¿Quién le pone el cascabel al gato? - El Mostrador

Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 05:26

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¿Quién le pone el cascabel al gato?

por 10 diciembre, 2002

Estamos inmersos en el sistema antiguo, y lo que tenemos es un inquisidor de poco criterio que ha perdido toda dimensión de lo que debe investigar y que siente que no tiene que dar cuentas a nadie.

La judicialización de la vida política nacional ha roto una de las virtudes fundamentales que puede exhibir una sociedad democrática: el equilibrio. A través de él se protege la existencia de intereses diversos y contrapuestos, se define su legitimidad, se garantiza la libertad de opiniones, la alternancia en el poder o la aplicación de justicia como valor de convivencia.



El equilibrio como valor cívico debe ser cultivado y alentado por las autoridades y los líderes políticos. No se produce de manera espontánea ni en el vacío, sino que es una manera concertada de conducirse, respetando las reglas del juego político y evitando que los problemas se traduzcan en luchas encarnizadas, venganzas o conflictos que contribuyen a la ingobernabilidad.



Si la sociedad deja de ser equilibrada, las soluciones se hacen discrecionales, sus instituciones se vuelve febles y arbitrarias, la desconfianza predomina sobre la cohesión y el interés compartido y el poder se puede ejercer de manera absoluta. Se impone el poder de decidir sin consulta y sin importar los derechos de otros, de corromper, amenazar, o de buscar la impunidad mediante las acusaciones indiscriminadas.



Una competencia legal, una autoridad o cualquier poder decisorio que sea ejercido con arbitrariedad resulta odioso. Puede estar dentro de las competencias, puede ser legal, pero si es usado sin criterio o con saña los ciudadanos se indignan. Las instituciones y las leyes solo tienen vida en la conducta de los hombres que las ejecutan.



Para evitar el riesgo de la saña o la arbitrariedad, las legislaciones de todo el mundo usan indicaciones que apelan a la aplicación concreta, caso a caso, del buen criterio y del sentido común, denominadas -depende de la legislación- como buen padre de familia, hombres buenos o reglas de la sana crítica. El objeto es inducir juicios razonados y determinar una proporcionalidad en las controversias o disputas que se generan en la vida social.



En materia penal, que es el ámbito jurídico por excelencia en el cual los derechos ciudadanos son puestos a prueba, se impone el juicio oral que separa el papel de juzgar, que corresponde al juez, del que investiga y acusa en representación del interés público y de los ofendidos, el cual corresponde a un fiscal. Con ello se dan las adecuadas garantías del debido proceso, evitando que un magistrado sea juez y parte al conocer un caso.



Lamentablemente, ni la reforma procesal penal en curso ha llegado a la Sexta Región, ni el juez Carlos Aránguiz es un magistrado criterioso. En el primer caso, muchas de las cosas que están ocurriendo tendrían una justificación mayor o estarían sometidas al principio de la responsabilidad, pues el encargado de hacer las indagaciones y efectuar la acusación sería un fiscal, sujeto a reglas claras de procedimiento y teniendo que justificar lo que hace.



Pero no es así: estamos inmersos en el sistema antiguo, y lo que tenemos es un inquisidor de poco criterio que ha perdido toda dimensión de lo que debe investigar y que siente que no tiene que dar cuentas a nadie.



¿Qué está investigando a estas alturas el juez Aránguiz? ¿El caso coimas, el financiamiento de los partidos políticos, la vida privada de Tombolini, el ejercicio de la representación parlamentaria, los gastos reservados del gobierno? ¿Cuáles son los límites temporales, factuales e incluso éticos de su competencia? ¿Hasta dónde su futura sentencia será el trazo justo de la aplicación de la ley y no un alegato justificador de lo actuado como juez? Lo preguntamos porque en sus acciones hay saña, poco criterio, poca responsabilidad. Su rumbo parece a cada instante apartarse de su objetivo inicial, y da vueltas y revueltas dañando personas, instituciones y la fe pública que él debe cautelar.



Lo paradójico es que el daño que está haciendo a las instituciones, el cual no tiene ninguna proporción con lo que debe investigar y sancionar, se produce con la prescindencia más olímpica de su superior jerárquico, la Corte Suprema, y el entontecimiento político de La Moneda, que en vez de cautelar el principio de la autoridad del Estado cree que la transparencia política la produce el mercado y las encuestas, y no los consensos institucionales.



Hay que preguntarse cuál es la regla de la sana crítica a aplicar en este caso, para que el resultado final sea la sanción efectiva de un grupo de rateros de poca monta, cuya selección política fue muy poco afortunada por decir lo menos, en el máximo de penas que la ley señala.



Y que no resulte ser sólo la popularidad social del juez que lleva la causa para gloria propia, la instalación de un estado general de sospecha social donde todos son culpables y las instituciones no valen, y la libertad de los autores materiales del delito porque resultó ser menor de lo esperado o, fuera del escándalo mediático, no se pudo probar nada. Si esto ocurre, ¿quién habrá perdido? Creo que los ciudadanos, porque lo único que los defiende del poder absoluto y arbitrario son las instituciones.



* Cientista político y analista internacional.

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