Las sociedades desarrolladas, aparte de los bienes y nivel de vida que tienen, se diferencian de las que no lo son en un punto esencial: viven de acuerdo a normas y leyes que en conjunto constituyen el Estado de Derecho, y la seguridad que ese sistema ofrece a los ciudadanos se llama la certeza del derecho. Esto, más que cualquier otro elemento distintivo, es lo que afirma, confirma y reafirma la existencia de la democracia como sistema de gobierno y de funcionamiento de la sociedad.
Esto es lo que se propuso a las chilenas y chilenos cuando se trató de salir de la dictadura hacia fines de la década de los ’80, lo que finalmente se logró y políticamente aparece confirmado con la reelección por dos períodos mas de gobernantes de la misma coalición que triunfó en 1989 y comenzó a gobernar en 1990.
Ha habido altibajos, pasos adelante y atrás durante toda la década pasada. Quizá lo mas lamentable fue una frase triste de un muy respetado ex gobernante, quien ante la prepotencia delictual de quienes mantenían el control de la fuerza armada llegó a decir «justicia en la medida de lo posible». La respuesta de todos nosotros, o de la mayoría cuando menos, fue pensar que era un hecho táctico, debido a presiones indebidas y destinado a asegurar la continuidad del proceso de recuperación democrática. Ante esa terrible afirmación se respondió con una enorme comprensión.
A casi diez años de ese episodio bochornoso, desgraciadamente va quedando claro que no era una mera coyuntura política lo que llevaba a pensar así. Parece que se trata de una concepción global y permanente, casi estratégica, como lo demuestra la realidad de estos días.
La existencia de un cuasi homicidio en Ferrocarriles despierta la conciencia dormida del gobierno para cambiar al directorio, cuyo presidente es además miembro del directorio de un banco privado acusado de graves estafas a las Pymes. En los mismos días se confirma a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado que destituyó al abogado del organismo que llevaba adelante los juicios por el caso coimas en Rancagua, evidenciando que las diferencias «doctrinales» eran por un diputado oficialista que también era objeto de una petición de desafuero, mientras otros cinco colegas del mismo bloque fueron desaforados por la misma Corte y ahora están en apelación a la Suprema.
Por el mismo caso coimas sigue en prisión el ahora ex presidente de los radicales, mientras un ex ministro de la misma cartera destapa en una entrevista de prensa la existencia de sobresueldos para las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo. Sus declaraciones sobre el destino de los dineros son refutadas ahora hasta por sus mas cercanos ex amigos y colaboradores, dando un espectáculo triste y ruin.
Todo esto vino a tapar periodísticamente las irregularidades del Servicio Médico Legal, que no solo guardan relación con los detenidos desaparecidos sino con varios otros casos, incluyendo el estado de alarma pública que afecta a la Undécima Región.
Un debate en el Senado termina con menos decoro que una discusión de ebrios a la salida de un prostíbulo de puerto, dejando la sospecha de algo oscuro tras tanto apuro. Y nadie se acuerda de los recursos naturales renovables, pues el circo se monta precisamente para que el país no piense.
Se anuncian cambios y se hacen algunos que son como el parto de los montes, mucho ruido y al final…un ratón. Las mismas caras, con algo mas de canas y arrugas, se suceden en los cargos altos, y hay hasta familias para las cuales resulta obvio que la alegría efectivamente llegó. ¿No será que se quedaron pegados en eso de la justicia en la medida de lo posible?
Lo que no saben los que sonríen socarronamente tras estas argucias de gasfitería legalista es que de continuar así las cosas, la cuestión de fondo será primero «democracia en la medida de lo posible», para llegar a ser finalmente «país en la medida de lo posible».
Es obvio que hay un divorcio entre forma y fondo, entre contenido real de las acciones que se dice buscar y las apariencias que muestra la acción del gobierno. Este tiene la obligación de hacer las correcciones que debe para devolver al país la sensación que seguimos viviendo en un Estado de Derecho, y que nuestra vida cotidiana se afirma al menos en la tan ansiada certeza del derecho, por piñufla que sea el derecho que tenemos, derivado de la Constitución del ’80, la de las bayonetas, como le decíamos cuando éramos luchadores pro democracia.
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