Tras juramentar ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha asumido como el primer presidente del recientemente creado Tribunal de la Libre Competencia, el abogado Eduardo Jara Miranda, dándose así el último paso para la puesta en marcha de esta nueva institución nacional, creada a partir de la Reforma Procesal Penal, que fue parte de las aspiraciones empresariales contenidas en la Agenda Pro Crecimiento y que sustituirá a la Comisión Resolutiva Antimonopolios y a las Comisiones Preventivas.
Aunque en el país ha habido preocupación constante sobre los perjuicios que implica el monopolio para el buen desenvolvimiento de los mercados, durante casi 30 años -con la dictación del Decreto Ley 211 en 1973- se mantuvo una institucionalidad que no separaba claramente las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y de la instancia resolutiva, hecho que llevó a un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar la entidad y conformarla, además, con integrantes que, junto con dar mayor dedicación a sus labores, fueran debidamente remunerados.
El paso, poco difundido por los medios de comunicación como muchos otros de importancia, tiene enorme significación para un mejor desempeño de la economía, pues, aunque las predecesoras realizaron un relevante aporte a esta casuística con sus múltiples fallos, la apertura de Chile a los mercados internacionales, su integración a los circuitos de las transnacionales y, en fin, la enorme complejidad de las relaciones económicas actuales, fueron evidenciando la precariedad de organismos creados cuando el país recién iniciaba su tránsito por el camino del libre mercado.
El nuevo tribunal será presidido por Jara con rango de Ministro de Estado, operará en forma independiente, aunque fiscalizado por la Corte Suprema, y tendrá por propósito «prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia». No obstante, el simple enunciado de la tarea no condice con las dificultades que acarrea, en los hechos, la investigación, análisis y formación de criterio por parte de los jueces para la dictación de determinadas sentencias en el intrincado entorno de la competencia económica a nivel mundial.
En efecto, destacados especialistas ya han llamado la atención sobre la «filosofía fundante» en la que sustentará su trabajo el nuevo Tribunal a la hora de juzgar demandas de eventuales atentados a la libre competencia y han apuntado, con toda legitimidad, a la colisión de escuelas diversas en el ámbito de la formación de un determinado criterio jurídico.
Desde luego, han surgido cuestionamientos sobre si la entidad operará con una lógica de excesivo celo preventivo -con lo que su accionar podría entorpecer el libre desenvolvimiento de la actividad empresarial- o sancionatoria, ex post, hecho que implica establecer una enorme batería de normas ex ante, conocidas por todos, pero que no considera la dinámica aparición de múltiples formas de gestión y administración que pudieran aparecer ilegales a criterio de jueces desprevenidos en el área.
Desde una perspectiva económica también se han sugerido líneas de precaución en el sentido de si los fallos del Tribunal considerarán que una determinada acción empresaria (fusión, adquisición, asociación, etc) maximiza la rentabilidad del conjunto de la economía o simplemente de la empresa y, por cierto, si en la decisión cuestionada hay conductas o intenciones que otorguen a los jueces los criterios que permitan evaluar con equidad las eventuales demandas.
Pero además han surgido críticas relativas a la conformación del Tribunal, en la que, según se ha señalado, predominó la designación de personas de una determinada sensibilidad política (la Concertación), «cuya visión respecto de la libre competencia se enmarca en un patrón conocido», criticándose con ello no sólo las nominaciones Presidenciales, sino también aquellas que corresponden al Banco Central.
La tarea que tiene por delante el nuevo Tribunal, no es pues sencilla. Por de pronto se enfrentará a poco andar a dos enormes fusiones empresariales en el área de las telecomunicaciones, las cuales no deberían ser evaluadas simplemente desde su dominancia porcentual del mercado, pues la competencia mundial parece indicar que son justamente las escalas las que posibilitan un servicio más eficiente y, por consiguiente, accesible a los consumidores.
Las democracias han dado un enorme poder a la gente y la presión que se puede desatar no es desdeñable. Los medios de comunicación tienden a ser un amplificador de estas posiciones, haciendo reaccionar a sectores políticos, los que a su vez llevan tales alegatos e influyen en las decisiones de los centros de poder.
Si a la complejidad del trabajo técnico de la nueva institución le sumamos la presión político-partidista o populista, pudiéramos llegar muy pronto a un punto en que, un adelanto que contó con un amplio consenso, se vea rápidamente deslegitimado ante la ciudadanía, sin darle una oportunidad de desarrollar una casuística que permita, en unos años, contar con una institución que es indispensable para una nación abierta al mundo.
*Roberto Meza Antognoni es ex director del Diario Financiero y periodista especializado en Economía.
