Con la Reforma, a partir de los objetivos nacionales de salud y de la identificación de las enfermedades que más daño producen a la población, todos los chilenos, sin excepción, tendrán un derecho y lo podrán cobrar.
En el contexto de un sistema de salud las personas no pueden ser reducidas al rol de consumidores. Si así fuera, la capacidad de elección de la gente estaría limitada a escoger a cierta «empresa o prestador» que tomará varias decisiones que le competen al comprador y que, Ä„vaya paradoja!, también determinará la cantidad de prestaciones que deba realizarse.
En este caso, la atención de salud es una mercancía, y lo más probable es que ese «consumidor de salud» se transforme en un «sobre consumidor de salud», pues quien le vende es justamente quien le dice lo que tiene que comprar, y lógicamente intentará ganar lo máximo que pueda.
En el otro lado de la vereda, las personas tampoco pueden ser simples beneficiarias, como ocurre en algunos sistemas de salud de corte paternalista. Si sólo ése fuera su rol, se verían obligadas a aceptar pasivamente lo que hay y no tendrían ninguna opción de evaluar las condiciones y características. «A caballo regalado no se le miran los dientes», así que si le gusta, bien, y si no, también. En definitiva, la salud como una limosna.
Lo que estamos construyendo en Chile se aparta sustancialmente de la lógica de esos ejemplos. En efecto, con la Reforma de la Salud las personas -todas- comienzan a tener un nuevo poder, ya que el acceso a las prioridades de salud pasa a ser un derecho exigible, como también su oportunidad, calidad y protección financiera. Es un cambio radical porque transforma a los actuales «consumidores de salud» (con mayor o menor cobertura, según sus realidades particulares) en ciudadanos que pueden exigir el cumplimiento de la garantía que el Estado les otorga, sin importar su capacidad de pago.
Hay quienes me preguntan: «¿por qué no hacen que toda la salud sea un derecho exigible, y no sólo algunas enfermedades?».
Les respondo que las garantías son limitadas porque los recursos también lo son. No obstante, otorgar cobertura garantizada a las 56 enfermedades más graves, frecuentes y catastróficas -las cuales representan casi el 80 por ciento de las causas de años de vida saludables perdidos por mortalidad o discapacidad, toda la atención primaria y más de la mitad de las actuales hospitalizaciones, y para todas ellas hay tratamiento de eficacia probada- no significa que se dejarán de atender y tratar todas las otras patologías, las que mantendrán la misma cobertura que tienen hoy.
En la segunda mitad del siglo 20, el sistema chileno logró que nuestra población alcanzara niveles de salud superiores a los de otros países con similar desarrollo económico. Y lo hizo con políticas públicas que orientaron los recursos disponibles hacia las enfermedades más dañinas, como la desnutrición infantil y la tuberculosis, entre otras. Hoy son otras las enfermedades prioritarias (los cánceres, afecciones cardiovasculares, traumas, etcétera), pero la receta es similar.
Con la Reforma, a partir de los objetivos nacionales de salud y de la identificación de las enfermedades que más daño producen a la población, todos los chilenos, sin excepción, tendrán un derecho y lo podrán cobrar.
En mi recorrido por Chile he podido constatar un gran consenso en orden a que la salud sea un derecho. Quienes conocen la Reforma la quieren. Pero lógicamente, también hay algunos que se oponen: generalmente son quienes ven en las personas a consumidores de una mercancía llamada salud. O quienes quieren una salud regalada, sin importar que sea mediocre, tardía y mal atendida.
Contrariamente a los postulados de esos detractores, la salud que estamos construyendo para Chile y todos sus habitantes conjuga calidad con equidad. Es concebir la salud como un derecho y no como una mercancía ni una limosna.
* Ministro de Salud.
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