Esta discusión no es nueva. Ya desde 1991, cuando se presentó al Parlamento una primera reforma al Código del Trabajo elaborado por el gobierno militar, se habló del encarecimiento de los costos y sus efectos laborales.
En el momento en que la discusión económica se centra en el rol fundamental de la política monetaria y fiscal en la reactivación, se ha publicado un documento que reabre el debate en torno a la reforma laboral.
Felipe Morandé (ex gerente de la División de Estudios del Banco Central) y Raphael Bergoeing han divulgado un estudio denominado Crecimiento, empleo e impuestos al trabajo. Su tesis central -o la más difundida en los medios de comunicación- es que la discusión sobre la reforma laboral iniciada en 1999, al término del gobierno del Presidente Eduardo Frei, habría implicado que desde entonces los empresarios, previendo un alza del costo de la mano de obra, redujeran la contratación de trabajadores y optaran por cambios tecnológicos.
Esta peculiar argumentación, sustentada por un modelo econométrico, asume un alza en el costo del trabajo de 6.75 por ciento desde esa fecha, ante la expectativa de la reforma laboral. Y concluye que «la declinación de la actividad económica en Chile en los últimos tres años puede ser el resultado de los importantes gastos generados por el alza del costo laboral, que son percibidos por los agentes económicos como resultado de la propuesta de reforma laboral que se estaba debatiendo» (Bergoeing y Morandé, op.cit.).
El citado documento académico no menciona el consenso que existe en la actualidad en torno a que uno de los factores que más ha impactado negativamente sobre la economía y ha provocado masivo fin de empleos ha sido la política monetaria contractiva aplicada desde 1999 hasta fines del 2001.
De hecho, la nueva contracción que se produjo el año 2001 se relaciona con tasas de interés de referencia más altas que las esperadas para volver a invertir, pagar deudas o consumir. Ese año todas estas variables cayeron más abajo de los niveles previamente alcanzados en el año 2000, deterioro que fue ratificado luego de la revisión de Cuentas Nacionales efectuada por el Banco Central que muestra un crecimiento inferior del PIB y un consumo nacional que creció solo un 1.4 por ciento y no 3.2 por ciento, como se había calculado con anterioridad.
Solo a fines del año 2001 la política monetaria asumió un rol compatible con el propósito de la reactivación, al rebajar más sustancialmente la tasa de interés.
En esa fecha, los costos laborales medidos en dólares habían disminuido objetivamente mientras subía el costo del capital, no sólo por el efecto tasa de interés sino también por el alza del tipo de cambio. Además, las exportaciones ya generaban niveles de empleo similares a los anteriores a la crisis. Mientras tanto, el sector más deprimido de la economía nacional era el de la producción dirigida al consumo interno, que genera el 71 por ciento de los empleos.
Indudablemente, una rápida recuperación de la economía internacional, en particular la estadounidense, tendría un efecto favorable debido a los bienes y servicios indirectos que se requieren para las exportaciones, pero la depresión de la demanda interna ha tenido una efecto particularmente serio sobre las PYME.
En las empresas de más de 50 trabajadores el empleo ha crecido alrededor de un 5.2 por ciento anualmente desde 1999, lo que contradice la investigación de Morandé. Inversamente, las empresas de menos de 50 trabajadores, generadoras de más del 60 por ciento del empleo nacional, se han transformado a su pesar en las principales causantes de la cesantía, expulsando mano de obra desde 1999.
Adicionalmente, el documento de Morandé trabaja con el supuesto que el pago al capital tiene una incidencia de 0.3 en los costos de producción, valor que difiere del 0.5 que se calcula en las Cuentas Nacionales. Con ello, el modelo econométrico asume que un incremento del costo del trabajo tiene una incidencia de 0.7 en los costos de producción, y no de 0.5, como lo indican las estadísticas del Banco Central.
El estudio tampoco considera que la reforma laboral comenzó a regir recién en diciembre de 2001, y que difícilmente un empresario racional despediría a sus trabajadores experimentados con meses o años de anticipación previendo una reforma laboral futura. De hecho eso no ocurrió, y en el trimestre enero-marzo de 2002 tenemos la mayor cantidad de ocupados de los últimos cuatro años, manteniendo tasas de desempleo aún altas derivadas de los bajos niveles de actividad y últimamente de la expansión de la fuerza de trabajo.
Esta discusión no es nueva. Ya desde 1991, cuando se presentó al Parlamento una primera reforma al Código del Trabajo elaborado por el gobierno militar, se habló del encarecimiento de los costos y sus efectos laborales. Esta reforma, aprobada durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, aumentaba objetivamente el costo del despido, ya que establecía que el techo de las indemnizaciones a pagar aumentaría de 5 a 11 meses. A pesar de eso, la tasa de desocupación siguió bordeando el 6 por ciento hasta 1999, el PIB creció al 7.0 por ciento y el consumo interno en torno al 8 por ciento anual, hasta la crisis internacional de 1998.
Además de olvidar el efecto objetivo de las tasas de interés en la actividad económica, la investigación no menciona que en el intertanto se produjo una crisis internacional que implicó el derrumbe de gran parte de los sueños de los tigres asiáticos, la que se acentuó luego de otro derrumbe, el de las Torres Gemelas, que provocó una fuerte desaceleración de la hasta ese momento exitosa economía norteamericana.
Las expectativas sobre normas laborales pueden ser importantes en la economía, pero no eliminan los efectos de la tasa de interés en un sentido u otro respecto de los niveles de actividad. De no ser así, el señor Greenspan sería el próximo candidato al desempleo.
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