¿Política cultural? - El Mostrador

Jueves, 23 de noviembre de 2017 Actualizado a las 05:03

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¿Política cultural?

por 7 noviembre, 2002

¿Por qué ocurre esto cuando en efecto, como dice Eugenio Llona, el Presidente está interesado en la cultura? Creo que porque se ha elegido el camino equivocado.

Eugenio Llona, el nuevo encargado de Fondart, ha dicho que debemos estar esperanzados porque el actual Presidente de la República es una persona muy ligada al mundo de la cultura, tanto por sus personales aficiones como por el papel que desempeñó a cargo del Ministerio de Educación.



Pese a ello, poco se ha avanzado en la solución de problemas cruciales, con excepción de la reciente eliminación de la censura cinematográfica.



Incluso en dos acontecimientos simbólicos, nuestro locuaz Presidente guardó un silencio. Este gesto, dadas sus características, tiene el peso de una opinión.



El primero de esos asuntos fue provocado por las opiniones de Faride Zerán, quien acusó al departamento de prensa del canal público de censurar ciertos contenidos concretos y, en general, de contribuir a la uniformación de la agenda pública, es decir, a la grisura y la monotonía.



La periodista se atrevió a decir lo que pensaba. Grave error de su parte. Su sinceridad fue tildada como un acto de falta de patriotismo, en este caso respecto a la "patria chica", el canal público. Casi nadie se preocupó de evaluar si lo que se aseveraba era efectivo. La ropa sucia había que lavarla en casa. En este caso la sangre no llego al río, pero sospecho que solo porque el procedimiento de sustitución era demasiado engorroso.



El segundo de los asuntos fue la renuncia de Nivia Palma al Fondart, como coletazo de la desautorización de la ministra de Educación. La situación en su conjunto proporciona material para escribir una hilarante pieza de teatro del absurdo. Lo grave es que la titular de Educación creyó necesario sumarse a la intolerancia disfrazada de patriotismo.



Nuestro Presidente hizo mutis por el foro, y quizá influidos por su silencio se esfumaron los funcionarios superiores cuyo deber profesional y moral era respaldar a quien estaba defendiendo las decisiones de un jurado oficial y con ello protegiendo la libertad de expresión, negándole el derecho de censura a poderes fácticos, sean instituciones de la defensa o grupúsculos de fanáticos.



Estas actitudes, si bien cobran importancia por el estilo de gobierno al cual el Presidente nos tiene acostumbrados, son simbólicas pero episódicas. Hay asuntos de mayor envergadura que revelan que la política cultural del gobierno de Lagos marcha mal, o más bien casi no marcha, a menos que se crea que el principal papel de ella es organizar fiestas cada cierto tiempo. Bienvenidas ellas, pero no bastan.



Existe una abismante falta de política en aspectos sobre los cuales no es posible esperar más.



Una de esas áreas es la televisión pública. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que realiza Manuel Antonio Garretón en el último numero de la revista Rocinante. El problema de fondo es el modelo elegido de canal público, que es forzado a comportarse como un canal privado. Por tanto, está obligado a crear sus Kikes Morandé y Cecilias Bolocco. Por fortuna, la mayor parte de las figuras seleccionadas realizan sus roles con cierto recato, de manera que la cursilería promedio es menor que la de la competencia.



Pero para crear un autentico medio público, es decir, un ámbito de discusión política, cívica y cultural, un espacio que fomente nuestra industria audiovisual más innovadora, se necesita inventar nuevas modalidades. Por supuesto que un espacio televisivo público debe ser abierto y pluralista. En él deben tener derecho a expresarse todas las corrientes y expresiones. Pero es indispensable superar el dogma, a cuya consagración también han contribuido algunos especialistas, según el cual en televisión no tienen cabida los programas de discusión en profundidad.



Se dice que el medio rechaza el formato. Pero este aserto lo desmiente lo que hizo en Francia Bernard Pívot, o lo que ha venido realizando Cristián Warnken en la señal por cable de Canal 13, o lo que ha llevado a cabo Fernando Villagrán -hasta que se lo permitieron- en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso.



Abordar esos problemas exige tener una política respecto a la televisión más compleja y sofisticada que la actual.



Las falencias que señalo no se concentran solo en la manera de concebir el papel y la estructura del canal público. Tampoco hay política respecto al libro. Más bien parece que existiera la intención de hundir a esa industria. Las autoridades permiten la piratería del libro, que se hace con absoluto descaro a través de la venta callejera o el fotocopiado masivo.



Es probable que esos problemas sean por lo menos parcialmente efectos del precio del libro. Si es así ¿por qué este bien, cuyo valor nadie niega de palabra, no está exento del IVA? ¿Cuál es la ley sacrosanta de la economía que se viola si se concede esa exención? No debe ser una demasiado decisiva, porque el impuesto no se aplica en algunas economías que funcionan perfectamente.



En otro terreno, la Asociación de Editores Independientes ha propuesto que se aplique, como se hace en múltiples países, el precio único del libro. Que yo sepa, la proposición no ha recibido ninguna respuesta. ¿Por qué? La razón es simple, no existe política.



Lo más grave es que estamos a punto de firmar importantes tratados con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar la defensa de nuestra industria de bienes culturales? Las informaciones fragmentarias que se poseen son esperanzadoras para la producción cinematográfica, pero no para otras áreas de la industria de bienes culturales.



La situación en la investigación deja mucho que desear en las áreas de humanidades y ciencias sociales, y en las ciencias naturales o en matemáticas es solo un poco mejor. La posibilidad de formar equipos, de trabajar durante años en un tema o de ensayar enfoques interdisciplinarios se hace prácticamente imposible con recursos nacionales, por lo menos en las áreas de humanidades y ciencias sociales.



Esas falencias no solo afectan al desarrollo cultural: también empobrecen las tomas de decisiones en materia de políticas sociales. Por ejemplo, la reforma educacional en aplicación requeriría el desarrollo de investigaciones de carácter macro y especialmente micro, a nivel de aula. Hoy se investiga menos en esa área crucial que en tiempos de la dictadura. En otras áreas la investigación casi ha desaparecido, como en el campo de la sociología rural.



Se me podrá decir que existen los fondos de Mecesup, pero son bastante restrictivos en cuanto a las condiciones de elegibilidad y tienen un espectro demasiado amplio para que constituyan el salvavidas de una actividad agonizante.



¿Por qué ocurre esto cuando en efecto, como dice Eugenio Llona, el Presidente está interesado en la cultura? Creo que porque se ha elegido el camino equivocado. Todo está suspendido hasta que se apruebe la llamada nueva institucionalidad cultural. Pero cuando ésta se apruebe nos daremos cuenta de sus limitaciones y vacíos, pues quedarán fuera de su jurisdicción aspectos decisivos de la gestión cultural.



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