Ha sido el propio Ministro de Agricultura, en una reunión con miembros de organizaciones de la sociedad civil, quien ha indicado que la situación del bosque nativo es crítica, y que si no se toman acciones urgentes desaparecería en dos a tres generaciones.
Hace algunas semanas se suscitó una discusión pública en relación con el bosque nativo y una campaña que estarían efectuando distintas organizaciones ambientales para promover la certificación de la industria chilena a través del Forest Stewardship Council (FSC). Recién ahora estamos presenciando el trasfondo de ese debate en cuya raíz está la ley de Bosque Nativo, y específicamente los recursos que el Ministerio de Hacienda determinará para hacer viable o no la norma.
Antes de todo es necesario desahuciar la absurda noción que pretenden imponer algunas organizaciones empresariales, las cuales lamentablemente repiten autoridades públicas, en torno a que los grupos ambientalistas tienen intereses con transnacionales que vinculan su accionar. Esta forma de descalificación a través de los medios de comunicación es similar a las mejores prácticas de represión de la dictadura, y no tiene lugar alguno en una sociedad democrática.
La motivación de las organizaciones ambientales en la conservación del bosque nativo, así como la promoción de sellos de certificación ambiental, es exclusivamente la protección y manejo sustentable de lo que expertos, organizaciones ambientales de prestigio internacional y Naciones Unidas han denominado como ecosistemas únicos en el mundo. Suponer que otros motores mueven a estas organizaciones o pretender que los intereses de la nación se pueden acoplarse a los intereses de algunas empresas forestales es francamente absurdo. Esperamos algo más de nuestras autoridades públicas.
Respecto a la actual situación del bosque conformado por especies autóctonas, hay que consignar que existe una acción deliberada de desinformación de parte de las autoridades. El Catastro del Bosque Nativo realizado por la Universidad Austral cambió su definición de aquella que era tradicionalmente utilizada por las autoridades competentes y de conocimiento público. De esta modificación resulta la cifra aproximada de 13,4 millones de hectáreas que se contabilizan hoy día, mientras que a principios de los ’90 todos los datos indicaban que 7,4 hectáreas del suelo chileno estaban cubiertas por este recurso.
Ni siquiera la Corma se ha atrevido a argumentar que en ese periodo nuestros bosques nativos hayan aumentado en 6 millones de hectáreas. Sin embargo, han evitado reconocer que se ha ampliado la definición en el catastro, incluyéndose ahora bosques achaparrados, abiertos y renovales que dan como resultado una cifra indicadora de la buena salud del bosque nativo.
Sin embargo, si uno utiliza una aproximación a la definición que se utilizaba antes -la de bosques productivos- y compara las cifras, se encontrará que el catastro indica una superficie de 5,4 millones de hectáreas: ésta es la cifra comparable con los 7,4 millones de hectáreas reconocidos para los años ’80 y principios de los ’90. En consecuencia, es factible que entre la década de los ’80 hasta la elaboración del catastro (en 1995) la superficie de bosques nativos haya disminuido en dos millones de hectáreas.
Más aún: ha sido el propio Ministro de Agricultura, en una reunión con miembros de organizaciones de la sociedad civil, quien ha indicado que la situación del bosque nativo es crítica, y que si no se toman acciones urgentes desaparecería en dos a tres generaciones.
Todos los estudios advierten que en el último tiempo el principal impacto sobre las superficies del recurso en discusión ha sido su sustitución por plantaciones exóticas. Aunque la información disponible indica que la presión sobre ellas ha disminuido en el segundo quinquenio de los ’90, esto no se debe a que las prácticas forestales se hayan alterado, sino a que las empresas del rubro tienen otras restricciones, más bien de acceso y terrenos menos productivos, que hacen de la actividad de sustitución una menos rentable.
Sin embargo esto podría cambiar gracias a proyectos impulsados por el gobierno, como la Carretera de la Costa que atravesará el bosque costero al sur de Valdivia y hará más rentable la actividad depredadora de las forestales. En consecuencia, se prevé una fuerte sustitución en estas zonas en el futuro.
En este plano, es crucial la ley de Bosque Nativo y la posibilidad de restringir la sustitución de él por plantaciones o proveer de incentivos económicos para su manejo sustentable. Sin estos mecanismos, ecosistemas únicos en el mundo estarán a merced de una creciente degradación que inevitablemente significará su muerte.
No obstante, no hay mucha esperanza en esta ley. El fundamentalismo de los empresarios madereros, la desidia de la CONAF y la indiferencia del Ministerio de Hacienda no son buenos augurios. En este contexto, la posibilidad de promover sellos de certificación puede brindar una pequeña esperanza para originar el marco legal adecuado, o a lo menos alterar las prácticas de los madereros chilenos.
La Forest Stewardship Council (FSC) es una organización de reconocido prestigio, y su certificación es aceptada en Estados Unidos como ambientalmente sustentable. Una de sus características es que a diferencia de otras agencias certificadoras que han recomendado los empresarios de la madera, realiza su evaluación considerando el impacto de las plantaciones sobre su entorno social (conflicto con pueblos indígenas) y ambiental (sustitución de especies forestales nativas).
Si es que efectivamente los empresarios madereros no sustituyen especies nativas y respetan los derechos de las etnias locales, como dicen hacerlo, no deberían tener problema alguno en lograr la certificación adecuada.
* Economista, Fundación Terram
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