos demonios.
Hace mas de 15 días que los prisioneros de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) han debido recurrir nuevamente al recurso desesperado de la huelga de hambre. Estas acciones son siempre estrategias límite, pues ponen en riesgo lo irrecuperable, la vida. Pero en especial lo son para estos presos cuyos cuerpos han sufrido los estragos de varios episodios semejantes, por desgracia necesarios para obtener de la administración penitenciaria condiciones humanas de encierro.
Lo más deplorable y triste es que esa lucha tuvo que darse contra la obstinación de funcionarios socialistas, quienes durante mucho tiempo actuaron como si estos presos debieran sufrir castigos adicionales por haber atentado contra la paz de la transición.
Hoy la huelga de hambre tiene otro sentido. Se trata de un clamor desesperado para que las autoridades judiciales corrijan las aberraciones jurídicas cometidas, y para que los parlamentarios puedan ayudar a resolver por la vía legislativa la suerte de presos que han sido víctimas de la venganza más que de la justicia.
Llevan encerrados en una cárcel de régimen especial entre siete y diez años, sin que muchos de ellos tengan todavía sentencia, sin que se corrijan los dobles enjuiciamientos, sin que se terminen los juicios por terrorismo, cuando sus delitos caen, según la opinión autorizada de Francisco Cumplido, bajo la tipificación de subversión política.
En el ultimo tiempo los esfuerzos de monseñor Baeza, quien actúa por expresa petición del cardenal Errázuriz, han conseguido interesar a un grupo de parlamentarios de todos los partidos. Entre ellos participa también el senador Hernán Larraín, quien ha planteado en publico, incluso en las pantallas de TVN, sus puntos de vista.
La participación de este parlamentario ha sido suficiente para que cierta prensa, incluso de izquierda, haya empezado a confabular con la idea de una transacción que conduciría a la libertad de los presos de la CAS como contrapartida de la libertad de los funcionarios estatales de la dictadura enjuiciados o condenados por violaciones a los derechos humanos.
Es indispensable decir que este canje no ha sido jamás planteado por el senador Larraín, ni en las reuniones en las cuales he participado o tenido conocimiento ni en sus expresiones públicas. No me cabe duda que él actúa en este asunto por motivaciones políticas. Pero en eso no se diferencia en nada de los otros parlamentarios ni de mí.
Ni yo, ni por supuesto los parlamentarios que están trabajando por encontrar soluciones, apoyamos las acciones de los presos que los condujeron a la cárcel. Pero el caso nos interesa por un asunto político, pues creemos que implica un problema de ética pública que solo puede ser resuelto con una discusión informada, como la han contribuido a realizar en estos días ciertos medios, en especial el programa Medianoche de TVN, y en este momento con la intervención parlamentaria.
En ese sentido debo decir, al margen de las muchas cuestiones que me separan de su trayectoria pasada y presente, que el senador Larraín ha actuado con sensibilidad frente al dolor ajeno.
En todo caso, me parece muy importante evitar que los temas se confundan y que los esfuerzos por la libertad de presos que no han negado sus responsabilidades y han sufrido de la falta de un debido proceso sirvan como moneda de cambio. Esto por razones de diferente tipo, entre las cuales tienen un papel decisivo razones de principios.
Ello en primer lugar porque la entidad de los delitos es diferente. Los presos de la CAS realizaron acciones que me parecen condenables tanto desde el punto de vista jurídico como político. Pero ellas no pueden compararse en el plano moral con los delitos de los funcionarios estatales de la dictadura. Estos actuaron protegidos por la impunidad que les otorgaba su carácter, escudándose en éste para asesinar, hacer desaparecer a personas o torturarlas hasta la muerte. Se trata de un tipo de crímenes aberrantes, solo comparables con los crímenes cometidos contra menores con finalidades de abuso y vejación sexual.
En segundo lugar, los presos y los condenados por delitos de derechos humanos han sido sometidos a juicio respetándose escrupulosamente las reglas del debido proceso. Han sido investigados por tribunales cuya competencia es indiscutible, y sus casos han sido caratulados como corresponde. No es esa la situación de los presos de la CAS, acusados de terrorismo cuando deberían ser acusados por subversión. La justicia militar ha intervenido en sus procesos sin tener potestad para hacerlo. En la decisión de la Corte Marcial, donde fue rechazada la petición de que este abuso fuera enmendado, actuó con el voto dirimente un militar que hoy está procesado por serias violaciones de los derechos humanos.
En tercer lugar, la inmensa mayoría de estos presos no están dispuestos a que sus situaciones sean materia de una transacción política, incluso si pudiera favorecerlos. Están convencidos, como yo lo estoy, que hay méritos en sus causas para que se dicten leyes aclaratorias que generen nuevos procesamientos, sabiendo que corren los riesgos que se puedan derivar de la interpretación de los jueces.
Por eso mismo, no cualquier ley aclaratoria tiene el mismo valor. No puede dictarse una ley que sirva solapadamente para poner fin a los procesos en curso sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Si alguien quiere dictar una ley de este tipo debe asumir sus responsabilidades políticas, pero no ampararse en el principio de los dos demonios.
Los presos de la CAS cometieron delitos políticos, entre los cuales se cuentan hechos de sangre, pero no pueden igualarse a los asesinos de Tucapel Jiménez, pues éstos usaron para sus crímenes el aparato del Estado. Por eso, el que quiera librar a los degolladores y a otros criminales de la dictadura, que lo diga con claridad y que proponga los instrumentos jurídicos necesarios. En el caso de los presos de la CAS el tema es otro: darles la oportunidad de juicios justos que les permitan salir en libertad o cumplir penas proporcionales. Ello no piden impunidad, sino justicia.
_________________
Vea otras columnas del autor
