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Protección sobre los consumidores

por 10 julio, 2002

El Derecho suele ir detrás de la realidad intentando atraparla con sus regulaciones. Eso es lo que debe hacer en cuanto está llamado a dar cierta ordenación a la vida social, pero lo que no puede hacer es pretender falsear esta realidad.

En un reciente artículo de opinión el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Ariztía, reflexiona sobre la falta de razones para modificar la Ley de Protección al Consumidor. Sus críticas apuntan, en primer término, al hecho que "no hayan cambiado las condiciones existentes al tiempo de su entrada en vigor" (1997), y a la circunstancia que el proyecto "pretende introducir instituciones foráneas a nuestro sistema", como la protección de los intereses colectivos y difusos y la posibilidad que se constituyan asociaciones de consumidores cuyo objeto sea la defensa de los derechos de los consumidores.



Todo esto, según el representante de los empresarios, es innecesario, ya que tales derechos "tienen una protección legal suficiente y adecuada".



La protección al consumidor es hoy en día un tema de derechos ciudadanos. La idea según la cual el Estado es el único ente capaz de vulnerar libertades y garantías básicas ha cedido lugar a la posición que las empresas y proveedores de servicios ocupan en la vida cotidiana. Se ha ido asentando la idea que los consumidores tienen derecho a exigir de los prestadores de servicios ciertas conductas que en nuestra cultura suelen quedar impunes (recuérdense nada más los escándalos por la calidad de ciertas viviendas sociales). Las circunstancias, por cierto, no son las mismas que al momento de dictarse la ley.



Se critica el proyecto, además, porque recoge instituciones hasta ahora inexistentes en nuestro sistema, como la protección de intereses públicos (colectivos y difusos). Llama la atención que no se esgrima este mismo argumento cuando de lo que se trata es de celebrar acuerdos internacionales que contemplan efectivamente importar instituciones extrañas a nuestra realidad. ¿Acaso el leasing, el factoring y el franchising no eran "instituciones foráneas"?



La falta de protección de los intereses públicos es una de las carencias más graves que presenta el sistema procesal chileno. A través de estas acciones lo que se busca es facilitar el acceso a la justicia, de manera que por economía procesal (principio que subyace a nuestro sistema) una misma acción pueda ser presentada en representación de más de una persona, siempre y cuando las demás estén en una misma posición jurídica.



Si alguien compra un producto de poca cuantía pero deficiente, dada la lentitud con que opera el sistema de justicia, no tiene incentivos para reclamar por la falta de cumplimiento de los deberes del proveedor (a lo más presentará su denuncia al Sernac). Las acciones que protegen intereses colectivos o difusos remedian esta situación de injusticia no imputable al consumidor.



Por otra parte, no es cierto que este tipo de institutos sean del todo ajenos a nuestro sistema. Cuando la Corte Suprema prohibió en agosto de 2001 la comercialización de la píldora del día después, lo que hizo fue aceptar el planteamiento de quienes recurrían en nombre de todos los no nacidos de Chile. ¿No es éste un interés difuso? ¿Es posible identificar o determinar a cabalidad quiénes eran los que recurrían en dicha acción?



El Derecho suele ir detrás de la realidad intentando atraparla con sus regulaciones. Eso es lo que debe hacer en cuanto está llamado a dar cierta ordenación a la vida social, pero lo que no puede hacer es pretender falsear esta realidad. Es por eso que la Suprema, aun cuando no lo dijo expresamente, sí acogió la protección de intereses públicos.



Negarlo implica desconocer la realidad. Y la realidad, hoy, es que los consumidores tienen derecho a que sus derechos -valga la insistencia- se respeten y ello no significa, como opina el señor Ariztía, "instaurar una cultura del reclamo", sino una cultura ciudadana comprometida con la justicia.



* Abogado del Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.



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