El caso trascendió a la prensa hace algunos días (en El Mostrador del 14 de junio). Un funcionario de alto rango del Ministerio de Minería, de tercer nivel jerárquico, satura la banda ancha de la red estatal dedicando recursos fiscales y tiempo pagado por el Estado, para dedicarse a bajar a su estación de trabajo videos pornográficos desde los más diversos sitios de Internet.
Antes no había «pornógrafo»
Un chiste viejo contaba que a un huasito le ofrecían ver pornografía y él contestaba «es que yo no tengo pornógrafo». Sin lugar a dudas, el servidor público de marras tenía ese problema solucionado con su conexión a banda ancha a Internet, dentro de su trabajo.
Algo que dará para mucho. Alguien dará un relajado enfoque informático y sostendrá que esto se soluciona simplemente ampliando el ancho de banda del gobierno para que los internautas naveguen a gusto y puedan atender sus requerimientos de manera expedita. Otros, más frescos, podrán decir que todo fue un malentendido: seguramente la orden entregada por el Ministerio de Minería a este empleado, fue «supervisar las minas» y él lo entendió así… Y no faltará el que saque por Internet la oferta de los «90 sitios porno» del famoso internauta del Ministerio.
Más allá de las bromas que puede provocar una noticia como la comentada, cuando mandos medios de menor nivel transgreden la probidad administrativa, las sanciones suelen ser drásticas. La gente espera resultados de este caso para ver si se actúa con la misma vara. El temor es que aparezcan lealtades malentendidas con el funcionario de marras, bajándole el perfil a lo que ya se ha denominado «su adicción por la pornografía».
Al respecto me imagino debates simpáticos. Algún canal de televisión anotó que estamos frente a una nueva enfermedad que se da en medio de la globalización. Se trataría de una nueva patología: la porno adicción. Causada por el stress laboral que producen horas frente al computador o por la presión que causan frustraciones sexuales y afectivas de adolescencia. Quizás alguien explique a través de la sicología de sobremesa que el caso en cuestión es digno de licencia médica o de año sabático ya que el porno-adicto ha gatillado su enfermedad por estar demasiado tiempo con la mano sobre el ratón, lo que suele provocar reminiscencias sexuales de la pubertad.
Seguridad y redes
Siempre se ha sostenido que Internet es una herramienta moralmente neutra y depende de las personas el uso y provecho que saca de ella. Cuando se navega desde redes corporativas estas situaciones se pueden evitar con una buena administración. Existen sistemas de filtro para la navegación de las personas dentro de redes Intranet, programas firewall que pueden bloquear la navegación a sitios inseguros o de categoría pornográfica. Dejar espacios abiertos para sitios pornográficos es permitir que se carguen a la red gusanos, cookies o virus, con la posibilidad de hackeo y adulteración de información en los sistemas.
Se trata de una cuestión que maneja cualquier Webmaster que se respete. Por lo tanto, resulta increíble que no se haya detectado a este navegante porno-adicto a tiempo, no por cuestionamientos morales sino simplemente por el ancho de banda que ocupaba en la red. La responsabilidad de manejo de una red del Estado obliga a ser paranoicos por la seguridad, y por esto no se entiende que una fuga de este tipo no haya sido prevista y corregida a tiempo. Por un lado debe mejorarse los sistemas de control y por otra limpiarse la Administración de este tipo de conductas impropias.
Dar una señal a la Administración
Si revisáramos las sanciones que amerita el hecho lo mínimo sería una desvinculación con retiro de confianza, si el nivel del cargo es de libre designación del Ministro, o un rápido sumario administrativo si se trata de un funcionario de carrera, lo que podría significar su expulsión de la administración del Estado.
Los principios establecidos por la Ley de Probidad Administrativa (Ley 18575 del 05.12.1986 y Ley 19653 del 14.12.1999) son categóricos y debieran aplicarse con rigor en esta situación, ya que es una situación que seguramente se repite en distintas instituciones, constituyendo un problema cultural de muchos servidores públicos. Acá se ha transgredido a lo menos dos elementos de la Ética Pública, con el uso impropio de bienes fiscales para uso personal, y la falta de integridad del funcionario que falta a la confianza que la Administración ha depositado en él. Por mucho menos, cualquier empleado de rango menor es expulsado inmediatamente de la función pública.
No es sano para la Administración, frente a este tipo de situaciones, que se deje pasar el tiempo. dejándolo en el anecdotario de los «condoros chilensis». Es necesario dar una señal ejemplar para que en otras instituciones de frenen oportunamente estas conductas de los porno-adictos.
¿Cuándo creamos la Agrupación de los Porno-Adictos Anónimos? Pituto para los amigos sicólogos.
