El 3 de mayo, con motivo de la celebración del día mundial de la Libertad de Expresión, el ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, se comprometió ante la opinión publica a proteger y ampliar la libertad de expresión. En esa ocasión señaló: «El Gobierno va a enviar antes de 30 días un conjunto de indicaciones destinadas a proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Chile».
Entre las medidas comprometidas por el ministro están la despenalización de los delitos de opinión, la derogación de la figura el desacato y la revisión de la penalización de los delitos de injurias y calumnias.
El gobierno, por medio de su vocero, precisó: «El propósito del gobierno es ampliar los márgenes de libertad y ampliar la democracia, de manera de perfeccionarla y modernizarla».
Los gobiernos de la Concertación se han caracterizado por utilizar la «Libertad de Expresión» como una bandera de lucha, a pesar de que se trata de un derecho inalienable a todo ciudadano, y como tal, nos corresponde a todos per se, es más, el Estado está obligado a reconocer tal derecho y velar por su respeto irrestricto.
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Así de claro lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual Chile es Estado parte.
Como se sabe, en el país aún se encuentran vigentes leyes que coartan, por no decir que eliminan, la libertad de expresión. Cuando esta libertad se ejerce respecto de altos funcionarios públicos o autoridades, estos -por el hecho de ocupar ciertos cargos públicos- ostentan una especie de escudo protector, que los hace invulnerables e incriticables y, sobre todo, privilegiados ante la ley, permitiéndoles reprimir y sancionar con especial severidad a quienes puedan osar discrepar de la manera cómo están ejerciendo una determinada función.
Los buenos gobiernos son aquellos que cumplen sus compromisos. En este caso, objetivamente, el gobierno no cumplió su compromiso. Los treinta días han pasado y no se ha sabido del envío de proyecto alguno. ¿Será acaso que nuevamente se requerirá que alguien vaya preso por sus expresiones para que el Gobierno retome esta imperativa determinación?
Las reiteradas promesas incumplidas lesionan gravemente la fe pública, ponen en riesgo la credibilidad de las autoridades frente a la opinión pública y debilitan y deterioran a todo nuestro sistema democrático.
Aprovechemos como país esta oportunidad de demostrar que aquí los derechos humanos, cualquiera que estos sean, se respetan y amparan sin restricciones, pues estos, por su condición de tales, no admiten excepciones.
