¿Por qué nadie se atrevió a hablarle a Ríos en la misma forma que a Longueira y Rebolledo, por ejemplo? ¿Por qué esa «intocabilidad» tan evidente con todas las ramas castrenses?
El último mes, los acontecimientos que han remecido a la opinión pública son tan vertiginosos que han demandado del gobierno respuestas y decisiones inmediatas.
Estos hechos cuestionan la probidad de personas públicas e instituciones del país. Extrañamente se ha producido un gran destape. Somos inundados a través de la prensa por una marejada de acusaciones y denuncias que siembran la amenazante duda de una corrupción generalizada.
En este escenario político donde cada nuevo suceso tapa al suceso anterior, se hace prácticamente imposible asimilar toda la información. La ráfaga comunicacional nos deja casi sin capacidad de análisis.
Especialmente ahora se destaca el poder de la palabra. Esta es peligrosa, y tarde o temprano nos cobra la cuenta. La respuesta verbal impulsiva, provocada por el impacto de los hechos, muchas veces no corresponde ni a las acciones ni al juicio final de estos.
Es perfecto que todo lo oscuro salga a la luz. Que a través de la prensa se haga valer el derecho básico de la ciudadanía de saber lo que ocurre detrás de cada persona o institución que pertenece a nuestro sistema político.
Los que han sido elegidos popularmente para detentar el poder tienen una enorme responsabilidad: la de mantener, sobre una base ética, la coherencia entre lo que dicen y hacen. El discurso político debe conllevar a una acción política. El discurso moral debe ser acompañado por una acción moral.
Sin embargo, hemos presenciado que, muchas veces, las declaraciones que iban por un camino se han perfilado por otro. Se percibe un ambiente que genera una sensación de engaño.
Más peligroso aún es el silencio, tan turbio como la omisión. Despierta sospechas, induce a la especulación, a la ley del rumor.
Sin embargo, el inconsciente colectivo siempre sabe lo que de verdad está ocurriendo. Intuye que detrás de ese silencio subyace una pérfida complicidad.
El caso Ríos sobre el ocultamiento de información sobre los detenidos desaparecidos fue el punto de partida de este torbellino de sucesos que han salido a la luz pública.
El discurso inicial del Presidente Lagos fue enérgico, tajante y claro: «deplorable, «inadmisible», «hiere el alma nacional», fueron sus afirmaciones. Hhablaba de una acción política y ética en una dirección: investigar a fondo la institución castrense para limpiar todo el engaño con respecto a los derechos humanos. Pero a los pocos días el discurso cambió por uno de más bajo perfil. Se destacaban los «gestos» del general y se le concedía la posibilidad de una salida «honrosa» y «conveniente» para todos.
Al comienzo del escándalo, la derecha guardó silencio. Recién cuando a Ríos lo fueron dejando solo las otras ramas castrenses, por estrategia de imagen, salieron varios políticos opositores a decir que el general debía renunciar, por «dañar gravemente la imagen de la Fuerza Aérea».
Aún no renunciaba Ríos cuando comenzó el ataque desenfrenado y lapidario contra el timonel de la UDI, Pablo Longueira, por sus declaraciones en Miami sobre el manejo económico del gobierno que dañaban «gravemente la imagen de Chile en el exterior». Se le tildó de «vendepatria», «soberbio» «irresponsable». Se le amenazó con una acusación constitucional para desterrarlo del Congreso por faltar al «honor de la nación». La batalla verbal comenzó tan abruptamente como terminó.
No finalizaba el episodio Longueira cuando detonaron toneladas de pólvora dentro del gobierno: las denuncias de coimas a cambio de favores por parte de diferentes políticos de la Concertación. Esto provocó un serio cuestionamiento a la probidad del partido del presidente Lagos, el PPD.
«Tolerancia cero», «caiga quien caiga» «el Consejo de Defensa del Estado debe intervenir» fueron las frases que formaron parte del discurso de La Moneda contra cualquier caso de corrupción del Estado. Mientras tanto, la derecha tomaba palco. Lavín declaró que «la corrupción económica es lo que más daño hace a una democracia». Longueira, en un tono muy cordial, recalcó que «es muy delicado cuando se habla mal de una persona. Dañar la imagen no cuesta nada, pero sí reconstituirla». Luego, y hasta ahora, ha predominado el silencio, aunque últimamente han salido voces, hasta ahora sin mayor fundamento, que atacan al propio Presidente Lagos en su gestión anterior como ministro de Obras Públicas.
¿Será que todo este juego de ajedrez de la oposición tiende a impedir que se recuerden los graves actos de corrupción de la derecha económica en la década del ’80,que nunca fueron ventilados ni sancionados?
Con la renuncia de Ríos y la entrega del general Campos a la justicia, el caso FACH se dio por superado. Se alzó la voz sňlo para elogiar su noble «gesto». Y el hecho fue destacado como un gran triunfo del gobierno.
El aterrador pacto de silencio cívico-militar funcionó una vez más.
¿Por qué nadie se atrevió a hablarle a Ríos en la misma forma que a Longueira y Rebolledo, por ejemplo? ¿Por qué esa «intocabilidad» tan evidente con todas las ramas castrenses?
Lagos ha sido implacable:»las situaciones irregulares se investigan y se castigan con mucha fuerza», ha afirmado. Los parlamentarios acusados de coimas del PPD han sido tratados sin ninguna conmiseración. Desde la Moneda se ordenó formar una comisión investigadora a cargo de Renovación Nacional. En esto sí que el discurso ha sido coherente con la acción.
Sin embargo, paralelamente, el Presidente justificó a Ríos diciendo que «no sabía nada. Yo creo que él no tenia esa información». Además, se supo de presiones gubernamentales para no presentar una acusación constitucional contra el ahora ex general de la Fuerza Aérea. Y durante el cambio de mando en la institución castrense, con una gran sonrisa se rindió «homenaje» a Ríos. El actual comandante en jefe, general Osvaldo Sarabia, declaró que «está todo muy bien» y que «no fue traumático el episodio FACH. Somos transparentes, queremos la verdad». Estas palabras, para cualquier persona con mínimo sentido común, se perciben como una burla.
¿Por qué se permite todo esto? ¿Por qué esta forma pendular de hacer política? ¿Se habló acaso de una estricta investigación dentro de la FACH, dada la denigrante posición en que dejó al gobierno y a los que creyeron en la Mesa de Diálogo?
Es vox populi que entre todas las ramas castrenses se entregaron sólo 200 casos de detenidos desaparecidos ¿No es de obviedad absoluta el ocultamiento de casi toda la información?
¿Por tratarse de vidas humanas, no debería este tema ser encarado con un estrictísimo rigor, mucho mayor que en el caso de la corrupción económica?
No se debe restar importancia a los antecedentes ligados al llamado caso Coimas, reconocidos por la Concertación y por la derecha como hechos de «extrema gravedad». Y es así. Pero la tolerancia cero debiera aplicarse en todos los casos. De no hacerlo, caemos en un peligroso relativismo moral.
Si hemos entrado en el sano y correcto proceso de hacer transparentes las instituciones, no lo hagamos con meras opiniones mediáticas y sin ir al fondo de los hechos. Con esta actitud seguiremos en la oscuridad, manteniendo un país en el que la verdad y el bien común son reemplazados por un show de imágenes y por la «conveniencia» para ocultos propósitos partidarios. Palabras como «gestos», «prudencia»,»las instituciones funcionan» pasan a ser la legitimación y el sostén de la complicidad de nuestro sistema político.
Las ansias ocultas o manifiestas que tiene la conciencia de los chilenos de conocer de una vez por todas las verdades verdaderas debe ser un mandato. Sólo así lograremos restituir la confianza en los que nos representan. Solo así podrá salvarse el gobierno del más implacable de los tribunales: la opinión pública.
El silencio cómplice debe ser reemplazado por una abierta y plena verdad en todos los ámbitos del quehacer chileno.
(*) Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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