Un profundo error se encubre con las apelaciones a la equidad y la solidaridad: estamos ante la suspensión de un derecho laboral, reconocido desde hace años por el gobierno de Chile y reiterado hace cerca de dos años en el Convenio 183 de la OIT.
Sorpresa nos ha causado a muchas mujeres la rapidez con que autoridades de gobierno, dirigentes políticos y parlamentarios progresistas de la Concertación han propuesto y aplaudido el financiamiento del Plan AUGE que incluye el fin del pago con fondos públicos del mal llamado «subsidio maternal» a las mujeres que cotizan en las isapres.
Dicho pago sería transferido a un Fondo integrado con el 0.6 por ciento de las remuneraciones de los y las cotizantes del sistema público y privado. La complacencia extraña más cuando se hace en nombre de la equidad y la solidaridad, principios que compartimos plenamente.
Cientos de mujeres de todo el país reunidas en el Parlamento de Mujeres, realizado con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de mayo) expresaron su preocupación porque no haya sido abordado el tema de la mayor desigualdad que sufren las trabajadoras que cotizan en las isapres (el 30.9 por ciento, muchas de ellas profesoras, profesionales y técnicas de nivel medio) en el costo de los planes de salud.
En efecto, las mujeres en edad fértil deben pagar tres y más veces el valor por un mismo plan que un varón, a menos que declaren que no tendrán hijos o que renuncian a la cobertura maternal.
No deberían sorprendernos los resultados del censo que revelan muy bajas tasas de fecundidad: ser madre se hace crecientemente caro para las mujeres de sectores medios. El principio de igualdad quedaría asegurado si el Plan AUGE llevara a la nivelación de los costos de los planes de salud de las isapres, que operan como cualquier seguro estimando como alto riesgo la maternidad y asegurando así sus utilidades.
En segundo lugar, llama la atención que se apele a la «solidaridad» para asegurar un bien social como la maternidad. La mejor expresión de que la sociedad en su conjunto asume este bien social es precisamente que la remuneración de las trabajadoras -todas ellas: empleadas domésticas, obreras, secretarias, comerciantes, profesionales y ejecutivas- durante el pre y el postnatal sea cubierto con fondos públicos, es decir, aportados por todos los habitantes de este país.
Trasladar su financiamiento a los/as cotizantes -incluidos los/as jubilados/as- representa una renuncia del Estado a garantizar este bien social y una mala señal para otros derechos relacionados con la reproducción social.
Un profundo error se encubre con las apelaciones a la equidad y la solidaridad: estamos ante la suspensión de un derecho laboral, reconocido desde hace años por el gobierno de Chile y reiterado hace cerca de dos años en el Convenio 183 de la OIT. Por décadas ha sido una reivindicación de las trabajadoras de todo el mundo contar con el derecho al «salario maternal» (según su denominación en Brasil y otros países).
Con el cambio propuesto, en el caso de las cotizantes de las isapres, este salario maternal es transformado en un tema de salud, y deja de ser un derecho laboral para quedar sometido a los vaivenes del mercado de seguros de salud. Al mismo tiempo, se trasladan fondos destinados a financiar la salud para pagar remuneraciones. Con este cambio, la mujer trabajadora será castigada en su salario a la hora de la maternidad.
Con la idea de que los sueldos de algunas mujeres son muy altos se está borrando de una plumada un derecho que debería ser universal, habiéndose limitado ya el monto al establecerse un tope. De hecho, el financiamiento actual del «salario maternal» evita parte de la discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado laboral.
Si se trata de solidaridad, ¿por qué es un tabú lo que en los países desarrollados que tanto admiramos es algo básico: el aporte patronal? Sólo los accidentes laborales cuentan con ese aporte, cuando hasta 1981 su contribución a las cotizaciones superaba la de los y las trabajadoras. ¿No sería pertinente reponer ese debate antes que poner en peligro la reproducción social eliminando el derecho al salario maternal? ¿No sería mejor elevar el tope de las cotizaciones?
Quienes por años hemos luchado por los derechos de las mujeres, por la igualdad y la equidad, no hemos sido consultadas ni antes de proponer la medida, ni en el «debate público» que se habría iniciado sobre el tema. Pensamos que es hora de hacerlo.
* FLACSO-Chile, Grupo Iniciativa Mujeres
