En medio de este complejo problema, un candidato, Uribe Vélez, planteó en campaña que lo que había que hacer, como tema prioritario, era construir un orden recurriendo a la fuerza del Estado, a sus fuerzas armadas.
Dos ideas simplemente expresadas, con muy escaso desarrollo, orden y autoridad sirvieron para dirimir el debate electoral que tenía como propósito la elección del nuevo Presidente de los colombianos, que regirá sus destinos entre agosto de 2002 y agosto de 2006.
Estas dos ideas reflejan de alguna manera la cruda realidad del país en la cual la mayoría de la población se muestra profundamente hastiada con la guerra y quiere un mínimo de orden, así sea respaldando salidas efectistas de alguien que, como el Presidente electo, Alvaro Uribe Vélez, estaba ahí para ofrecerlas, así él mismo supiera que los problemas de Colombia son mucho más de fondo.
Lo que estas ideas expresan -de manera genérica, por supuesto- es que los colombianos se hartaron de la guerra. Los desmanes de guerrilleros y paramilitares y un proceso de paz fracasado y sin resultados son algunos de los elementos que atizaron esa incredulidad de los colombianos con relación a una salida política negociada a la crisis.
Los colombianos votaron así porque son débiles los elementos de una cultura política colectiva que comprenda, por lo menos en la capa de ciudadanos medios, cuáles son los reales problemas que dieron origen a la violencia política que amenaza con la propia existencia de nuestro país y cuáles serían los reales instrumentos para salir de la encrucijada en que nos encontramos, desde hace unas cinco décadas.
Por ejemplo, en Colombia siguen siendo cruciales para explicar el conflicto la inexistencia de políticas de reforma agraria y urbana que limite el poder de los terratenientes, ponga al sector público del lado de los campesinos sin tierra y de los pobres urbanos, no solo para relegitimar el Estado, sino para resolver problemas básicos alimentarios y viviendas dignas por fuera de los cinturones riesgosos que amenazan diariamente la vida de los pobres urbanos.
Esta es una realidad cuyo abordaje requiere voluntad y decisión política, como la requiere poner a pagar impuestos a los grandes conglomerados económicos y financieros, limitar su poder sobre los medios de comunicación (en Colombia cinco grupos dominan el 82 por ciento del total de los medios de comunicación) y en general realizar un conjunto de reformas económicas y sociales que están en la base de la conflagración armada que se extiende por el conjunto del país.
Sin embargo, y contra estos diagnósticos que dominan en la academia pero que no aparecen en los medios de comunicación, el mensaje ganador en las elecciones fue el de mano dura frente a los actores armados, pero principalmente en contra de las guerrillas, cada vez más desprestigiadas por el abuso en materia de derechos humanos y por las reiteradas violaciones a los derechos políticos y democráticos de la población civil.
Autoridad para conseguir un orden y una seguridad para los colombianos; un millón de civiles enrolados como informantes de las Fuerzas Armadas gubernamentales en contra de los terroristas; leyes fuertes aún a costa de las libertades civiles y políticas; revocatoria del Congreso en manos de los politiqueros y sacrificios económicos y sociales para dedicar mayores recursos para la guerra. Todo ello se afirmó y se propuso por el candidato ganador, hoy Presidente electo, en medio de la campaña presidencial y en un país en el cual el 64 por ciento del total de su población se encuentra en situación de pobreza, es decir, 25.6 millones de colombianos, de los cuales unos nueve millones se encuentran en situación de miseria.
En un país en el cual el total de la deuda interna y externa, significa el 48 por ciento de su producto interno bruto anual, unos 50 mil millones de dólares. En Colombia el desempleo abierto esta por encima del 18 por ciento de su población económicamente activa y un 32 por ciento restante vive del rebusque, en oficios inventados en las actividades informales de la economía. El 82 por ciento del total de los habitantes que viven en el campo se encuentran en situación de pobreza.
En un país, Colombia, en el cual se ha resquebrajado el principio del monopolio en el uso de las armas, dado que tres ejércitos se disputan y dominan partes importantes de su territorio. Unas guerrillas que disponen de unos 30 mil hombres en armas y de recursos abundantes provenientes del impuesto que cobran a cultivadores y a laboratorios procesadores de sustancias sicoactivas y al rescate que cobran por miles de secuestros que ejecutan cada año.
A su lado, y también muy bien equipadas y financiadas por el narcotráfico, se encuentran las fuerzas paramilitares que asesinan civiles a quienes ellos vinculan las más de las veces de manera arbitraria, con redes de apoyo a las guerrillas. Actúan en la impunidad total y a veces cuentan con la colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas gubernamentales.
Estas cuentan con un ejército de cerca de 100 mil hombres y con fuerzas de policía militarizadas con unos 120 mil hombres para cubrir un territorio de más de 1 millón trescientos mil kilómetros cuadrados. En muchas regiones del país, cada uno de estos tres actores mantiene un dominio territorial y un control no solo represivo sino económico sobre los diversos actores que viven en estos territorios.
En medio de este complejo problema, un candidato, Uribe Vélez, planteó en campaña que lo que había que hacer, como tema prioritario, era construir un orden recurriendo a la fuerza del Estado, a sus fuerzas armadas. Cuando no se había reventado el proceso de negociación este candidato afirmaba con toda tranquilidad que el día 8 de agosto entraría con las tropas gubernamentales al Caguán, es decir, que daría por terminado el proceso de negociación del Estado colombiano con las guerrillas de las FARC.
Es verdad que el discurso tan agresivo en un comienzo se fue moderando en la medida en que el hoy presidente se iba afirmando en el primer lugar de las encuestas y al contar con el apoyo de los medios masivos de comunicación y los grandes conglomerados económicos y financieros, los grandes debates sobre lo que pensaba el candidato y hoy Presidente sobre éste y sobre otros temas de la agenda nacional nunca se conoció.
El candidato Uribe ganó con el 53 por ciento del total de los votos en la primera vuelta y en medio de una abstención del electoral del 54 por ciento. Pese a todas las apreciaciones de esos mismos medios que hablan de una aplastante victoria, ésta hay que reducirla a sus justas proporciones.
Uribe logró un importante resultado electoral que le permitió ganar en primera vuelta, la primera vez que sucede en las últimas tres elecciones presidenciales, o lo que es lo mismo, desde que se estableció el sistema de la doble vuelta en la Constitución de 1991. Sacó menos votos que Pastrana en las elecciones de 1998, y la abstención fue mayor que la registrada en la primera vuelta de dicho año.
Quizá por ello, o consciente de ésta realidad, el Presidente electo lo primero que declaró es que recurriría a la mediación internacional de la Organización de Naciones Unidas para intentar un nuevo proceso con las guerrillas y éstas habían expresado que estarían dispuestas a negociar con quien ganara en las elecciones.
Cada uno endurece su posición: Uribe exige cese de hostilidades y acuerdo humanitario, y las FARC piden de entrada el despeje ya no de cinco municipios, sino de dos departamentos, Putumayo y Caquetá, para volverse a sentar a la mesa. Pero lo interesante es que estamos otra vez en medio de la discusión del la negociación y el diálogo.
Esto no lo habría pronosticado nadie una semana antes de las elecciones, pero lo concreto es que ahora nos encontramos nuevamente barajando la posibilidad de la negociación política. Es obvio que cambió la posición del recién electo Presidente, pero también lo es que esta es la salida que más le conviene al país.
Muy seguramente antes de su posesión, el 7 de agosto próximo, habrá encuentros nuevamente entre la comunidad internacional y las guerrillas de las FARC y quizás se pueda abrir un nuevo proceso. Sin embargo, son muchos los analistas que consideran que la estrategia de Uribe no ha cambiado, y que lo que trata es de profundizar el aislamiento de las guerrillas ya lo suficientemente desprestigiadas entre las amplias mayorías. Pero no debe dejarse de lado que se abre una pequeña luz de esperanza y que la comunidad internacional puede volver a jugar un papel trascendental en el acercamiento entre los actores irregulares y el Estado colombiano.
Un segundo frente en donde la cuestión será igualmente complicada está relacionado con el manejo económico. Uribe anunció que buscará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y procurará una renegociación de alguna parte de la deuda externa, y advirtió al Banco de la República, organismo dominado por los monetaristas y neoliberales, que deberían cambiar de cartilla para el manejo económico.
Todo ello lo coronó con el nombramiento de Roberto Junguito en la Cartera de Hacienda. Junguito es el actual representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional y durante los últimos ocho años aplicó la cartilla desde la Junta Directiva del Banco de la República.
Una vez nombrado el nuevo ministro, señaló que habrá renegociación pero dejó en claro que se hará con la filosofía del sudor y lágrimas, es decir, con el sacrificio de los de abajo y de las clases medias. Unas de cal y otras de arena.
Los anuncios sonaron lógicos pero los nombramientos ensombrecieron de nuevo el panorama. El nuevo ministro habló de la necesidad de aplicar una reforma en el sistema de pensiones y en seguir con el ajuste fiscal en medio de una recesión generalizada. No se ve claro que salgamos de esta situación con la cartilla del FMI, que consiste en la reducción del gasto público y en el cumplido pago de la deuda externa.
Esta política enrarecerá no sólo el panorama laboral en donde los sindicatos enfrentarán la defensa de los intereses, llamados ahora privilegios, de los trabajadores, sino también cualquier entendimiento de fondo con las guerrillas para quienes los proyectos de resolución de la crisis con base en mayores sacrificios de la gente, no es más que el clima de hostilidades sociales.
Uribe pide «cese de hostilidades militares y respeto al Derecho Internacional Humanitario», y las FARC piden «cese de hostilidades sociales», es decir, concesiones en la política económica neoliberal. Si lográramos arrancar por allí, es probable que el diálogo realmente pueda desempantanarse y arrancar.
(*) Presidente Corporación Viva la Ciudadanía, de Colombia.
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