La opacidad genera conspiraciones e intrigas. De ahí que su exceso sea propio de los regímenes autoritarios y de la teoría política preliberal que sostenía que el príncipe es tanto más poderoso cuanto más invisible sea su capacidad de hacerse obedecer.
Uno de los elementos centrales de la profundización de la democracia es el acceso libre a la información de las normas que rigen el funcionamiento de los entes estatales, así como de sus acciones, trasparentando con ellos el ejercicio del poder político del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La libre información y conocimiento de las leyes introduce objetividad, seguridad, previsibilidad, institucionalidad y generalidad, necesaria en la constitución de un estado democrático para nuestra sociedad.
Chile todavía tiene una estructura jurídica autoritaria y descontextualizada con su entorno de principio de siglo 21, necesitamos por ello reformas de fondo y no cosméticas, consensuadas por las perspectivas políticos que conviven en nuestra sociedad, sin imposición de grupos fácticos de lo que nos debe regir. Con ello, el principio de legalidad, como base de la legitimidad del Estado democrático, sería un espacio ha constituir por el mosaico sociopolítico chileno.
Así es como en búsqueda de desarrollar estrategias de cambio, hemos dado curso a una iniciativa legislativa, materializada en el proyecto de Ley sobre Participación y Soberanía Ciudadana, tendiente a reformar algunos normativas que rigen el funcionamiento del Estado, desarrollando una política cercana a la cotidianeidad de los ciudadanos, generando mayores y mejores vínculos entre el Estado y la Sociedad.
Para ello hemos impulsado la consolidación de bibliotecas electrónicas públicas de todos los estamentos del aparato estatal, tanto a nivel central, como en los niveles mesopolíticos, intendencias y gobiernos regionales, y a nivel comunal. Además, se plantea poner en práctica estos cambios en los servicios y organismos dependientes del Estado.
Consideramos que son sólo las normas las que pueden actuar como límite al poder y garantías a los ciudadanos para evitar o disminuir al máximo los riesgos de arbitrariedad, como son por ejemplo la utilización de información pública en beneficio personal que poseen individuos que se han desempeñados en cargos públicos, generando vicios en la acción pública. No se pueden repetir hechos en donde personeros públicos desarrollan negocios a espalda de la ciudadanía, como han sido los recientes casos de corrupción.
No debemos olvidar que el Estado presume el conocimiento de la ley por parte de los ciudadanos, por lo que este tipo de iniciativas vendría de desarrollar flujos sistémicos de información, impulsando mayores responsabilidades de los ciudadanos frente a sus deberes particulares, como de su responsabilidad con el entorno social. Si comprendemos de la democracia en un conjunto de reglas procedimentales para la formación de decisiones colectivas que permitan una amplia participación social, es lógico que esta información este a disposición.
Responsabilidad de las autoridades, así como de la ciudadanía, es el eje central de nuestras propuestas.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación son herramientas indispensables para ampliar los vínculos democráticos, siendo la información un valor amparado por el Derecho, siendo necesario asegurar y promover su ejercicio.
Estas bibliotecas electrónicas serán establecidas obligatoriamente con acceso abierto y gratuito al público, incluyendo información oficial del Estado sobre asuntos de interés públicos, incluyendo funciones, competencias y trámites. Por lo mismo, tendrán que poseer los organismos sectores habilitados en sus sedes con computadores con información en línea para el acceso libre de los ciudadanos.
Además, postulamos la obligación de Notarías y Conservadores de Bienes Raíces y de Comercio de poner a disposición del público el acceso a sus registros de forma tal que cada persona pueda consultar inscripciones de dominio, gravámenes, registros societales y otras.
Como incentivo desde el Parlamento para el funcionamiento de las instituciones, como ha señalado el Presidente Lagos, creemos conveniente el insertar a la Contraloría General de la República en pos de que esta supervise que el conjunto de los sitios web del Estado ofrezcan el conjunto de las leyes, decretos, normas y reglamentos vigentes, manteniendo además su propio portal en el que pondrá a disposición gratuita una herramienta de «búsqueda», de manera que cualquier usuario encuentre disposiciones legales en los otros sitios web estatales.
Asimismo, el día en que cada ley, decreto, norma o reglamento sean publicados en el Diario Oficial, éste hará llegar copia de su versión libre al administrador del portal o sitio web del ente estatal que haya generado la disposición legal respectiva, teniendo un plazo máximo de cinco días para publicarla en el sitio web a su cargo o de tres días par hacerla llegar a la repartición en cuyo sitio web sea publicada en definitiva, la cual tendrá el mismo plazo de cinco días para publicarla.
Son especialmente lúcidas las consideraciones de Norberto Bobbio, politólogo italiano, sobre el poder invisible en el Estado Moderno, un área poco explorada por los analistas entre otros factores porque escapa a las técnicas de investigación abierta. Uno de los principales límites a nuestra joven democracia consiste en la existencia de ese poder invisible que coexiste con el formalizado en las instituciones representativas.
Cristaliza así una suerte de Estado dual que impide el control de ciertas áreas opacas, los arcana imperii. De ahí que la publicidad es requisito «estructural» de la democracia, un poder visible por definición, por lo que sacar a la luz todas las dimensiones del poder político favorece el control, mientras que la reserva expande la discrecionalidad y la «Razón de Estado» de la peor especie, que algunos descontextuados subsisten en defender o legitimar, señalando que «así no más es la realidad».
La opacidad genera conspiraciones e intrigas. De ahí que su exceso sea propio de los regímenes autoritarios y de la teoría política preliberal que sostenía que el príncipe es tanto más poderoso cuanto más invisible sea su capacidad de hacerse obedecer.
Por ello, la opacidad es campo de cultivo para la aparición de relaciones corruptas, dado que al existir esta cortina nebulosa, impera la discrecionalidad. No hay que olvidar los cambios producidos a nivel mundial con el desarrollo de nuevas tecnologías de información, así como de la caída de gobiernos autoritarios, que han puesto fin al imperio del miedo y la ignorancia.
Todas estas iniciativas, así como sus fundamentos, se enmarcan dentro de la búsqueda de liberalizar las normas sobre el acceso a la información pública y a los expedientes administrativos de los órganos del Estado, como forma de facilitar el conocimiento y control cierto de las decisiones y de la formación de la voluntad administrativa, generando la posibilidad de reclamo por incumplimiento de la obligación de las administraciones de informar, así como un castigo a la violación de la legalidad consensuada. La subsistencia de los arcana imperii implica la reducción de la expansión democrática y su arraigo supone el control sobre los «súbditos» por parte del poder, toda una lógica contradictoria con la inspiración «cívica» de la raíz democrática liberal.
La democracia de los modernos se ha abierto luchando en dos frentes, contra el poder de arriba en nombre del pueblo y contra el poder concentrado en aras de su división, con lo que perfeccionar nuestro régimen político en un desafío tanto para democratizar el Estado y la Sociedad, como de constituir una cultura democrática.
Animamos por ello a los representantes institucionales y empresariales, operadores políticos, empresas técnicos y profesionales vinculados a esta temática para que enriquezcan esta iniciativa con sus aportaciones, opiniones y sugerencias, remitiendo sus ideas por los medios electrónicos habilitados en nuestras oficinas, que enriquezcan este debate. Todas serán bienvenidas. Todas ayudarán en la misión a la que pretendemos contribuir, mejorar la democracia.
Nosotros por nuestra parte, desde el Parlamento, estaremos esperando legislar hasta el nuevo período ordinario legislativo, dado que es en estos momentos es el presidente de la república el que legisla a partir de su particular agenda, ejemplo claro de un resabio que persisten del arcana imperii.
(*) Diputado PPD por Rancagua
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