El revés del general Campos, que no sabemos si será el ultimo, es muy revelador. Pone en evidencia una realidad que es necesario afrontar, aunque hasta ahora se ha tratado de ocultarla tras variadas formas de retórica.
El ocultamiento de información a la Mesa de Diálogo cometido por el general Patricio Campos, encargado para esa tarea de manera explicable pero inconfesable, solo puede causar extrañeza a un grupo reducido de ingenuos creyentes, compuesto especialmente por abogados de derechos humanos u otros profesionales que se involucraron de buena fe en ese conciliábulo. Ellos se sienten, con razón, burlados.
La Mesa de Diálogo forma parte de las estrategias de administración de la memoria que ha puesto en práctica la Concertación. Todas esas operaciones han sido guiadas por el axioma político elaborado por Patricio Aylwin, adalid del pragmatismo nacional. El elaboró una doctrina general, la del posibilismo, fórmula que ha sido la orientación estratégica básica de los gobiernos de la Concertación.
Verdad y justicia en la medida de lo posible, pero también reformas constitucionales, distribución del ingreso, cambios en la salud, preocupación por los trabajadores en la medida de lo posible.
La primera operación posibilista en el ámbito de los derechos humanos fue la llamada Comisión Rettig. En ella se mostraron de manera fehaciente los virtudes y los límites de la doctrina aplicada. Las efectivas y minuciosas investigaciones practicadas por la comisión (en cuya puesta en práctica tuvieron una influencia decisiva Gonzalo Vial, José Zalaquett y Jaime Castillo) lograron instalar como una realidad histórica irrefutable las desapariciones de personas durante la dictadura militar. Al conseguir ese efecto, se pudo realizar su reconocimiento como víctimas y solemnizar su heroísmo. La gigantesca lápida del Cementerio General y más tarde la transformación de Villa Grimaldi en un parque recordatorio fueron posibles porque el Informe Rettig adquirió legitimidad como registro histórico.
Pero el informe no solo restringió el numero de las víctimas al dejar fuera de la investigación los casos de torturas, disminuyendo la magnitud del terror. El deseo del posibilismo era que el conocimiento de esa «verdad» extinguiera el dolor, y que no se produjera la judicialización del tema. Se pretendió que la simbolización (el reconocimiento público y los monumentos de recuerdo) cumpliera el papel de cierre, por lo menos para la gran mayoría de los casos. Este caminar con pies de plomo lo justificaban en las reacciones que estos asuntos producían en las Fuerzas Armadas, en un momento en que Pinochet aun oficiaba de comandante en jefe.
La Mesa de Diálogo es otro momento de la estrategia posibilista, en circunstancias distintas a las del momento anterior. Pinochet había visto derrumbarse su poder y existían importantes avances en el tratamiento judicial de los casos de detenidos desaparecidos, desatados por las querellas presentadas por los familiares y por el Partido Comunista.
Con la instalación del diálogo entre algunos distinguidos defensores de los derechos humanos y los representantes de las Fuerzas Armadas se buscó poner en escena la tan buscada «reconciliación» cívico-militar. Las ceremonias finales revelan que ésa fue la intención principal, y que la entrega de información quedó convertida en un objetivo secundario.
Antes que los defensores de derechos humanos pudieran evaluar la calidad de los datos, y por tanto, antes que pudieran saber si el largo cabildeo había tenido una utilidad significativa, los diferentes canales registraron los apretones de manos, cargados de simbolismo, entre generales y abogados. Estos últimos se apresuraron a validar la seriedad de las FFAA. Lo que primaba era el deseo de dar vuelta la hoja. Una aspiración muy humana, incluso honesta, pero que estaba destinada a sufrir sucesivos reveses.
El revés del general Campos, que no sabemos si será el último, es muy revelador. Pone en evidencia una realidad que es necesario afrontar, aunque hasta ahora se ha tratado de ocultar tras variadas formas de retórica. Hemos vivido doce años inspirados por la doctrina del posibilismo, buscando eludir el reconocimiento oficial de lo que conocen todos los ciudadanos medianamente informados.
La responsabilidad de la represión en sus variadas formas (desapariciones, torturas, privaciones injustas de libertad, exilio) es una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. La dictadura fue un gobierno de las Fuerzas Armadas, como lo fueron las dictaduras brasileñas, argentinas o uruguayas. Además, todos los organismos que actuaron en labores represivas obedecían a líneas de mando establecidas, cuya organización contaba con la aprobación de los respectivos comandantes en jefe.
Esto no significa, por supuesto, que todos los militares, ni siquiera todos los oficiales generales, tengan responsabilidades personales. Tampoco se infiere de la afirmación anterior que todos ellos aprobaron esas medidas o estuvieron de acuerdo con la ideología que las inspiraba. Significa solamente que la represión no fue la consecuencia de excesos de oficiales o de personal militar ideologizado, sino de decisiones estratégicas adoptadas por órganos con atribuciones, y cuya responsabilidad final remite a los comandantes en jefe.
Si la actitud del general Campos obligó a la renuncia del general Ríos, se hace difícil comprender que los asesinatos de Orlando Letelier y Carlos Prats y la política de sistemáticas desapariciones no tengan relación con las responsabilidades de mando de los comandantes de esa época.
La negación de esta realidad está detrás de los acontecimientos que precipitaron la caída del general Ríos y de otros hechos de aun mayor envergadura, como el caso Berríos. El sentido que tiene la reestructuración eventual del Comando Conjunto es hacer desaparecer las pruebas que puedan incriminar a las instancias superiores del mando.
Es el mismo sentido de la operación montada para eliminar a Eugenio Berríos, ocurrida cuando la Concertación ya gobernaba y cuando Pinochet aún era comandante en jefe del Ejército. Se trató de un acto premeditado en el que estuvo involucrado personal en servicio. Hay indicios de que se buscaba ocultar operaciones represivas cuya importancia involucraría a las más altas instancias del mando institucional.
La Mesa de Diálogo permitió a los militares adquirir la legitimidad de cooperadores en la resolución del tema de los desaparecidos. Los que nos opusimos a participar en ese concilio advertimos que un diálogo con los militares requería gestos previos, y señalamos que sus resultados serian insuficientes. La revelación de las maniobras del general Campos demuestra por qué fueron aun más pobres que lo esperado.
La importancia de este hecho reside en que muestra la existencia en el interior de los institutos armados de oficiales que por razones diversas, unos movidos por principios ideológicos, otros quizá motivados por la intención de defender el honor de la institución, tratan de borrar las huellas de lo sucedido. Los comandantes en ejercicio tienen que dar pruebas de que no aceptarán esas maniobras ni protegerán a los oficiales involucrados. Con ello demostrarán que las instituciones armadas se someten a la ley y no necesitan de instancias especiales para cumplir con las obligaciones del mando.
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