Las máximas autoridades del Poder Judicial deben reconocer que se encuentran frente a un problema, una situación delicada, donde resulta inoficioso escabullir los problemas cuando estos evidentemente existen.
Un reciente estudio publicado por Paz Ciudadana-Adimark respecto de la situación de la delincuencia en el país revela la gran desconfianza de la ciudadanía frente a los jueces y al sistema judicial en general. El poder judicial aparece como el servicio peor evaluado por la población con nota 3,3 en una escala de 1 a 7.
Las máximas autoridades del Poder Judicial deben reconocer que se encuentran frente a un problema, una situación delicada, donde resulta inoficioso escabullir los problemas cuando estos evidentemente existen. Entre los problemas mas frecuentes, según variadas publicaciones, se encuentra el trafico de influencias y la compra de expedientes como practicas comunes, la «mano blanda» con los delincuentes, justicia lenta y tramitada, y funcionarios de tribunales que «prestan servicios», como sacar copias de escritos y resoluciones, oficios por despachar y desarchivo de expedientes, cobrando dinero para que las causas avancen.
Otros procedimientos que favorecen la descomposición del sistema son los conocidos alegatos «nocturnos» o «de pasillos», las elecciones de sala, el poder que tienen los relatores judiciales, especialmente en juicios frente a los tribunales superiores, el tema de los parentescos en el Poder Judicial. En fin, una serie de practicas irregulares que son, en gran parte, reconocidas por quienes frecuentan los tribunales de justicia.
Resultaría injusto y poco objetivo no señalar que un alto porcentaje de nuestros jueces son probos, es más, recientemente el Poder Judicial ha dado algunos pasos importantes para mejorar su imagen pública. El anunciado fin del nepotismo, el establecimiento de jueces de 24 horas, el tribunal de ética, el apoyo a la reforma judicial y la creación de la oficina de comunicación.
Los ministros de la Corte Suprema deben valorar la critica, por dura e injusta que les parezca. No resulta beneficioso, en una sociedad democrática, silenciarla, y menos procesar y encarcelar a quienes expresan su opinión divergente sobre la justicia.
Los supremos deben saber lo que la gente piensa de ellos y de sus jueces, también deberían apreciar y agradecer que estas encuestas se realicen. El Poder Judicial debería efectuar sus propias encuestas de opinión en forma periódica, a fin de detectar cuáles son las verdaderas razones por las cuales la gente rechaza en forma tan categórica su gestión.
La población confía más en Carabineros y Bomberos que en los jueces. Sin embargo, el Poder Judicial se presenta impermeable y distante a la percepción de la ciudadanía y demuestra nula o escasa capacidad de autocrítica. Poco ayudan a mejorar esta opinión las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, en que atribuye la mala calificación de la judicatura a que la ciudadanía desconoce cómo funcionan los tribunales y llega incluso a señalar: «No conocen los procedimientos, la gente en Chile no tiene cultura cívica y no entienden al juez ni al tribunal».
Este tipo de comentarios, poco afortunados y alejados del concepto democrático del Chile moderno, no hacen más que distanciar la brecha entre los ciudadanos y sus jueces.
El Contralor General de la República afirmó hace tiempo que todavía estamos a tiempo de controlar y detener la corrupción. Quienes compartimos esta visión debemos aportar ideas, proponer soluciones, incentivar y motivar el debate público. Es fundamental que los otros poderes del Estado no eludan sus responsabilidades, especialmente en la asignación de los recursos necesarios y en la promulgación de leyes que favorezcan la probidad en el Poder Judicial.
Para mejorar el servicio que presta el Poder Judicial se requiere, primero, de estudios serios que permitan descubrir dónde esta la falla que enloda tan seriamente la imagen de los jueces. También se deben destinar recursos económicos al desarrollo de una estrategia comunicacional que llegue al corazón de la gente, en lenguaje común, que elimine la desconfianza de la sociedad hacia sus jueces. Los centros de estudios, los medios de comunicación, las agencias de publicidad, juristas, sociólogos y expertos, pueden ser actores claves en el éxito de esta estrategia.
Es de esperar que el Poder Judicial reconozca públicamente que está en problemas, que sus máximas autoridades logren desarrollar acciones tendientes a mejorar su imagen y que la población valore, respete y defienda su nuevo y renovado sistema judicial.
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