¿Y ahora quién podrá defendernos? (Primera Parte) - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 07:27

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¿Y ahora quién podrá defendernos? (Primera Parte)

por 1 agosto, 2002

Pocos medios de prensa -El Mostrador.cl entre ellos- recogieron un dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la fijación de tarifas de distribución eléctrica del año 2000, que afecta al 90% de las personas del país.



En este dictamen, el máximo organismo contralor realizó un llamado al orden a la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto a la discrecionalidad que puede tener en las fijaciones de precios de distribución, que representan en torno al 50% del valor de las cuentas de energía eléctrica, respondiendo a una consulta realizada por el Ministro de Economía, nada menos que el superior jerárquico de la CNE.



La historia comenzó el año pasado, a raíz de los cuestionamientos que tuvo la CNE frente a su actuación en la fijación de precios de distribución del 2000, que determinó la creación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.



El informe de la Comisión Investigadora determinó que la CNE había infringido la ley en la fijación tarifaria antes mencionada y responsabilizó a su secretaria ejecutiva por "un proceso de determinación tarifaria poco transparente, arbitrario, sin obedecer a las bases técnicas estipuladas por ley".



La principal crítica apuntó a que la CNE no tomó en cuenta, tal como lo indica la normativa, los estudios de costos realizados por los consultores contratados por ella misma para estos fines, que son la base para la fijación de precios de distribución y que tuvo como consecuencia que las tarifas de distribución en la Región Metropolitana, abastecida por Chilectra, son un 37% más altos que lo que debieron haber sido si se hubiese cumplido con la ley y que en las comunas como Puente Alto, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, Peñaflor, Rancagua, San Fernando, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, entre otras, abastecidas por distintas empresas, son un 26% más altas que si se hubiese obrado de acuerdo a la legislación vigente.



La Contraloría General de la República, determinó -ante la consulta del ministro- que los informes encargados por la CNE a la empresa consultora seleccionada para determinar los valores agregados de distribución, tienen "carácter vinculante" y por tanto, dicha entidad está obligada a acoger el contenido en dicho documento para los efectos de la fijación tarifaria.



El organismo señala, además, que el mencionado estudio de costos "es preceptivo, dado que la ley lo impone como un trámite del procedimiento del que se trata, y además es vinculante, puesto que se trata de una apreciación de carácter técnico expedida por mandato de normativa legal y reglamentaria". Y continua "la autoridad está obligada a resolver en el sentido propuesto por el consultor, de cuyo informe no puede apartarse válidamente".



Cabe preguntarse ¿qué opina el Ministro de Economía frente a esta respuesta a su consulta? Lamentablemente, sólo se conoce la reacción de un abogado del Ministerio quien señala que el fallo es "doctrinal" y no tiene efecto retroactivo, sino es lo que la autoridad debe tener presente en el futuro, e incluso agrega: "La Contraloría tomó razón de todos los decretos de fijación de tarifas y nunca los objetó".



Rara reacción por decir lo menos. Un abogado que no sabe que la ley que infringió la CNE está vigente hoy y lo está desde hace 19 años. Y además se trata de un decreto que fija tarifas que rigen hasta el 2004.



La Contraloría -en cambio- en una actitud de profunda valentía intelectual reconoce una acción del todo irregular de parte de un organismo del Estado. El Gobierno, muy por el contrario, se atrinchera en defensa de lo indefendible e inexplicable, aún después de que los dos órganos contralores de sus acciones corroboran una irregularidad.



Las preguntas del ciudadano común son naturales y legítimas: ¿y que pasará ahora? ¿debieran bajar las cuentas? ¿quién hace algo al respecto? Me atrevo a contestar: ya que quien debe hacerlo -el Gobierno- no lo hará, invoquemos a nuestros representantes y como la Cámara de Diputados ya dio su batalla, invoquemos a nuestros alcaldes. Mal que mal las municipalidades, quienes por ley están a cargo del alumbrado público, sufragan facturas de electricidad cuantiosas. Lo que significa, además, que disponen de menos recursos para sus planes sociales. Me imagino que esta es una tremenda oportunidad para que la Asociación de Municipalidades Chilenas demuestre su independencia del Gobierno.





* Consultora independiente. Fue secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía.



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