Avispados hombres de negocios ahora le dicen al Estado que están dispuestos a ser «expropiados» para no entorpecer vialidades en el río Mapocho.
Las riberas del río Mapocho son bienes nacionales de uso público. Hasta las inundaciones de 1982 el ancho del mismo, entre los puentes Lo Curro (Vitacura) y San Enrique (Lo Barnechea), variaba entre 200 y 300 metros y en algunos trechos llegaba a 400 metros. Como consecuencia de esos trágicos desbordes, el Fisco de Chile invirtió considerables recursos en desbancar y perfilar ambas orillas del río a través de enrocados y gaviones, con lo que se redujo sustancialmente su cauce a sus actuales 60 metros.
El Decreto Exento NÅŸ 109 (del 28 de enero de 2000) de Bienes Nacionales estableció los deslindes del río en la parte alta de la ciudad. Algunos privados colindantes con las riberas que habían extendido de facto sus predios aprovechándose de las obras fluviales ejecutadas por el Estado y de la falta de fiscalización han impugnado tal decreto por considerarlo «confiscatorio». Esta bochornosa situación fue parcialmente zanjada por sentencia del 27 de septiembre de 2001 emitida por la Corte Suprema, que suspendió indefinidamente los efectos del decreto y estableció que la controversia se tenía que ventilar en otro juicio.
La autopista Costanera Norte se está ejecutando sobre una de las riberas, y la avenida Costanera Sur está proyectada sobre la otra ribera del río. El MOP decidió hacer un puente en la zona de Tabancura para dirigir los flujos vehiculares de la primera. Este sector, y otros más hacia el poniente, son los lugares donde ciertos particulares dicen ser dueños de grandes espacios, rellenados por ellos mismos y ganados al río. Estos avispados hombres de negocios ahora le dicen al Estado que están dispuestos a ser «expropiados» para no entorpecer tales vialidades.
El ex ministro Carlos Cruz, muy suelto de cuerpo y entusiasmado en «hacer cosas», manifestó públicamente que «había que expropiar» sin mayores dilaciones, lo cual debe ser entendido como un comportamiento liviano que no sopesó las nefastas consecuencias que ello habría significado. En rigor, si se hubiera procedido en tal sentido se le habría entregado un verdadero regalo a algunas inmobiliarias, sanitarias y sociedades de inversiones, las que siempre están atentas a la ganancia rápida vía «interpretaciones» legales.
Incluso el presidente de la inmobiliaria de un club de golf que había ampliado su territorio dijo en El Mercurio del 8 de febrero pasado que el directorio de la misma «ha estado dispuesto a dialogar con las autoridades para lograr un acuerdo armonioso». Y sabemos que ese «acuerdo armonioso» significaría echar mano a un porcentaje de la caja fiscal para entregárselo a ese particular.
Dentro del contexto de los efectos patrimoniales que tendría una decisión errada por parte del MOP, el estudioso abogado demócratacristiano Ramón Briones, gran conocedor de materias urbanas, dijo en La Nación del 23 de julio pasado que «el terreno ganado al río es fiscal por ley» y que lo anterior «podría significar expropiar bienes públicos por más de 300 millones de dólares«. También alertó que «los interesados en quedarse con los terrenos recuperados con las obras fiscales son entidades y personas muy poderosas».
Conscientes de la tremenda equivocación ad portas, el 19 de julio reciente nos dirigimos a Javier Etcheberry, nuevo titular del MOP -famoso por saber cautelar los dineros públicos- y le informamos que considerábamos inaceptable la idea de «compensar» a privados quienes, debido a la ausencia de fiscalización, habían ampliado sus predios a expensas del interés colectivo. Le ofrecimos diversas documentaciones gráficas emanadas de los servicios públicos competentes, incluyendo registros aerofotogramétricos desde comienzos de la década del ´50 de la Fuerza Aérea de Chile y del Servicio Geográfico Militar, los cuales corroboran los límites norte y sur del río Mapocho. Pusimos también a su disposición las actas municipales de Las Condes, donde se establecían las condiciones de ocupación del suelo de los territorios «en discusión» y otros que establecían las mensuras de la zona rellenada que originaron las «nuevas» explanadas.
Vía ORD. NÅŸ 761 del 27 de agosto pasado se dirigió a nosotros Germán Molina, Coordinador General de Concesiones de Obras Públicas, quién aceptó nuestro ofrecimiento. Este se materializó en una reunión posterior sostenida en nuestras dependencias. Asistieron siete especialistas (ingenieros y abogados) del MOP, los que conocían muy bien la materia en comento y con quienes intercambiamos opiniones sobre la historia y las mutaciones artificiales del río.
Ya en 1930 el ingeniero Isaac Faigenbaum trabajaba en el MOP, y sin temor a equivocarnos podríamos decir que es el profesional que más sabe del río Mapocho, no solo por su vasta experiencia en obras hidráulicas sino porque lo conoce como la palma de su mano. Así fue como en días pasados nos habló acerca del origen del Parque Gran Bretaña, materializado en terrenos áridos de lecho sobrantes después de construida la canalización del Mapocho, al costado sur del tramo que media entre el puente Pío Nono y el sitio donde se encuentran hoy las denominadas Torres de Tajamar.
Con la bondad propia de los hombres inteligentes y lúcidos, nos decía que esa importante área verde -si su memoria no le fallaba- era producto del trabajo paisajístico del afamado Oscar Prager.
Ante nuestra consulta sobre lo que acontece hoy en día bastante más hacia la cordillera, don Isaac, con su prudencia característica, nos respondió que si fuera efectiva la acusación de que particulares se apropiarían de terrenos similares a los que había antes de la construcción del Parque Gran Bretaña, cuán distinta sería esa actitud a la observada en los años ´30, cuando a nadie se le habría ocurrido apropiarse de los valiosos terrenos entonces aparentemente abandonados pero en realidad destinados a mantener la idea de la continuidad de las áreas verdes en las orillas del río Mapocho.
Recordemos que el río Mapocho es un parque según el instrumento de planificación urbana regional, pero nosotros los santiaguinos, con la avidez que nos es propia, no hemos permitido que se cumpla el mandato legal que nos dice que ambas riberas, en toda su extensión, son áreas verdes de uso público.
Por lo reseñado y porque es inaceptable la pretensión de los particulares que se tomaron terrenos fiscales, tenemos la convicción que el ministro Etcheberry, quien ha dado muestras de probidad en su carrera de servidor público, hará todos los esfuerzos necesarios para que el Estado recupere íntegramente esas riberas, con lo cual, aunque nunca vamos a poder disfrutar del valor paisajístico y de equilibrio ecológico del Parque del Río Mapocho, tal como lo expresa el art. 5.2.2. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), por lo menos no se girarán indeterminados millones de dólares a favor de tan osados ocupantes ribereños.
(*) Agrupación Defendamos la Ciudad.
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