En Chile no estamos acostumbrados al debate abierto y vigoroso. Las cosas, para ser tomadas en cuenta, deben ser dichas con abundante fundamento y pruebas irrefutables, cuidando cada palabra. Como si las críticas -para ser válidas- tuviesen que contar con un ritual solemne lleno de frases genéricas, respetuosas y sobre todo autocensuradas.
Cuando las críticas apuntan hacia quienes ostentan cargos de importancia el costo de decir las cosas por su nombre cuesta caro, a veces, demasiado caro.
Algunos dicen que esta tradición viene como herencia del gobierno militar. Todas las dictaduras inhiben la libertad de expresión. El temor a decir las cosas por su nombre viene de mucho antes. Basta recordar lo que le pasó al senador Pablo Neruda cuando pronunció su discurso «Yo Acuso» en el Congreso Nacional.
Resulta que la libertad de expresión no se mide cuando lo que se dice agrada o llena nuestros egos vanidosos de satisfacción. Es fácil hablar de libertad de opinión cuando el mensaje recibido nos causa un placer deleitoso. Sin embargo, la libertad de expresión se logra apreciar cuando somos capaces de tolerar expresiones absolutamente contrarias a nuestro pensamiento, incluso aquellas que resultan de mal gusto, antipáticas y molestas.
Todo individuo tiene derecho a expresar su opinión, sin ser molestado o perseguido. Esto no quiere decir que quienes no compartan una determinada opinión no puedan defender, con la misma fuerza y pasión, sus puntos de vista. Lo que resulta deprimente es cuando se rehuye completamente el debate de fondo.
Los gobernantes, los parlamentarios, los jueces y en general todos los funcionarios públicos -por definición- están expuestos al escrutinio ciudadano. Así funciona la democracia.
Ningún país que aspire a denominarse democrático, o a tener un papel relevante en el ámbito internacional en las esferas política, económica y social, puede lograrlo sin plena libertad de expresión, en donde se promueva el debate abierto y franco, y en el cual el exigir respuestas de aquellos a quienes la ciudadanía les ha otorgado el poder constituya un derecho y no un delito.
Eduardo Yáñez Morel. Comité Pro-defensa Ciudadana.
