Lo importante, en términos de estrategia y diseño de política, es no olvidar que la pobreza, entendida ya sea como carencia de ingresos o disposición cultural, es por sobre todo una construcción social de largo aliento.
El Presidente Lagos anunció en su discurso del 21 de mayo una nueva estrategia para combatir la miseria en nuestro país. Este sistema integral de protección social, denominado Chile Solidario, alcanza a las 225 mil familias más pobres.
A pesar de la importante reducción de la pobreza observada durante la década de los ’90, un grupo no menor de familias sigue siendo extremadamente pobre.
Chile Solidario es un sistema de prestaciones que combina asistencia y promoción, con la familia como sujeto fundamental de su acción. El sistema ofrece al 5 por ciento de familias más pobres un apoyo personalizado y un bono de 10 mil 500 pesos a lo largo de un año. Un contrato familiar resguardará el cumplimiento de los compromisos contraídos.
Si antes las prestaciones sociales se entregaban sobre la base de la demanda de los individuos a los servicios públicos, hoy es el Estado el que se dirigirá a las familias y focalizará estas prestaciones automáticamente (sin postulación previa) en ellas. El enfoque propuesto tiene, asimismo, un fuerte énfasis sicosocial centrado en la familia como el eje de la intervención.
Gatillar la movilidad
Si pudiéramos observar detenidamente y por varios meses las salas de espera de un municipio cualquiera, constataríamos que hay un número no menor de familias que nunca egresan de la red estatal, que siempre están allí. Es decir, para quienes el acceso a subsidios sociales se ha convertido en un ingreso estable del presupuesto familiar.
El desafío de hacer egresar a las familias de la red estatal, de facilitar su autonomización y de gatillar procesos de movilidad social no es un desafío menor. La pregunta es cómo hacer para que esta red se transforme en un factor de impulso hacia la movilidad y el egreso, y no un bolsón sin fondo.
Si la apuesta de los ’90 fue el crecimiento con equidad y participación ciudadana, hoy la propuesta de este sistema Chile Solidario pareciera centrar todos sus esfuerzo en el compromiso contractual entre las mismas familias y el Estado. El Estado protege y abre oportunidades, y las familias se comprometen a usarlas en función del logro de la superación de la pobreza, previa firma de un contrato entre ambas partes.
La cultura de la pobreza
El nuevo enfoque de política social parte del supuesto que quienes están bajo la línea de la indigencia comparten una misma cultura, la cultura de la pobreza, de la resignación y el dejarse estar. La invitación al esfuerzo que el Estado hace a estas familias sintetiza muy bien este diagnóstico. Y no se equivoca, por cierto, pues si hay algo que caracteriza a una buena parte de la pobreza dura, es la desesperanza aprendida.
Lo importante, en términos de estrategia y diseño de política, es no olvidar que la pobreza, entendida ya sea como carencia de ingresos o disposición cultural, es por sobre todo una construcción social de largo aliento. La desesperanza, las viejas y arraigadas prácticas clientelares y los habitus de la pobreza no se transforman por la simple voluntad o esfuerzo de las personas, y tampoco por una cartera de subsidios y un contrato firmado entre la familia y algún esforzado trabajador social.
Si algo caracteriza fuertemente a la cultura de la pobreza es su dureza, su impermeabilidad, su invisibilidad social, su carencia de vínculos, de soportes, de referencia y pertenencia desde donde imaginar, construir y sostener proyectos vitales y sociales.
El enfoque centrado en la familia que propone el nuevo sistema de protección social descuida esta dimensión de invisibilidad tanto como el acceso de estas familias a círculos sociales diversos más allá de los estrechos límites del hogar y el Estado.
Romper con la extrema vulnerabilidad e invisibilidad de estas familias, exige necesariamente garantizarles nuevos y más amplios espacios sociales, no como una acción asistencial y caritativa, sino como el primer paso hacia un pacto social conducente a reconstruir los puentes, las solidaridades y las espacios de cohesión y confianza tan brutalmente deteriorados en nuestro país.
Una segundo alcance a este nuevo sistema de protección social dice relación con la sustentabilidad de los procesos que se desea gatillar. Que las familias decidan esforzarse y apostar a la movilidad social, no asegura que las condiciones para el éxito de tal esfuerzo estén dadas una vez retirados los beneficios estatales.
Es en el acceso al trabajo sin duda que las familias encontrarán el soporte más importante para asegurar su inscripción en la estructura social y también la sustentabilidad de cualquier proyecto que quieran iniciar. Existe, en efecto, una correlación fuerte entre el lugar ocupado en el trabajo y la participación en redes de sociabilidad y sistemas de protección que cubren a un individuo y su familia frente a los riesgos de la vida.
Gatillar procesos de movilidad social entre los más pobres obliga, por tanto, a hacer de la experiencia y las condiciones de trabajo un componente de la preocupación pública. De manera más radical, significa reponer el trabajo como actividad sobre la cual se reflexiona, se debate y se interviene con objeto de humanizar la existencia de las personas y la sociedad.
En síntesis, una red de protección social amplia e incluyente y el acceso a un trabajo digno son la mejor garantía de éxito de una estrategia de política que apuesta a una sociedad donde la exclusión y la miseria no tengan lugar. Más que un contrato familia-Estado, lo que se requiere es de un nuevo y más amplio contrato social para volver a repensar esta sociedad.
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