Siempre hemos dicho que en este curioso país lleno de ritualismos la legislación se cumple por parte de unos (la inmensa mayoría) y se viola por otros (una selecta minoría).
En el artículo 34ÅŸ (Ordenamiento Territorial y Sectorización) del Plan Regulador Comunal de Las Condes, vigente desde 1995 y publicado durante el mandato del alcalde Joaquín Lavín, se establecen las zonas de conservación histórica de esa comuna. La normativa vigente obliga a que los inmuebles que integran estas zonas de preservación se deben someter a las regulaciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como asimismo al propio instrumento de planificación local.
Hay dos zonas de conservación histórica en Las Condes, una de las cuales es la avenida Presidente Errázuriz -barrio denominado El Golf-Sur- el que conjuntamente con el hoy modernísimo y cementado sector El Golf-Norte, son los que originaron esa comuna. La otra zona es la avenida Gertrudis Echenique, la cual también está situada en El Golf-Sur. El eje divisorio de ambos sectores es la avenida Apoquindo, en cuya vereda norte está localizada la Casa Consistorial.
Para que se conozca la antigüedad de la comuna, podemos decir que su primer Plan de Urbanización, elaborado por el MOP, se remonta al año 1945.
Las viviendas que forman estas zonas de conservación histórica son de reducido precio comercial (como consecuencia del gravamen impuesto) y de notable valor arquitectónico, por lo que se las considera propiedades de interés patrimonial de esa comuna. Por esa razón Joaquín Lavín las protegió legalmente en su Plan Regulador.
Este tipo de inmuebles tradicionales se pueden demoler solo si sus estructuras presentan deficiencias que impliquen inseguridad para sus moradores. Si así fuera, un especialista debe fundamentar ante la autoridad municipal competente las razones técnicas que harían recomendable la demolición de los mismos. Si esa autoridad estima que es justificable proceder, debe elevar los antecedentes al seremi de Vivienda y Urbanismo, quien tiene la última palabra. De más está decir que esos inmuebles tenían un sólido estado estructural.
La prelatura del Opus Dei, propietaria desde hace tres años de las casas colindantes consideradas en conservación histórica situadas en Presidente Errázuriz 4114 y 4144, tomó la decisión de demolerlas y construir en su reemplazo un edificio en donde cupieran cómodamente sus 45 numerarios (célibes profesionales de excelencia, no sacerdotes) que la van a habitar. Esta sede central tendrá 6 mil 300 metros cuadrados, y sus habitantes dispondrán de varias salas de visita, livings, comedores, salitas de estar, capillas con sacristía, áreas de trabajo individual y en grupo, dormitorios individuales y suficientes estacionamientos, además de otras dependencias.
Si se toma en cuenta que los numerarios trabajarán en el mismo lugar, podríamos decir que tendrán condiciones óptimas para ejercer su ideal de santificarse a través de su laboriosidad.
Como nosotros sabíamos que el deseo de la prelatura era improcedente a la luz de las normas legales, en noviembre del año pasado, cuando se iniciaban los trabajos destructivos, dimos a conocer esta situación en dos medios de comunicación, y en conjunto con la Junta de Vecinos San Pascual hicimos presentaciones ante las autoridades locales y centrales. Todo el aparataje público optó por no responder, y con su silencio cómplice respaldó la vulneración que resumimos.
Ante tal abandono de deberes por parte de esas autoridades, nos vimos obligados a recurrir, nuevamente en conjunto con la señalada Junta de Vecinos, a la Contraloría General de la República, a la que entregamos la documentación que acreditaba la ilegalidad. Después de unos cuantos meses, y cuando las mansiones ya habían desaparecido de la faz de la tierra y el voluminoso edificio está en terminaciones, el ente fiscalizador emitió su dictamen NÅŸ 35145 del 10 de septiembre de 2002, en el que concluye que el proceso de autorizaciones transgredió lo dispuesto en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el propio Plan Regulador Comunal de Las Condes.
La Contraloría también afirma que procede hacer efectivas las responsabilidades administrativas derivadas de la autorización irregular que dieron origen a los permisos de demolición y permiso de edificación otorgados por la Dirección de Obras de Las Condes.
Siempre hemos dicho que en este curioso país lleno de ritualismos la legislación se cumple por parte de unos (la inmensa mayoría) y se viola por otros (una selecta minoría). Es más, a los primeros se les abruma con exigencias para que se encuadren en todas las regulaciones que el burócrata tiene a su disposición: por el contrario, a la escogida minoría, que considera que la ley es un mero instrumento indicativo, no se le molesta con minucias normativas que entorpecen sus quehaceres. Recordemos lo que decía Martín Fierro al respecto.
Debido que los funcionarios públicos y municipales se hicieron los sordos y no se dieron por aludidos con el contundente dictamen del ente contralor, en días pasados le entregamos los antecedentes a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado para que conociera los hechos. Estamos conscientes que el ideal es que «las instituciones funcionen», pero esto es impracticable en un país en el que no existe igualdad de deberes. Ello pasa porque las élites, aprovechándose de la asimetría en el manejo de la información, sacan ventajas crecientes a costa de la debilidad de quienes administran este caricaturesco país.
Si ésto hubiera ocurrido en el período en que el supernumerario Joaquín Lavín ejercía como alcalde de Las Condes, al menos por pudor no habría aceptado ese acomodaticio arreglín. Estamos conscientes que hablar de estas cosas en Chile es «políticamente incorrecto» y a pesar de ello, instamos al líder de la derecha y posible futuro Presidente a que dé su opinión en El Mostrador.cl sobre lo acontecido. Así los lectores podrán sacar sus conclusiones sobre esta sensible equivocación, la que por falta de espacio y por desinterés periodístico no ha sido cubierta por la prensa.
Finalmente, no sabemos cuál será el epílogo de este bochornoso caso, pero dadas las prudentes prácticas chilensis, lo vislumbramos. En este sentido, constataremos que se ha facilitado el Camino para que la nueva Obra de construcción cumpla con el cometido trazado por sus ideólogos.
Por lo tanto y desde la distancia, les enviamos nuestras felicitaciones a quienes saben destrabar iniciativas que generan beneficios privados y ocasionan perjuicios públicos.
(*) Agrupación Defendamos la Ciudad.
