¿Y si no funcionan? - El Mostrador

Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 19:54

Autor Imagen

¿Y si no funcionan?

por 14 octubre, 2002

El discurso gubernamental de que las instituciones funcionan -y que hay que dejarlas actuar- es irreprochable. Es lo que todo ciudadano espera, porque allí puede hacer valer sus derechos, en igualdad ante los otros.



El problema -siempre los hay- surge cuando analizamos las instituciones que se invocan y la manera como éstas proceden. Ya lo sabemos: hubo una época en que operó la Inquisición y hubo otra en que ejercían el derecho a voto sólo los propietarios.



Si cada día la política tiende a alejarse de la gente, siendo ejercida por un club de elegidos que se perpetúan en los cargos, que gozan de un sistema electoral que tiende a anular la competencia y a impedir la postulación con mínimas posibilidades de éxito de alguien ajeno a la casta generada por las dos coaliciones, algo similar ocurre con las manidas instituciones.



El Parlamento, en todo caso es elegido, vive con las dudas y distorsiones señaladas.



En la crisis del general de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, la oposición clamó porque se convocara al Consejo de Seguridad Nacional. En rigor, es lo que debiera haber hecho el Presidente Ricardo Lagos, porque esa era la institución que está hecha para resolver entuertos como el ocurrido. Pero como a la Concertación no le gusta el Consejo de Seguridad Nacional, porque lo considera antidemocrático ya que forma parte de los llamados "enclaves autoritarios", simplemente no se le convocó para no avalarlo.



Siguiendo ese razonamiento, cualquier ciudadano, mañana, podría no aceptar los veredictos de, por ejemplo, los tribunales militares, que obviamente exhiben facultades más vastas de lo que cualquier sistema democrático aceptaría. Si fuéramos más lejos aún, sería lógico pedir la nulidad de las sentencias de esos tribunales -sobre todo durante el período dictatorial-, como, en rigor, por su proceso fraudulento de aprobación, debería declararse nula la propia Constitución de 1980.



Ustedes podrán imaginar el despelote que se armaría. Y, en general, las sociedades tienden a evitar los desarreglos, incluso tragándose las injusticias. Por eso, en el fondo, cada chileno asiente cuando Lagos repite, de nuevo, otra vez, eso de que las instituciones funcionan.



¿Pero cómo lo hacen? Porque si obran mal, perpetuando abusos o discriminaciones, en una de ésas mejor que no funcionen.



Tal vez donde sea más acuciante esa pregunta es en los temas de la educación y de la justicia. En el primero, porque en la misma medida en que las desigualdades tienden a aumentar, las disparidades entre la educación pública y la privada -y, por consiguiente, las posibilidades reales de una vida mejor o peor- crecen.



En el caso de la justicia el asunto es peor, porque el ciudadano común siente que lo mejor es no caer en un tribunal, porque allí, sin mayores recursos o contactos, siempre terminará convertido en víctima. Cualquier persona normal y sensata, hoy día, va a hacer lo imposible por no tener que recurrir a la justicia. Y tiene toda la razón.



Por eso, cuando se está implementando una reforma procesal penal que es casi una revolución, uno desearía que más allá de las periódicas declaraciones de las autoridades se pusiera el acento en algo que es lo verdaderamente urgente: que la reforma sirva para que las personas puedan, por primera vez, recurrir en igualdad de condiciones ante cualquier otro sujeto, por poderoso que sea, para demandar justicia. De manera simple, expedita y transparente.



O sea, que la justicia se convierta en una institución que valga la pena que funcione. Y que no pueda ser motivo de una posible negociación política, por ejemplo por parte de una autoridad que deja su cargo, la forma en que podrá ser, eventualmente, procesado.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes

Plan Individual

Anual:
$90.000
Semestral:
$40.000
Trimestral:
$20.000
Mensual:
$10.000

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)