Hacer las cosas bien se irá convirtiendo en el capital más valioso de los políticos. A la larga los exitosos serán los que inspiran confianza y no recelo. Aquellos que al verlos el elector no sienta el instinto inmediato de meterse la mano al bolsillo para protegerse de un robo.
A partir del caso coimas han surgido todo tipo de interpretaciones y justificaciones. Entre éstas últimas, una de la más reiteradas es la que explica que hechos como estos se producen por la falta de regulación del financiamiento de los partidos y las campañas electorales.
Francamente esto es insostenible. ¿Pueden las leyes modificar las conductas? ¿Puede convertirse en probos a los ladrones por el solo ministerio de la ley? Es cierto que esta es una discusión muy antigua, y algunos tienen una fe casi ciega en el poder formador de las leyes, pero el tiempo ha demostrado que las conductas de los seres humanos son más poderosas que los buenos deseos expresados en unas cuantas líneas.
En este caso no podemos confundir las materias. Soy un convencido que las personas tienen tanto derecho a expresar sus preferencias por uno u otro candidato como a apoyar económicamente su opción. Algunos de nosotros en más de una oportunidad hemos trabajado en la obtención de recursos para una campaña, y ello no nos ha involucrado en oscuras transacciones ni en comercializar las decisiones futuras del candidato.
¿Por qué va a ser ilegítimo que las personas opten por promocionar sus convicciones e invertir en aquello? Lo es sí que la consecución de los recursos se convierta en la venta y compra de conciencias. A lo mejor una normativa ayuda a que esas prácticas reñidas con la moral se produzcan en menor cantidad, pero es iluso pensar que la sola existencia de una ley va a evitar de raíz las prácticas inmorales. Después de todo, hecha la ley, hecha la maña.
Ahora bien, la inexistencia de leyes coercitivas en el campo de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales es un escenario igual para todos, y si existen personas que en él se comportan adecuadamente, por qué lo usamos como pretexto para justificar las malas conductas. Tal vez algunos lo hagan por eso de que el cojo siempre le echa la culpa al empedrado.
El tema de fondo aquí no es la normativa, sino la formación moral de los que actúan en política. Son los valores que exhiben cuando toman decisiones y cuando buscan nuestro apoyo.
Hacer las cosas bien se irá convirtiendo en el capital más valioso de los políticos. A la larga los exitosos serán los que inspiran confianza y no recelo. Aquellos que al verlos el elector no sienta el instinto inmediato de meterse la mano al bolsillo para protegerse de un robo.
En esto los partidos deben ser agudos, su éxito estará asegurado en el buen marketing, es cierto, pero también estará garantizado en el buen producto. Si no hacen esfuerzos por limpiar la casa de los que la ensucian, prontamente quedarán en el camino el crecimiento y la representatividad.
Por eso en estos días la decisión del PPD, de sancionar a los implicados en el caso coimas, con la suspensión de la militancia suena a ligereza. La opinión pública, y muchos militantes, esperan más firmeza y convicción.
Resguardar esta tibia decisión tras la clásica afirmación que «estamos a la espera de lo que digan los tribunales», es una demostración de ingenuidad notable. Porque no sólo deja la responsabilidad en un Poder Judicial ya desgastado en imagen, sino que, también, dilata en el tiempo las definiciones, tiempo largo para un pueblo de memoria corta.
La gente quedará concentrada en la imagen del hoy, de un grupo de corruptos en medio de un partido con actitudes blandas. No se trata aquí de fomentar las ejecuciones en la plaza pública: nadie quisiera retroceder a la barbarie. Pero hoy es un hecho que con la información a disposición de todos queda claramente establecida la existencia de una red de personas que actúan en concordancia para fines no muy santos.
Estos solos hechos debieron permitir el tomar una decisión drástica, acorde con el impacto público y el daño causado. Después de todo, los partidos toman resoluciones políticas y a los tribunales les corresponde las sanciones penales.
En estos días los partidos oficialistas debieran pensar en estos hechos y reconocer que de no mediar cambios decisivos en su actitud frente a la corrupción, sus días en el Gobierno están contados.
(*) Profesor de Historia y Geografía y militante PPD.
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