Con motivo de la aprobación del Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación concordado entre el gobierno de Chile y la UE, ha habido quienes han planteado la necesidad de condicionarlo a la elaboración de un Plan Estratégico del sector silvoagropecuario. Además, sugieren la aplicación de medidas de protección a la producción agrícola nacional y la urgencia en darle a la agricultura un tratamiento especial.
Por último, señalan que procede compensar a nuestros agricultores por los supuestos daños que les ocasionará dicho acuerdo, en particular habida consideración los altos subsidios que entregan los países industrializados.
Vamos por partes y sinceremos el debate.
En primer lugar, es necesario reiterar que Chile cuenta con una Política Agrícola, contenida en el documento «Política de Estado para la Agricultura Chilena del año 2010» y en los «Acuerdos de la Mesa Agrícola Familiar Campesina», trabajos elaborados por el Ministerio de Agricultura y los actores sectoriales relevantes -organizaciones empresariales y campesinas, colegios profesionales, autoridades académicas y parlamentarias-, esfuerzo público y privado concluido el año 2001 que contiene los siete ejes estratégicos del sector y especifica los instrumentos a implementar.
Luego, insistir en la necesidad de una «política agrícola» en circunstancias que ella ya existe y es de público conocimiento, al menos constituye una majadería que no se condice con la realidad.
En segundo término, cabe recordar que la agricultura nacional ya cuenta con un tratamiento especial, distinto del aplicable a los restantes sectores productivos. En efecto, es la única actividad económica a la que el Estado le transfiere a los privados más de 200 millones de dólares anuales en instrumentos de fomento que están en plena vigencia y que son compatibles con las normas de la OMC. A la vez, es el único sector que tiene un instrumento estabilizador de precios, como lo son las bandas.
En igual sentido, junto al transporte se le aplica un sistema tributario particular, en virtud del cual los agricultores pagan renta presunta y no efectiva, la que, además, se calcula sobre la base de avalúos que rigen desde la década de los 80.
Por último, frente a las distorsiones del mercado internacional la mayoría de las cláusulas de salvaguardia decretadas por la Comisión de Distorsiones han favorecido productos agropecuarios. En consecuencia, plantear tratamientos especiales, como si no existiesen, tampoco se compadece con la verdad.
En tercer lugar, es un principio de derecho universalmente aceptado el que para pedir compensaciones o indemnizaciones es menester fundarlas en la existencia de un daño o perjuicio, y en la especie, ningún sector o rubro agrícola se verá perjudicado con este acuerdo con la UE. Por el contrario, todos ellos ganan o quedan tal cual como están hoy, de manera que se trata de un buen acuerdo para la agricultura chilena.
En efecto, tengamos presente que a la UE, a pesar de sus subsidios y aranceles, ya le enviamos casi un tercio de las exportaciones silvoagropecuarias nacionales. Luego, con este acuerdo lograremos la certeza jurídica que nuestros productos podrán seguir ingresando a ese importante mercado de 370 millones de consumidores y con un ingreso per cápita muy superior al doméstico.
Asimismo, y como consecuencia de la desgravación arancelaria pactada, nuestra producción a exportar tendrá mayor competitividad, dado que pagarán menos aranceles que los que cancelaban antes del acuerdo. A la vez, la inclusión de la leche y la carne, productos normalmente excluidos en los acuerdos anteriores, es una demostración de nuestro interés en incorporar a la agricultura del sur al virtuoso circuito del modelo de desarrollo exportador silvoagropecuario. En igual sentido, la exclusión de los denominados productos agrícolas sensibles, que son los que legalmente están sujetos a bandas de precio, defiende a la agricultura tradicional.
Del mismo modo, haber convenido arancel cero para los fertilizantes, insumos y maquinarias que nuestros agricultores compran a los países europeos, reducirá sus costos de producción y aumentará la competitividad. Por último, se ha concordado un procedimiento transparente y equitativo para resolver las controversias que se susciten, sin quedar expuestos a la resolución unilateral del más fuerte, como desgraciadamente acontece hasta el día de hoy.
Del modo expuesto, ¿en qué se puede fundar la pretendida compensación, en circunstancias que no existe daño alguno? Seamos realistas y objetivos: los subsidios que la UE entrega a sus productores existen o existirán independientemente de este acuerdo. No está en nuestras manos cambiar la política agrícola de la UE, así como ellos, tampoco, pueden pretender cambiar la nuestra. Sin embargo, y a pesar de sus elevados subsidios, ya tenemos una balanza comercial agropecuaria y forestal positiva en cerca de mil millones de dólares, la que deberá aumentar con la desgravación arancelaria convenida, máxime cuando se tiene en consideración el hecho que para ninguno de nuestros productos sensibles -cereales, carne, azúcar y lácteos- la UE es un proveedor de importancia, de manera que tampoco puede ser considerada como una amenaza en esos rubros.
La mejor protección para la agricultura chilena es un dólar alto, reducidas tasas de interés, presupuesto fiscal equilibrado, baja inflación y economía sana. Y todo ello el gobierno del Presidente Lagos se lo ha otorgado al sector y al país. En consecuencia, bienvenida UE y trabajemos en estrechar nuestros esfuerzos, inteligencias y voluntades para ocupar los espacios que estamos abriendo. De ese modo beneficiaremos al conjunto de productores y trabajadores agrícolas y, por ende, a la patria toda.
(*) Ministro de Agricultura.
______________
