En el caso que relatamos, nos ha llamado la atención que la Municipalidad de Las Condes, al no fiscalizar, está privilegiando indebidamente el quehacer comercial de las inmobiliarias, en desmedro de los derechos de los vecinos y del interés colectivo de todo un sector.
Es un hecho cierto que en el barrio El Golf, el más antiguo de la comuna de Las Condes, se está viviendo un proceso de reurbanización con características depredadoras debido a lo permisivos que han sido los distintos instrumentos de planificación urbana. El primer Plan de Urbanización (elaborado por el MOP) es del año 1945 y el actual Plan Regulador Comunal (PRC) es del año 1995.
En 1970, este sector era residencial de 40 habitantes por hectárea, con excelentes viviendas unifamiliares que disponían de amplios jardines (70 por ciento de la superficie del predio). Por la fuerza de decisiones municipales orientadas al laissez-faire del mercado, ahora estamos inmersos en un sector comercial y de oficinas de mil 400 habitantes por hectárea, con aisladas áreas verdes privadas, ya que las actuales normas permiten la inexistencia de aquellas: los antejardines de los elevados y caprichosos nuevos edificios son de concreto, adoquines y/o baldosas.
Sus arquitectos, ciñiéndose a las instrucciones de quienes los han contratados para proyectar tales edificios, han procedido con el mejor estilo verdefóbico.
En los inicios de 1997, cuando Joaquín Lavín era alcalde y ante la precisa demanda ciudadana, se iniciaron los estudios en Asesoría Urbana Municipal para modificar el PRC y transformarlo en un instrumento respetuoso de los derechos urbanos de los vecinos. Pero a mitad de camino dicho alcalde se arrepintió y todo el proceso volvió a fojas cero. El alcalde que lo sucedió, Carlos Larraín, retomó el camino correcto y continuó con los análisis correspondientes, proceso que -por diferentes motivos- no llegó a buen término. El actual alcalde, Francisco de la Maza, anuncia que pronto se aprobará la modificación. ¿Será verdad?
En concreto, han transcurrido casi seis largos años y se mantienen las mismas condiciones normativas que tanto mal le han hecho a la comuna. Como se ve, los hijos de las tinieblas han tenido éxito en su objetivo de influir para que no se apruebe el nuevo PRC.
En el cuadrante de Apoquindo, El Regidor, Reyes Lavalle y Augusto Leguía Norte, manzana contigua a la Casa Consistorial, se acaban de demoler cuatro antiguas y dignas casas de innegable valor histórico, para emplazar en dos sitios fusionados sendas torres de oficinas cuyas profundas excavaciones de 18 metros ya se observan desde varios puntos del sector aledaño.
Pues bien, en el artículo 25ÅŸ del PRC se establece que en las construcciones de subterráneos «a partir de los deslindes de los terrenos se deben mantener franjas inexcavadas de un metro de ancho y bajo la zona de antejardines de dos metros, inmediatamente a continuación de la línea oficial». Ello es así debido a que se debe respetar el derecho de propiedad de los edificios vecinos y la inalterabilidad de los subsuelos de las calles que, como sabemos, son bienes nacionales de uso público.
Estos últimos sí se pueden concesionar a particulares bajo determinadas condiciones, pero hasta donde sabemos ello no ha ocurrido en este caso.
Pero como los inversionistas -uno de los cuales es un banco emergente- deseaban obtener mayores beneficios pecuniarios por metro cuadrado de superficie disponible, han decidido hacer excavaciones excesivamente profundas, de tal forma que los estacionamientos se localicen en seis niveles bajo el suelo. Para evitar un eventual deslizamiento de tierra a partir de los deslindes tuvieron que colocar, bajo los predios vecinos y bajo las calles que enfrentan esos dos proyectos, decenas de anclajes postensados inyectados en una prolongación de 15 metros de largo, novedosa técnica constructiva que no es necesario emplear cuando las excavaciones se hacen para 2 ó 3 niveles, como ha sido tradicional.
Debido a lo anterior, hoy en día no existe homogeneidad en los subsuelos de las fundaciones de los edificios colindantes y bajo las calles circundantes, hecho irregular que se ha dado a conocer a las autoridades competentes.
Luego, observamos que unos privados han ejercido libremente una sobreexplotación del escaso recurso suelo en un sector de alta valorización, y para ello han tenido que invadir las propiedades de los vecinos y las calles que le pertenecen a la nación toda.
Para que opere a plenitud el sistema económico de mercado se debe respetar el derecho de propiedad de todos los agentes, y cuando una actividad productiva -por su propia decisión- genera externalidades negativas, debe compensar adecuadamente al afectado por ellas, más aún cuando hay una legislación que protege al vecino y otra que norma la ocupación de los bienes públicos.
En el caso que relatamos, nos ha llamado la atención que la Municipalidad de Las Condes, al no fiscalizar, está privilegiando indebidamente el quehacer comercial de las inmobiliarias, en desmedro de los derechos de los vecinos y del interés colectivo de todo un sector.
Las dos torres de oficinas en ejecución de obras preliminares (excavaciones) significan inversiones privadas del orden de los 100 millones de dólares. A la luz de lo que estamos observando, ¿será que no hay que molestar a quienes inician negocios? ¿Ya no se protege el interés de los más débiles ? Llegamos a las puertas del capitalismo más despiadado? ¿O es que hay que facilitar el abuso en pos de la «reactivación»?
Si esta es la idea, ¿por qué no derogamos de plano toda nuestra legislación urbanística, tal como lo proponen algunos centros de estudios y ciertos economistas ortodoxos quienes dicen que los controles y las regulaciones detienen el crecimiento?
Les podemos asegurar a tales pensadores que si permitimos abiertamente el ingreso de capitales del narcotráfico a Chile, vamos a crecer sostenidamente a un 10 por ciento anual o más. ¿Es esto lo que quieren? Sin regulación y sin control se podría hacer cualquier cosa en cualquier lugar y a la pinta de quien pone el dinero. Claro que es una opción, pero al cabo de un tiempo y al constatarse sus nefastos resultados en la ciudad, volveríamos a las leyes.
Estimamos que las normas y las planificaciones son indispensables para que podamos vivir respetándonos unos con otros, y esta experiencia nos indica que la ambición desmedida puede ocasionar problemas de mayor envergadura. Por eso creemos que los peces grandes deben enmarcarse en los necesarios equilibrios que nos conducen al desarrollo armónico satisfactorio para todos. Mal que mal, los peces chicos también tienen derechos a vivir con un mínimo de dignidad.
Por último, sería deseable que tan duchos inversionistas criollos copiaran la figura norteamericana del «buen ciudadano corporativo», ya que -querámoslo o no- todos vivimos entrelazados en este mundo, y mientras más nos respetemos, menos trabajo le ocasionaremos a los tribunales de justicia.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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