El CEP tiñe este debate con una carga de argumentos políticos e ideológicos que se van desplegando a medida que la dinámica de la discusión va refutando sus planteamientos iniciales.
Van 34 años desde que se viene aplicando la Prueba de Aptitud Académica. En este tiempo la sociedad chilena y su sistema escolar han experimentado una serie de transformaciones que obligan a revisar y actualizar el instrumento de ingreso a la Universidad.
Así lo entendió una comisión del más alto nivel integrada por el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación que se constituyó en enero de 2000 y que concluyó «en la necesidad de cambiar la PAA, de manera de establecer una coherencia más directa y robusta entre los objetivos formativos de los cuatro años de la educación media y lo que ella mide, en pro de la efectividad del sistema educativo en su conjunto».
Posteriormente, en enero del 2001, el Consejo de Rectores aprobó instituir una nueva prueba de admisión vinculada al currículum escolar.
Las razones fueron claras y contundentes:
– Las pruebas hoy vigentes no están referidas a la experiencia formativa total de la enseñanza media, y tanto el Consejo de Rectores como el Ministerio de Educación consideraron necesario cautelar una mejor formación básica de los estudiantes que ingresan a la educación superior.
– Así se valora el nuevo marco curricular y la labor que desarrollan los profesores de educación media.
– Se incentiva a los estudiantes a aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje que les brinda el colegio.
En consecuencia, existiendo una serie de buenas razones y justificaciones para dejar atrás el modelo de PAA, no nos queda otra conclusión que decir: Bienvenido al cambio.
Este proceso se venía desarrollando sin grandes contratiempos y dentro de un cauce de análisis y discusión técnica, como siempre debió ser. Sin embargo, el escenario cambia con la irrupción del Centro de Estudios Públicos.
El CEP tiñe este debate con una carga de argumentos políticos e ideológicos que se van desplegando a medida que la dinámica de la discusión va refutando sus planteamientos iniciales.
Los argumentos esgrimidos por la derecha, en lo principal, apuntan en dos direcciones.
Primero: El SIES -al estar vinculado al currículum escolar- coartaría la libertad de enseñanza, es decir, la aplicación de cuatro pruebas obligatorias forzaría a los establecimientos educacionales a centrar los aprendizajes sólo en aquella parte de los Contenidos Mínimos Obligatorios del marco curricular. Lo cierto es que la realidad es otra.
Todos los países del mundo tienen currículum nacionales o regionales; se trata de tener un mínimo común denominador para todo el sistema educacional. Este currículum fue ampliamente discutido en 1997 y luego aprobado por el Consejo Superior de Educación, entidad autónoma del Gobierno, en el que participan representantes del mundo académico, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema, entre otros.
El currículum sólo establece objetivos generales y, por tanto, cada establecimiento es libre de decidir cómo trabaja los contenidos mínimos obligatorios; esto se llama libertad por dentro del marco curricular.
Por último, cada establecimiento cuenta con horas de libre disponibilidad (nueve horas a la semana en primero y segundo medio y seis horas en tercero y cuarto medio). Esto se llama libertad por fuera del marco curricular.
Segundo: El SIES deterioraría aún más la inequidad en el acceso al sistema de educación superior al trasladar a este nivel la distribución desigual en la estructura social de resultados que se produce en la Básica y la Media.
Veamos que nos dice al respecto la porfiada realidad.
La evidencia internacional demuestra que las pruebas basadas en conocimientos disminuyen la inequidad, puesto que la escuela es un espacio único para entregar una experiencia equivalente a nuestros hijos, mientras que las que miden sólo aptitudes -que dependen más del nivel cultural de la familia, es decir, de lo heredado- acrecientan la brecha. Lo mismo probó un estudio comparativo entre PAA- que mide aptitud- y el SIMCE, referido al currículum escolar. El resultado de esta comparación arroja los siguientes datos: mientras la brecha entre establecimientos municipalizados y particulares pagados en el SIMCE es de 90 puntos tanto en lenguaje como en matemática, en la PAA se agranda a 140 puntos en verbal y 150 en matemáticas. Más claro imposible.
No obstante el peso de estos argumentos a favor del SIES, el CEP -con el gentil auspicio de la prensa de derecha- ha aplicado una lógica que en términos de Cortés Terzi se aproxima a una imposición político-cultural de unos sobre otros, de manera monopólica y externa de esos «unos» a esos «otros», lo que sería una mala derivada de la idea gramsciana de la hegemonía cultural-valórica consensuada.
Esto no es nuevo, hace rato que esta derecha quiere hacernos jugar al un, dos, tres momia es. Esta derecha no quiere el cambio. Le interesa dejar las cosas como están, puesto que de esa forma se garantiza la defensa de los intereses que ellos protegen. No olvidemos que en la actualidad la cobertura por quintil de ingresos para el total de universidades es de 5,3 por ciento para el 20 por ciento más pobre y de 39,4 por ciento para el 20 por ciento más rico.
La derecha sabe mejor que nadie cuáles son los aspectos del modelo que hay que proteger, por eso se opone a la reforma constitucional, a los cambios en el sistema de Isapres, a modificar nuestra estructura tributaria regresiva, entre otros.
Lo lamentable es que ha logrado confundir y sembrar la incertidumbre en esos «otros» que tienen el deber de dar seguridad a los cientos de miles de jóvenes que necesitan saber qué prueba de selección universitaria tendrán que rendir en el futuro.
El Consejo de Rectores, como ente colegiado, fue llamado a despejar la incertidumbre, cuestión que hizo el 25 de julio pasado, cuando se acordó e informó a la opinión pública que la decisión final acerca de la aplicación del SIES se tomaría una vez se conociera los resultados del estudio experimental que se aplicará en septiembre.
No obstante la palabra comprometida, los rectores de la Universidad de Chile, Luis Riveros, y de la Universidad de Santiago, Ubaldo Zúñiga, que representan sólo el 17 por ciento de la matrícula ofrecida, informaron la semana pasada que el 2003 aplicarán la PAA, dejando el SIES sólo en fase piloto.
Más allá de que es comprensible que todo cambio produce dudas y temores, lo cierto es que este proyecto viene acumulando, desde hace más de una década, información
que fundamenta la necesidad de introducir cambios en la estructura, contenidos y aspectos técnicos de esta prueba de selección, por lo que está lejos de pecar de precipitación e improvisación.
Los argumentos, especialmente de Luis Riveros, son preocupantes. Primero, sostiene que «no compro un producto hasta que vea cuáles son las bondades relativas a las que actualmente tenemos». Siguiendo esa lógica de mercado y dado el interés que él tiene de vender su producto (PAA) a Perú y Bolivia, debería tener cuidado en mantener la vigencia del mismo, porque es bien sabido que el mercado no compra productos obsoletos y con fechas de vencimiento cercana.
Segundo, ha dicho que la confusión es atribuible al Ministerio de Educación que «primero corrió con la pelota y luego se la dejó al Consejo de Rectores. Nunca me hizo un pase a mí, pese a que yo tengo mucho que ver con la pelota. En el fondo la pelota es mía».
Entonces, si vamos a movernos en los parámetros del fútbol, sólo puedo agregar que jugadores de nivel internacional como Zidane, Figo o Ronaldo no basan sus méritos en la propiedad de la pelota, sino en la técnica y excelencia con que la dominan y se adaptan a los requerimientos dinámicos de las ligas internacionales; segundo, qué dirán los otros jugadores de esta liga que representan al 83 por ciento restante de casi 200 mil jóvenes, que son en definitiva los verdaderos dueños de la pelota, sobre todo considerando que es en la Universidad donde se distribuyen las oportunidades y se asignan los recursos a las nuevas generaciones.
* Investigador del CED, ingeniero comercial y doctor (c) en Ciencias del Management.
