La subordinación del poder militar a la autoridad pública - El Mostrador

Sábado, 16 de diciembre de 2017 Actualizado a las 08:24

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La subordinación del poder militar a la autoridad pública

por 5 octubre, 2002

Sería bueno de una vez por todas apagar la llama de la libertad con agua bendita y refundar en las ruinas del altar de la patria La República.

Hay un problema lógico que debemos enfrentar: Si todos -o casi todos- están de acuerdo en que Ríos ha perdido la confianza del Presidente de la República, ¿por qué sigue piloteando la FACH?



No es posible entender a quienes insisten en no alterar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas, pero consideran inaceptable que el General Ríos no haya renunciado. El argumento que hay detrás es entregar al buen criterio del comandante de turno el renunciar a su cargo cuando ha perdido, de manera evidente, la confianza del Presidente de la República y en este caso particular, además, de la sociedad. Es razonable que nos preguntemos, a propósito de demencia subcortical, en este caso o en otros, ¿y si el comandante de turno pierde la razón?



Existe un meridiano consenso en el sentido de que Ríos debe renunciar. La cuestión es que para unos éste es un asunto que debe resolver el comandante, para otros, una cuestión que se resuelve convocando al Consejo de Seguridad Nacional y aprovechan esta coyuntura para proponer una reforma constitucional que suponga la posibilidad de que el Cosena, en estos casos, sólo se integre con los representantes civiles. Lo brutal es que esta propuesta proviene del sector liberal de la derecha, y poniendo las cosas en orden, precisamente de quienes predican la democracia liberal, sistema que subordina sin discusión el poder militar a la autoridad civil.



La renuncia del general Ríos no es la cuestión central; lo son, sin embargo, los antecedentes y consecuencias que generan esta crisis institucional, y digo crisis, por el sólo hecho de que no habría tal si el Presidente de la República tuviera la facultad constitucional de remover a un jefe militar que ha perdido su confianza.



La cuestión de fondo es la sumisión del poder militar al civil y si los chilenos somos capaces de concebir una institucionalidad democrática que deje de tratarnos como niños ineptos, vestidos de pantalón corto, a los que se les puede pegar un coscorrón si se portan mal.



Resulta curioso, por decir lo menos, que la explicación dada por el general Ríos para encargar al general (R) Patricio Campos los antecedentes sobre los detenidos desaparecidos, compromiso asumido en la Mesa de Dialogo, se funde precisamente en que la mujer de éste ha sido procesada por delitos que importan groseras violaciones a los derechos humanos y por esa razón suponemos más sensible al problema.



Esta explicación pone definitivamente en duda los resultados de la Mesa de Dialogo. Pero esta forma de entender las cosas por parte del general nos lleva a recordar que desde la detención de Pinochet en Londres, y no sabemos honestamente hasta cuando, han existido denuncias de distinta gravedad sobre la existencia de personas o grupos de personas, probablemente organizadas con el propósito de obstaculizar el curso de los procesos sobre violaciones a los derechos humanos e imponer por la vía de los hechos soluciones de impunidad.



Pongámoslo de otra forma, ¿quiénes realmente se benefician de una solución de impunidad? ¿Qué tan transversal es la necesidad de terminar con el problema de los derechos humanos? No es la primera vez, desde que Pinochet está de vuelta, que se ha acusado la existencia de personas y operaciones destinadas a protegerlo de las acciones que se han presentado en su contra y en contra de los agentes de los organismos de represión de la dictadura militar.



Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet, en tanto sigan siendo un problema o cosa del pasado o algo que nos desune, seguirán siendo un fantasma, que aparecerá de vez en cuando para recordarnos el horror que vivieron muchos de nuestros compatriotas de la mano de personas que, como en una tragedia sin sentido, terminan siendo las mismas que se relacionan de alguna forma con el acopio de información sobre los atropellos cometidos en su contra.



Debemos aceptar que los derechos humanos son nuestro talón de Aquiles y que no hemos sido capaces como sociedad de asumir nuestra historia, que pasa por integrar los derechos humanos a partir de su dimensión dolorosa y avanzar a en una dimensión que signifique la adjudicación de derechos a los que aspiramos moralmente, y que supone discutir una nueva carta fundamental, un pacto entre los chilenos, para la democracia.



Esto significa entender de una vez que nuestra aspiración de ser un referente para nuestros vecinos o la de convertirnos en socios de las democracias más avanzadas supone, entre otras cosas, adoptar los patrones mínimos del Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos.



Nuestra relación con la Unión Europea es más que un simple acuerdo económico. De hecho, la propia UE es mucho más que el acuerdo arancelario concebido en la CECA de 1950, su apuesta de cara al constituyente del año 2004 es constituirse en un referente político, de modo que nuestros futuros socios europeos han establecido como valores esenciales de la Unión, el respeto y promoción de los derechos humanos y libertades públicas y el apoyo a un estado de derecho democrático (Art. 6 Tratado de Amsterdam 1997).



Este Estado de Derecho Democrático somete al poder civil la función pública militar y no tiene mas tutores que la propia sociedad expresada democráticamente a través de sus organizaciones.



En fin, probablemente sería bueno que el once de septiembre fuera un día feriado, un día para estar en silencio, un día para conversar con nuestros hijos, sería bueno de una vez por todas apagar la llama de la libertad con agua bendita y refundar en las ruinas del altar de la patria La República, la del bicentenario, la que supone la primacía de la autoridad civil sobre la militar, la que se funda en la dignidad de la persona humana.



* Abogado, Master en Derechos Fundamentales de la Univesidad Carlos III de Madrid. Especialista en Derecho Privado de la Univesidad de Chile.

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