El hecho que una ínfima minoría de un gremio de profesionales se aparte de los sanos comportamientos que debieran tener no significa que todos los médicos actúan de igual forma.
En días pasados el ministro de Salud tuvo la inelegante idea -dentro de su campaña de promoción del AUGE- de recordarle a la opinión pública el resultado de un dictamen de la Contraloría General de la República del año 2001, en el que se establecieron diversas irregularidades administrativas cometidas por algunos médicos al interior de ciertos hospitales públicos.
Como consecuencia de ello el presidente de esta asociación gremial se entrevistó con el contralor, con el propósito de que ese informe fuera reestudiado por el organismo fiscalizador a fin de que su resultado variara, con lo cual se evitarían las «interpretaciones» con fines políticos o de otro orden.
El doctor Juan Luis Castro, titular de esa orden profesional, aseguró en rueda de prensa que el señor Arturo Aylwin se había comprometido a retirar el informe de la discordia. Posteriormente, el contralor -vía comunicado- ha desmentido al aludido médico, quién enseguida ha reiterado sus dichos.
Independientemente de esta controversia ha quedado a firme el informe que imputa faltas cometidas por un cierto y reducido porcentaje de médicos que ejercen en hospitales y consultorios. Sostenemos que siempre van a existir irregularidades en todos los ámbitos del quehacer público y privado.
Lo importante es que en la situación dada a conocer por el ministro de Salud y que ha originado estos dimes y diretes, estamos ante hechos anómalos puntuales cometidos por una minoría de médicos funcionarios, los cuales están siendo sumariados y quienes, de ser encontrados culpables, van a tener que asumir el costo del descrédito por sus malas prácticas.
El hecho que una ínfima minoría de un gremio de profesionales se aparte de los sanos comportamientos que debieran tener no significa que todos los médicos actúan de igual forma. Estamos ante lamentables prácticas que no volverán a ocurrir, y si se repiten, van a ser aisladas en el tiempo, como consecuencia de los mayores controles que se implementarán en los hospitales.
Lo anterior nos trae a la memoria dos situaciones irregulares de real envergadura, falladas hace dos años por la Contraloría y que afectan a servicios e instituciones del Estado que cometieron graves ilegalidades, a sabiendas que estaban procediendo incorrectamente. Nos referimos al Serviu Metropolitano, que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual, en conjunto con la Municipalidad de Lo Barnechea, ejecutó un proyecto de mil 500 viviendas sociales en la ribera sur del Parque Río Mapocho, cuyo suelo es área verde afectada por riesgo de inundación y por lo tanto no apto para la edificación, y a la Universidad de Chile la que mediante la Fundación Valle Lo Aguirre, dirigida por un ex ministro de defensa del gobierno de Patricio Aylwin, pretendió llevar a cabo un megaproyecto inmobiliario denominado Centro Tecnológico en las mil hectáreas que corresponden al Parque Laguna Carén, donado por el Estado a nuestra principal universidad en 1994 y localizado en la contaminada comuna de Pudahuel.
Ambos parques integran el Sistema Metropolitano de Areas Verdes y Recreación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde 1994 y en cuyo artículo 5.2. se menciona que estos territorios son de carácter público o privado, no aptos para los asentamientos humanos y que, en su conjunto, generan un nivel adecuado de saneamiento ambiental y de resguardo del bienestar de la comunidad. Esto lo decía dicho instrumento normativo antes de que esta región fuera declarada latente y saturada de diversos contaminantes.
Tenemos conocimiento que tanto un ex ministro de vivienda como la alcaldesa de Lo Barnechea, le solicitaron en su oportunidad al contralor que reestudiara el dictamen respectivo para que, ante su eventual cambio, se validara legalmente el proyecto de las viviendas sociales en cuestión.
Lo mismo hizo la Fundación Valle Lo Aguirre, que actuaba en representación de la Universidad de Chile. Incluso a esta última, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le autorizó un crédito de 20 millones de dólares (con aval del Estado) para iniciar las obras de construcción.
No está de más mencionar que el BID conoció el lapidario dictamen de la Contraloría y según tenemos entendido, no se ha materializado el préstamo, por razones obvias.
Nosotros no sabemos cómo les ha ido a estos entes públicos, con sus deseos para que la Contraloría modifique los dos dictámenes que invalidaban sus proyectos. Lo que sí sabemos es que la población de las viviendas sociales ha llegado a término, inaugurada el año pasado por el Presidente de la República, y también tenemos conocimiento que no han ingresado las máquinas retroexcavadoras al Parque Laguna Carén.
Lo primero fue posible porque en la fecha del informe del ente fiscalizador ya se había consolidado el 80 por ciento de la construcción de las viviendas y con respecto al segundo caso sabemos que el BID finalmente no cursó el crédito.
En resumen, la situación de los médicos es muy distinta a los casos relatados, ya que los primeros proceden a títulos personales, lo que es diametralmente opuesto a lo que acontece con las entidades públicas involucradas en las ilegalidades que hemos dado a conocer. En el caso de la Universidad de Chile se podría alegar que ella no intervino directamente en los trámites para obtener los permisos sectoriales.
Lo que sí está claro, es que no hubo reconsideración por parte de la Contraloría General de la República en ninguno de los dos casos reseñados, porque si así hubiese sido, nosotros teníamos la obligación de ser informados de esa hipotética modificación, ya que éramos una de las organizaciones ciudadanas que formulamos ante ella las respectivas denuncias.
* Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
