No hay que hacerle trampas al sistema económico de libre mercado, y por eso los propietarios de las concesionarias tienen que asumir como hombrecitos los resultados transitorios de sus desarrollos comerciales. ¿Qué opinión tendrá Milton Friedman al respecto?
El negocio de las concesiones de las vías interurbanas siempre ha sido alabado por los sectores políticos (Alianza por Chile y Concertación) que impulsan el libre mercado de bienes y servicios. Ese novedoso sistema nació cuando Carlos Hurtado era ministro de Obras Públicas y Transportes en el gobierno de Patricio Aylwin, aunque las primeras pinceladas se dieron en el gobierno de Pinochet, impulsor a ultranza de las privatizaciones.
Tiempo después, cuando se suscribieron los respectivos contratos entre los empresarios y el coordinador general de concesiones del ministerio de Obras Públicas, se estipularon todas las condiciones que fueron muy bien analizadas y sopesadas por las partes. La ciudadanía celebraba esa unión público-privada porque de esta manera se liberaban ingentes recursos fiscales para tareas más apremiantes, lo cual era de toda lógica en un país cuyos dirigentes han resuelto que dentro de los próximos años tiene que ingresar al club de los grandes de este mundo.
Reconocemos que excepto una mala experiencia con una conocida empresa mexicana, el resultado en los mejoramientos viales ha sido óptimo, y si ahora los automovilistas tienen que meterse la mano al bolsillo más frecuentemente es porque están recibiendo un mejor servicio y sus desplazamientos son más rápidos y seguros, aunque en la Autopista del Sol la seguridad está siendo puesta en tela de juicio por los recurrentes accidentes ocasionados por animales.
Estamos seguros que este concesionario está esforzándose para ejecutar las obras que otorgarán mayor tranquilidad a sus clientes habituales y ocasionales.
Pues bien, ¿en qué consistía este sólido acuerdo entre privados y el Estado de Chile para acometer esta imaginativa fórmula ?
La comunidad, es decir la nación toda, dueña de los caminos que son bienes nacionales de uso público, se los entregaba a esos empresarios para que éstos los construyeran y los mantuvieran por 30 años con la mejor tecnología disponible, con el fin de mejorar sustantivamente los desplazamientos vehiculares de los usuarios. Los concesionarios, que dicho sea de paso tuvieron que competir entre sí en licitaciones públicas para lograr el negocio, como obvia contrapartida cobran peajes a quienes desean transitar por sus impecables carreteras.
Hay que tener en cuenta que estos peajes son reajustables, de acuerdo a ciertos parámetros establecidos.
En el sistema de mercado se asumen riesgos, y generalmente los más osados son los que obtienen los mejores réditos. Esto es reconocido favorablemente por quienes se desenvuelven en el mundo de las grandes asociaciones empresariales. En el caso que abordamos, tales concesionarios -mayoritariamente extranjeros- estimaron ciertos flujos vehiculares por sus autopistas: si ellos son superiores al previsto, la concesionaria gana todavía más, y si son inferiores tendrá perdidas. Estas son las reglas del juego aceptadas solemnemente por las partes involucradas y casi nadie criticó la implementación del sistema porque se le consideraba muy justo y necesario.
Como consecuencia de la menor actividad económica que tenemos en los últimos años, o porque los privados fueron demasiado optimistas en sus predicciones, se observa que los flujos vehiculares de las concesiones tienen una tasa de crecimiento un tanto inferior a la presupuestada en las planillas de cálculo de las correspondientes evaluaciones de proyectos. Por este motivo, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), selecto grupo en donde no participa la Costanera Norte, se está moviendo sigilosamente para convencer al gobierno a que asuma las «diferencias» que están arrojando los resultados financieros.
Dicen, con aires de superioridad, que así no se entorpecerá el normal desenvolvimiento de la actividad y, por lo tanto, se asegurará la materialización de las futuras autopistas. Es decir, si la autoridad es obsecuente con el requerimiento en comento, todo continuará funcionando fluidamente y los chilenos podremos dormir tranquilos.
Muchos afirman que «en pedir no hay engaño», y en este caso creemos que la autoridad debe hacer cumplir cabalmente los contratos suscritos, para así honrar la palabra empeñada y en paralelo, resguardar el interés general de la nación. No hay que hacerle trampas al sistema económico de libre mercado, y por eso los propietarios de las concesionarias tienen que asumir como hombrecitos los resultados transitorios de sus desarrollos comerciales. ¿Qué opinión tendrá Milton Friedman al respecto?
Ya vendrán tiempos mejores, y la recuperación dependerá de la confianza que tengan los agentes económicos locales y las condiciones que observemos en este mundo tan interdependiente. Desde estas líneas le manifestamos a esa asociación gremial que hay que tener un poco de paciencia para volver a tener los porcentajes de rentabilidad esperados. Consideramos de mal gusto pretender socializar las eventuales perdidas puntuales en negocios que tienen horizontes de largo plazo.
Así las cosas, y en el entendido que «las instituciones funcionarán», está claro que Moya no va a salir perdiendo nuevamente. En este sentido, reconocemos el aporte que ha hecho al debate público el economista y académico Eduardo Engel, quien dio la voz de alerta sobre este intento de aprovechamiento por parte de quienes están acostumbrados a ejercer el poder fáctico.
Por ello, estamos seguros que el MOP hará prevalecer los contratos libremente suscritos, sobreponiéndose a las presiones que está recibiendo en la actualidad.
(*) Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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