La existencia de este material bélico atenta claramente contra el turismo, principalmente en las zonas del norte y sur de nuestro país al representar un peligro inminente que inhibe la libre circulación de las personas.
Casi medio millón de personas han muerto en el mundo víctimas de las minas antipersonales, y millones están inválidas por la misma causa… 90 por ciento de ellas son civiles.
En América Latina, Colombia es el país más afectado: 36 personas por hora son heridas por minas antipersonales.
Durante la reciente Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que convocó a representantes de 34 países, con excepción de Cuba, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL, por sus siglas en inglés) demandó acciones concretas para promover en América Latina una zona libre de minas antipersonales.
Por primera vez en la historia de la Cumbre de Ministros de Defensa, éstos permitieron que las ONG participaran en la discusión del tema Defensa y sociedad: posibilidades de cooperación regional con el objeto de sensibilizar sobre la situación de este tipo de artefactos militares.
Varios países de la región están infestados de minas debido a conflictos y amenazas de enfrentamiento en el pasado, como ha sido el caso de Chile, Perú, Ecuador y Argentina, o por conflictos actuales, como en Colombia. La presencia de minas en casi todo el territorio de ese país está generando una crisis en el sistema de salud, migración poblacional y abandono de tierras productivas.
El territorio de Chile, como consecuencia del conflicto con Argentina en los años `70, oculta una cantidad de minas que fluctúa entre 500 mil y 1 millón, según el último informe elaborado por Landmine Monitor en septiembre de 2002. Están ubicadas en sectores fronterizos, principalmente en la zona norte: Arica, Putre, Sector Paso del Inca, Sector Cerro Morado, y en la zona sur: Islas Picton y Nueva, Sector Bahía Azul y San Sebastián, sólo por nombrar algunos lugares. Las primeras ya han generado gran cantidad de víctimas, especialmente en las comunidades aymaras.
También existen minas en la zona central. Recientemente se reconoció que existe un campo minado en el Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, Quinta Región, que tenía como objetivo prevenir la fuga de prisioneros políticos después del golpe militar de 1973. Autoridades locales denuncian que todavía no se han desmontado.
Es hora que el gobierno destine recursos y personal suficiente para desactivar las minas antipersonales y las antitanque que afectan nuestro territorio, y al mismo tiempo destruir todas las minas que se encuentran en stock en los arsenales.
Además, el Ejército y el gobierno de Chile deberían prescindir de las casi 30 mil minas antipersonales destinadas a programas de instrucción militar en detección y remoción de minas, y reemplazarlas por material desactivado que no represente una amenaza latente para las personas.
Si bien un 90 por ciento de las víctimas de las minas antipersonales son civiles, cientos de jóvenes involucrados en ejercicios militares en Chile pasaron a engrosar la lista de accidentados, lo que confirma que las minas no distinguen civiles de militares, ni hombres de mujeres.
Nuestro país debe concretar una labor de desminado debido a sus compromisos internacionales, como La Convención de Ottawa, que Chile ratificó en 2001. Esta la obliga a destruir en un plazo de 10 años la totalidad de las minas antipersonales sembradas en el territorio nacional.
Esto implica asignación de recursos -desactivar cada mina antipersonal cuesta entre 300 y mil dólares- y capacitar a personal que no sufra riesgo.
La existencia de este material bélico atenta claramente contra el turismo, principalmente en las zonas del norte y sur de nuestro país al representar un peligro inminente que inhibe la libre circulación de las personas.
Las minas antipersonales constituyen un peligro para la vida de todos los habitantes del país, principalmente a los del norte, y representan un menoscabo real que denigra la supervivencia de los seres vivos, tanto seres humanos como flora y fauna.
Es deber de nuestras autoridades el dar pruebas concretas y fehacientes de que las minas antipersonales desaparecerán en el más breve plazo del territorio nacional, para vivir en un país donde tengamos la libertad de caminar sin temor a perder una pierna, un brazo… o la vida.
(*) Ex candidata presidencial, directora del Programa Chile Sustentable.
