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Sobre la corrupción

En el sistema neoliberal adoptado por Chile, el sector privado ha aumentado su importancia por su eficiencia, resultados y agilidad, en deterioro del sector estatal.


Cuando en Chile se habla de corrupción muchos levantan una ceja en señal de extrañeza acotando que «no tenemos corrupción», y respaldan la afirmación con los ranking internacionales que posicionan al país entre los más probos del continente.



Pero como lo han demostrado los últimos hechos, esto es falso. Desde la reinstauración de la libertad de expresión junto con la democracia han salido a la luz numerosos casos de corrupción que han afectado a diversas instituciones del Estado, el último de los cuales involucra a Patricio Tombolini y Víctor Manuel Rebolledo.
La corrupción es un flagelo grave que destruye la confianza que han puesto los ciudadanos en los funcionarios públicos para que los representen en las diversas tareas que se desprenden del sistema social en el cual vivimos. Cada vez que ocurre una falta a la probidad esta confianza se rompe y el público se siente engañado.



Una definición de corrupción realizada por Nye dice que la corrupción «es el comportamiento que se desvía de las responsabilidades formales de un rol público por ganancia personal, de riqueza o status». Estas responsabilidades formales se refieren a la realización de las funciones para las cuales fueron elegidos, incluyendo el cuidado del interés común de los chilenos, su beneficio y el logro de sus metas como sociedad.



Los orígenes de la corrupción son diversos y varían entre los distintos países debido a factores culturales. Entre las causas básicas podemos nombrar bajos salarios en el aparato estatal, falta de vigilancia por parte de la opinión pública y una gran burocracia estatal. Otros motivos, que se encuentran en la literatura especializada, son mucho control sobre los actos de un individuo, implementación de ciertos procesos como privatizaciones y concesiones, y modelos morales y sociales con énfasis en el dinero y el consumismo.



Es justamente en estos dos últimos puntos donde Chile debiera reforzar su estrategia anticorrupción. Las concesiones al sector privado, de cualquier tamaño y monto, deben ser transparentes y abiertas. Además, corresponde reforzar la cultura del sector público fortaleciendo la idea que son servidores públicos con responsabilidad sobre el bien común, y no sólo trabajadores que se ganan un sueldo.



En el sistema neoliberal adoptado por Chile, el sector privado ha aumentado su importancia por su eficiencia, resultados y agilidad, en deterioro del sector estatal. Tanto así que las prácticas del sector privado se adoptaron en el público por medio de la «gerencia pública», en la que se asume la supremacía del sector privado y que genera un sentimiento de menosprecio hacia el funcionario de carrera.



Al mismo tiempo, el individualismo que prima en este modelo económico se trasladó a la administración estatal, provocando una contaminación de lo público por lo privado, otra causa de corrupción, donde se anteponen los intereses personales por sobre la función de servidor del pueblo.



Por eso otra causa de corrupción es el desperfilamiento del sector público, que trata de imitar al sector privado perdiendo de vista una de las razones de su existencia, velar por el interés común de los chilenos. Por ello, las políticas de probidad deben ir acompañadas de un mensaje que refuerce su cultura y enfatice su papel de guardián del bien común y de funcionario al servicio de los chilenos. Al mismo tiempo, se debe adoptar una política de reclutamiento basada en la excelencia, donde solo quienes posean las mejores capacidades técnicas y un alto sentido de probidad puedan ingresar.



El ejemplo de buena conducta debe provenir desde los jefes superiores, para que el resto de los funcionarios los imiten. Cuando la mala conducta comienza en las altas esferas de poder es fácil que se produzca un chorreo del comportamiento hacia abajo, bajo la justificación de la frase: «si el jefe lo hace ¿por qué yo no?».



Entre las causas de la corrupción, Klitgaard menciona la instancia cuando las oportunidades de ser capturado son bajas y las ganancias, enormes. El mejor control de la corrupción es el ejercido por la opinión pública mediante la denuncia del ciudadano y la fiscalización por los medios masivos de comunicación, además del llamado accountability por el gobierno.



Otro punto importante es la investigación, seguimiento y castigo oportuno de los casos de corrupción. Esta es otra falla que se aprecia en Chile. Cuando se conoce un caso de corrupción se anuncia con bombos y platillos, pero al corto tiempo se entrampa en los tribunales hasta que la opinión pública se olvida. Sólo el tiempo nos dirá si esto se confirma nuevamente en el caso de corrupción que vemos hoy: qué pasará con los responsables y qué castigos se les impondrán.



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  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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