Creo que las organizaciones de consumidores organizados deben tener un activo papel regulador en relación con la esfera política. Por ejemplo, deben participar en las decisiones sobre las inversiones en diferentes tipos de energía, así como en las determinaciones generales en torno a los precios y cobros que aplican las empresas distribuidoras.
En el articulo de la semana pasada comencé a tratar este tema planteando primero sus condiciones teóricas generales, y alcancé a mencionar algunas direcciones de las luchas por la democratización. La primera es la capacidad de incidir con poder de decisión sobre el mercado laboral, lo que implica crear marcos institucionales que permitan un sindicalismo fuerte. La segunda es la lucha por introducir regulaciones que impidan que los mercados sean manejados por los agentes económicos más fuertes.
Terminé el artículo anterior diciendo que, a mi juicio, establecer regulaciones no equivale a dotar al Estado de esa capacidad. Creo que un aspecto decisivo de ella debe residir en la sociedad, es decir, en los ciudadanos organizados. Esto implica que las organizaciones de ciudadanos deben ser dotadas de capacidad de incidir en las decisiones de mercados claves, como el de la salud, la educación o la energía. Un análisis de este último mercado permite ilustrar lo que propongo, las condiciones y también los limites de una regulación cuyos sujetos son los ciudadanos.
Creo que las organizaciones de consumidores organizados deben tener un activo papel regulador en relación con la esfera política. Por ejemplo, deben participar en las decisiones sobre las inversiones en diferentes tipos de energía, así como en las determinaciones generales en torno a los precios y cobros que aplican las empresas distribuidoras.
Esa regulación, relacionada con aspectos estratégicos y que tiene como actores principales a los ciudadanos organizados puede denominarse regulación política. En ella se discute acerca de problemas generales del desarrollo del país y de los intereses que afectan a los ciudadanos en cuanto consumidores de energía. Como es obvio, ninguno de esos temas tiene un carácter básicamente técnico.
Pero existe otro nivel de regulación que es técnico, el cual debe corresponder a los organismos estatales. Tiene relación tanto con las condiciones de la competencia como sobre los litigios de intereses entre las empresas productoras y distribuidoras de energía, así como con los problemas que los órganos participativos de ciudadanos les planteen en forma de consultas.
La idea de fondo es que en el mercado, como espacio de lucha entre intereses contrapuestos, puedan participar también los consumidores, los principales afectados por los mercados desregulados -a los cuales habría que llamar más bien regulados por las empresas más fuertes.
Otra área decisiva de la democratización del mercado es la participación organizada de los ahorrantes en los directorios de las AFP. ¿Por qué esas instituciones, que tienen la misión de invertir de manera adecuada fondos de pensiones de diferentes categorías de trabajadores, están dirigidas por quienes solo son sus recaudadores? ¿Por qué toman decisiones de inversión sobre fondos que no les pertenecen y por cuya administración cobran, además, un porcentaje?
Es sabido que las AFP son grandes inversores institucionales cuyas decisiones definen de manera importante las ganancias de los accionistas de las diferentes empresas. Las personas que participan en esos directorios tienen poderes de disposición sobre montos significativos de dinero, y sus decisiones, aunque estén ilustradas por información técnica, son políticas. Además, cada una de ellas está involucrada con los intereses de grupos económicos.
¿Por qué razón podría ser irracional que los directorios fueran integrados mayoritariamente por representantes de los trabajadores que entregan sus ahorros previsionales a la empresa? Se podrá argüir que no tienen los conocimientos necesarios. Eso sería válido si los directorios actuales estuvieran integrados por técnicos, pero éstos son apenas una proporción de los miembros.
La función latente de esos directorios es la de constituir espacios de negociación entre grupos económicos, en los que se toman decisiones que afectan intereses de empresas en competencia.
En la última campaña presidencial la candidata Gladys Marín incluyó esta medida en su programa. Obviamente, nadie la comentó ni habló sobre ella. Todo el mundo se hizo el desentendido. Creo que el silencio demuestra que ésta constituye una de las luchas más importantes por la democratización del mercado.
El último aspecto que quiero comentar se refiere a la necesidad de reconstruir un movimiento cooperativo poderoso. La suerte corrida por Habitacoop no puede ser interpretada como una muestra de la ineficacia del sector, pues si fuera así tendríamos que atribuirle un sentido similar a las quiebras del sector privado.
Lo ocurrido en dicha empresa proporciona de todos modos una lección: la necesidad que los socios de la cooperativa participen activamente en la gestión y no cedan esas atribuciones a los ejecutivos.
Podría continuar con la enumeración de medidas que al mismo tiempo señalan áreas de luchas. Prefiero reiterar el sentido más general de las demandas de democratización del mercado. Ellas no suponen que el capitalismo sea corregible actuando solo en el nivel de la distribución: buscan plantear una zona de resistencias factibles contra la desenfrenada tendencia capitalista al lucro, y contra su demanda de la máxima desregulación de los mercados.
VEA ADEMAS:
Democratización del mercado (I parte)
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